Casas deshabitadas: ¿Cuántas hay en todo el país?

Por Enrique de la Calle I El Indec sigue publicando datos correspondientes al último Censo realizado en 2010. Muchos de ellos son reveladores y sirven para tener a mano elementos que permitan diagnósticos precisos. En el caso de la situación habitacional hay uno que emerge por su contundencia: se trata del que da cuenta de la cantidad de casas deshabitadas. En otro artículo analizamos con detalle lo que ocurre en Capital Federal. ¿Qué pasa en el resto del país?

En el país existen casi 14 millones de viviendas, en las que se distribuyen los 40 millones de personas que pueblan estas tierras. Sobre ese total, casi 2,5 millones están deshabitadas. Están construidas pero en ellas no vive regularmente nadie. Se trata del 18% del total de las casas.

De este modo, se despliega en todo el territorio una matriz perversa: casas vacías en un contexto de fuerte demanda popular de suelo y vivienda digna. Según datos del mismo Censo el hacinamiento (más de 2 personas por ambiente) afecta al 15% de los hogares. El hacinamiento crítico (más de tres) al 4%. 

Las provincias con más viviendas sin utilizar son las siguientes: Capital Federal con 24% (ver aparte), Catamarca y La Pampa 21%, La Rioja, Córdoba y Jujuy 20%. La provincias de Buenos Aires y Santa Fe están por debajo de la media con 17%. Todavía no hay datos específicos de Rosario, donde se supone que la renta sojera conllevó un boom inmobiliario con lógica similar a la de Capital Federal. Es decir, muchos nuevos edificios que tienen destino de casas de fin de semana o simplemente funcionan como ahorro en ladrillo. Y que repercuten sobre el mercado encareciendo el valor del suelo y empeorando aún más una situación habitacional que en casi todas las provincias es crítica.

En todas las áreas de la vida social del país se discute cómo seguir profundizando las políticas de transformación que se vienen sucediendo desde 2003. En materia urbana se trata de ponerle ímite a una lógica que privilegia la propiedad privada (tanto en el caso de los desarrolladores como en el de los propietarios) sin tener en cuenta el interés social y el resguardo de un derecho fundamental, como es el acceso a una casa digna.