9M: ¿Por qué paramos?, por Área de Géneros de APU

Foto Daniela Amdan

Por Área de Géneros de la AGENCIA PACO URONDO 

Este año el día Internacional de las Mujeres (lesbianas, trans y travestis) Trabajadoras cae un fin de semana y con un gobierno de tinte popular que tiene grandes desafíos por delante. Por un lado, la deuda más grande en la historia de nuestro país tomada por la gestión de Mauricio Macri que llevó al empobrecimiento de nuestro Pueblo. Por otro, un movimiento feminista organizado y en ebullición, que reclama la presencia del Estado para compensar las violentas desigualdades con las que tenemos que convivir y de las que nos debemos cuidar permanentemente.

La desigualdad
Los indicadores del ámbito laboral de los últimos cuatro años arrojan resultados negativos. Las mujeres y disidencias corren con una notable desventaja en el mercado de trabajo, ya que perciben alrededor de un 27% menos que los hombres en la realización de las mismas tareas. Cifras que se amplían si se tiene en cuenta el empleo informal. A ello, hay que sumar la fuerza de trabajo invisibilizada en el marco de las tareas del cuidado y la reproducción, actividades estas no sólo con los salarios más bajos de la economía y asociadas o realizadas por nosotras, sino también en su mayoría sin remuneración. La falta de autonomía económica de las mujeres y disidencias es violencia económica que se complementa con las formas de la
violencia doméstica.

Pensar la deuda interna con nosotras y nosotres es replantear la necesidad de mejorar las categorías analíticas con las que cuenta el Estado para medir las brechas salariales y todas las desigualdades económicas desde una perspectiva de géneros. Si el horizonte trazado por el gobierno nacional es empezar por quienes están abajo, es de suma importancia y urgencia incluir en las mediciones a las personas travestis-trans para subsanar los vacíos.

Según la nota “Aunque mucho los nieguen, la desigualdad de género se puede medir” publicada en Economía Feminista, y la última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, podríamos delinear que:

● Seis de cada diez varones adultos trabaja, mientras que sólo lo hacen cuatro de cada diez mujeres. Además, la desocupación es un fenómeno que afecta mayormente a las personas jóvenes y en especial si son mujeres: su tasa de desocupación (23,4%) es
más de tres veces mayor que la de los varones adultos (7,1%).

● Las mujeres ganan entre 25% y 27% por ciento menos que los varones. Y la brecha se amplifica en el caso del empleo informal hasta 36% cuando miramos a aquella porción que posee condiciones informales de empleo.

● Entre quienes tienen un trabajo asalariado más del 30% lo hace en condiciones informales, número que llega al 38% cuando se trata de asalariadas mujeres.

● Estos informes sólo se refieren a mujeres y varones, ya que el Estado no ha publicado información actualizada sobre la población trans-travesti, a pesar de los reclamos y demandas del colectivo acerca de la falta de oportunidades y las vulneraciones a las que se exponen por ello.

● Sólo tres de cada diez jefes o directores son mujeres, y bajo la metáfora del «techo de cristal» se ilustran estas barreras cada vez más visibles que alejan a las mujeres de los cargos de mayor jerarquía.

Las iniciativas de Alberto 
Es menester reconocer que el gobierno actual incluyó la agenda de los feminismos como una de las prioridades de su gestión. Pararse sobre ciertas bases ideológicas que sustentan las luchas emancipatorias del movimiento son gestos que dan cuenta del camino a seguir. Sin embargo, en el terreno de lo práctico, hasta el momento, sólo se perciben acciones de tinte culturales festejables, pero insuficientes. Es indiscutible el atendimiento y recomposición de la macroeconomía, en primer lugar, para luego efectuar inversiones necesarias que se traduzcan en políticas públicas de carácter urgente destinadas a revertir las condiciones materiales y simbólicas de las demandas sociales de géneros.

La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades es sin duda la institucionalización de la lucha colectiva de años y el claro ejemplo de la iniciativa gubernamental. En tanto, ello fue y es posible gracias al ejercicio militante y persistentes de miles de compañeres que demandaron la necesidad de contar con un organismo que atienda las vicisitudes que atravesamos las mujeres y disidencias en el andar social, cultural, político y económico. Cuestiones que aún no se vislumbran con claridad debido que hasta el momento sólo hemos visto espacios de reflexión cultural y no mucho más.

Una medida loable de destacar es la puesta en marcha de la Ley Micaela que obliga a los organismos del Estado a capacitar a sus agentes en materia de géneros para que puedan prevenir cualquier tipo de violencia en o desde el sector público. Esta normativa apunta a la formación conjunta de los altos cargos del Ejecutivo, el poder Legislativo y Judicial como así también a la firma de convenios con municipios y provincias como el caso de Entre Ríos para su implementación. La disposición política para participar y aplicar estas capacitaciones es sumamente memorable luego de años de desfinanciamiento de las pocas políticas públicas existentes en la materia de prevención de las violencias. La tarea y el desafío es ahora los
trabajadores y trabajadoras de las instituciones públicas, puedan llevar a la práctica una administración inclusiva libre de violencias en y desde el sector. En el mismo sentido podríamos mencionar la coordinación con el ministerio de Cultura para promover discusiones y debates en el Centro Cultural Kirchner. Se trata de una reivindicación y la generación de
espacios de formación, reflexión y disfrute.

En su discurso de apertura de las Sesiones Legislativas 2020, el presidente informó que presentará un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto, deberá no sólo legalizarse sino también regularse, para que los cuerpos gestantes que deseen realizarse un aborto puedan contar con el sistema de salud, sin diferencia de clases ni recursos. Así
también, vale destacar el anuncio del Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y cuidado de las mujeres embarazadas y de sus hijos en los primeros años de vida. Seguramente en respuesta a las demandas de los sectores antiderechos no tan conservadores.

Fernández mencionó también las intenciones de adherir al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso laboral que amplía las herramientas legales a favor de las víctimas para tratar estas situaciones.

Por qué paramos
Habiendo descripto a grandes rasgos un panorama de los números y dificultades de las cuales partimos, vale las líneas mencionar que en la medida que la economía se pueda poner en marcha, esperemos que así sea, será fundamental pensar un sistema jubilatorio más justo, una política de vivienda más accesible, salarios más reales y un acceso a la salud más efectivo.

La deuda es con nosotras y nosotres, las trabajadoras, porque las desigualdades son medibles y forman parte de nuestra realidad. Es con nosotras porque en este país tenemos presas políticas; también porque la justicia detiene arbitrariamente y falla de manera estereotipada. La deuda es con nosotres porque los femicidios y transfemicidios no cesan y suman en marzo, más pérdidas que días. La deuda es literal y es simbólica y en ambos terrenos será necesario construir el camino para saldarla porque mientras eso no pase, nuestros derechos a vivir, comer, amar y disfrutar en libertad, están hipotecados. Por eso, este 9 de marzo nos movilizamos para pedir la restitución y la ampliación de derechos que se nos adeuda y se nos pagará tarde o temprano.