Quirós sobre la privatización del plan de vacunación de Larreta: "No tenemos problema con ninguna denuncia"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se refirió a la denuncia realizada en la Justicia Federal que apunta al jefe del Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por la privatización de la campaña de vacunación. De esta manera, Quiros se refirió a la gestión sanitaria porteña y sostuvo que "cada ciudadano porteño va a tener en cada etapa de vacunación la misma oportunidad de acceder a la vacuna que cualquier otro ciudadano". Además, subrayó: "no importa la condición económica, social, el sitio donde viva o el tipo de cobertura que tenga".

En relación a las denuncias, Quirós sostuvo que "no tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos”.

La denuncia

La abogada Natalia Salvo realizó una presentación que recayó en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, en la cual apuntó a Quirós y Larreta por “el delito de mal desempeño de funcionario público, que prevé una pena de 6 meses a 2 años”.

Salvo en su denuncia señala sobre el plan de vacunación de Larreta: "Terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean 'sólo para socios'".

 Además, añadió: "Como se puede apreciar, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido privatizar la campaña de vacunación en clara violación de lo dispuesto por la ley nacional, violando los deberes de funcionario público", insistió Salvo.

"En suma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es ´socio´ de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios", sintetizó la letrada.

“Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con un pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo para el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, explicó Salvo en su denuncia.