Wiñazki acusó a Gils Carbó por un alquiler: el gobierno paga exactamente el doble por uno similar

El periodista macrista del Grupo Clarín, Nicolás Wiñazki, continúa con sus operaciones mediáticas contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El periodista ultra oficialista se sumó a la campaña de presión lanzando acusaciones contra la Jefa de los Fiscales. En su artículo publicado el martes 2 de mayo, Wiñazki cuestionó a Gils Carbó por el alquiler de 75 mil pesos por una oficina del Ministerio Público Fiscal en el piso 13 de un edificio ubicado en la calle Perú 143. Insólitamente, Wiñazki omitió publicar información que se desprende del Boletín Oficial del 20 de diciembre del 2016 y que demuestra que el gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Modernización, alquiló por contratación directa otros pisos del mismo edificio por el doble de precio.

El gobierno alquiló a la firma First Data Cono Sur los pisos 4, 5, 6, 7 y 8 del inmueble con una superficie total de 3.620 m2, por el cual la gestión de Cambiemos pagó un valor mensual de u$S 50.689. De esta forma, la cartera de Modernización pagó u$s 10.137,8 por cada una de las oficinas. 

En el mismo edificio, la Procuración General de la Nación alquiló el piso 13 con un total de 612 m2 a un valor mensual de $ 75.000 (equivalentes a u$s 4.934). La firma que alquiló ese inmueble a la Procuración es Tainaul S.A, quien presentó la respectiva escritura que da cuenta de su propiedad sobre el inmueble. Mientras el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Gils Carbó, pagó u$s 4.934, el Poder Ejecutivo pagó u$s 10.137,8 por cada oficina. 

En conclusión, mientras el Ministerio de Modernización pagó un alquiler de u$s 14 por m2, la Procuración General de la Nación pagó u$s 7 por m2, pese a haber alquilado una superficie seis veces menor que la cartera nacional.

La acusación del periodista macrista se suma a la de la semana pasada donde se acusaba a Gils Carbó de pagar por un edificio que nunca se usó, a pesar de que el inmueble se encontraba en refacciones para destinar su utilización en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, aprobado en el Congreso de la Nación en diciembre del 2014, bajo la ley 27.063. Pero por decisión de Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano, el código no se implementó y el edificio nunca se pudo utilizar. Por lo cual se rescindió el contrato. En última instancia, la decisión del Poder Ejecutivo suspendió la utilización del edificio. 

Además, Wiñazki había señalado al Ministerio Publicó de la Defensa de la Nación por una compra de un inmueble a la firma Tecnomadera, intentando endilgarle responsabilidad al Ministerio Publicó Fiscal. Cuando por organigrama el Ministerio Público de la Defensa no depende el Ministerio Público Fiscal, sino que son organismos autónomos diferenciados, con autoridades distintas. Sin contar también que la gestión de la Procuradora comenzó en el año 2012 y la operación mediatica hace alusión al año 2009.