El macrismo es antivacunas: faltan dosis para cubrir el calendario obligatorio

La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) advirtió que el Ministerio de Salud no está cumpliendo en tiempo y forma con la provisión de vacunas incluidas en el calendario obligatorio, que asegura la cobertura sanitaria de la población. La entidad expresó su "profunda preocupación" por la situación que atraviesan varias provincias, que no cuentan con la cantidad de dosis suficientes para satisfacer la demanda, algo que "impacta negativamente en la confianza de la población en el sistema de salud".

"Hay seis provincias que notificaron formalmente el faltante, que son Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, Chubut y Córdoba, pero la situación es general", aseguró Carla Vizzotti, presidenta del organismo. La infectóloga explicó que si la provisión de dosis "es irregular y las cantidades son insuficientes, no se puede implementar la planificación".

Para Vizzotti, el faltante de dosis “impacta negativamente en la confianza de la población en el sistema de salud y genera un riesgo individual y colectivo". Por eso pidió a las autoridades sanitarias nacionales "dar una pronta solución a este grave problema".

El viernes pasado la Defensoría del Pueblo de la Nación había "instado" a la Secretaría de Salud de la Nación y provinciales a "tomar las medidas necesarias para cumplimentar el Calendario Nacional de Vacunación debido a reclamos informados por faltantes de vacunas en cinco provincias".

"Solicitamos a la Secretaría de Salud de la Nación y a las provinciales de Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén y Córdoba un informe sobre el cumplimiento del calendario 2019, a raíz de presuntos faltantes de vacunas publicados en la prensa", detalló el organismo en un comunicado.

También pidieron "explicaciones" sobre las razones que "impidieron el cumplimiento del plan de vacunación" para saber "si existe un recorte presupuestario en la partida de vacunas, específicamente, la Triple Bacteriana Acelular, la Antimeningocócica y la Sabín".

Desde la Defensoría reclamaron además la provisión de rotavirus, meningococo, triple celular y Menveo para Santa Fe, y consultaron si se entregaron todas las dosis necesarias de la triple acelular para Tucumán, "de modo que lleguen a los niños de 11 años".

El Ministerio de Salud santafecino respondió que, tras los reclamos, recibieron dosis de vacunas para meningococo, rotavirus y varicela, y confirmó que encontraron "dificultades en la provisión de VPH para niños de 11 años". La Defensoría también pidió informe a la provincia de Buenos Aires sobre la "adecuada provisión de Sabín, triple bacteriana acelular, antimeningocócica y VPH".

Respecto de Córdoba, solicitó que ratifiquen el cumplimiento del envío de Sabín, Neumo23 y Meningococo, mientras que para Neuquén solo se reclamó esta última.

El Ministerio de Salud neuquino afirmó haber recibido las vacunas solicitadas "el 4 de enero con menor dosis de algunos inmunobiológicos", que fueron completados el 18 de enero y el 27 de febrero.

"La falta de respuesta de los demás ministerios provinciales no implica en modo alguno que pueda tenerse por acreditado el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación 2019", alertó la Defensoría.

Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación actual en relación con la provisión irregular e insuficiente de vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación a las 24 jurisdicciones. (Abrimos hilo) pic.twitter.com/QXn3bUuddy

— Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (@SAVE_oficial) 15 de abril de 2019

Desde la coalición Infancia en Deuda señalaron que “es imperioso que las vacunas y servicios de vacunación se garanticen de modo regular y eficiente en todas las jurisdicciones”.

La coalición Infancia en Deuda insta al Estado nacional a “cumplir y hacer cumplir el Calendario Nacional de Vacunación en todas las etapas de la vida de niños, niñas y adolescentes, a fin de garantizar sus derechos a la vida y a la salud”.

De este modo, indicaron que “el Estado debe garantizar políticas de salud pública para todos los niños, niñas y adolescentes del país. En este marco, las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad básica de asegurar el acceso gratuito a los servicios de vacunación obligatoria establecida por el Calendario Nacional de Vacunación, garantizando la adquisición, almacenamiento, distribución y provisión de las vacunas”.

“A su vez, deben fomentar la vacunación en la población especialmente en la infancia, mediante campañas de concientización; tomar decisiones basadas en evidencia, y fortalecer la investigación y vigilancia epidemiológica. En particular, el Estado debe prevenir y tratar las enfermedades epidémicas y endémicas, y luchar activamente contra ellas. Por lo tanto, debe atender las recomendaciones periódicas de la Organización Panamericana de Salud (OPS) para frenar el avance del sarampión en la región, especialmente tras la confirmación de un nuevo caso en el país”, añadieron.

Asimismo, expresaron que la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud”. Además, la recientemente sancionada Ley 27.491 considera a la vacunación como un bien social gratuito y obligatorio, y garantiza la disponibilidad de las vacunas y los servicios de vacunación.

“El 52,7% de las chicas y chicos hasta 17 años carece de obra social o prepaga y depende exclusivamente de la atención del sector público (Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, 2018). En ese marco, es imperioso que las vacunas y servicios de vacunación se garanticen de modo regular y eficiente en todas las jurisdicciones”, detallaron.

Finalmente, recordaron que “la demora en la vacunación de las niñas y niños que dependen de la atención pública, y la faltante de dosis en ese sector, profundizan la desigualdad en el ejercicio de derechos, y ponen en mayor riesgo a quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad”.