La privatización de YPF: ¿por qué y para qué?

Por Mariano A. Barrera * | El amplio proceso de reestructuración de la economía y de privatización de empresas públicas durante el gobierno de Carlos Menem tenía como principios declarados, generar mercados de competencia que permitieran incrementar la eficiencia y la productividad de la economía y, consecuentemente, expandir los volúmenes de producción. En este marco discursivo se realizó una formidable transferencia del patrimonio público al capital concentrado local quienes ingresaron, a partir de que se trataba de mercados con barreras naturales o instituciones, a actividades con importantes rentabilidades.

Un claro ejemplo de este proceso fue el que aconteció con el sector hidrocarburífero argentino. El objetivo manifiesto del gobierno en relación con la amplia reforma desarrollada entre 1989 y 1993 en el mercado de hidrocarburos, tenía como puntos nodales, por un lado, la creación de un mercado “competitivo”, a través de los procesos de fragmentación señalados, en el que ningún operador pudiera controlar, como hasta entonces realizaba YPF, grandes magnitudes de petróleo y/o gas natural. Por el otro, y vinculado con el anterior, eliminar toda intervención del Estado y de la petrolera estatal en el sector, aspecto que contemplaba la desaparición de la “mesa de crudos”, la liberalización de los precios de dichos recursos y la anulación de la restricción para importar y exportar petróleo, gas natural y sus derivados, asumiendo que, a partir de esto y con un “mercado de competencia perfecta”, el precio estaría determinado por el costo marginal de extracción y el costo marginal de su uso, como resultado de la decisión descentralizada de productores maximizadores de beneficios en el marco del libre juego entre la oferta y la demanda.

Sin embargo, el estudio del “nudo” del proceso, permite aprehender los reales motivos que guiaron la amplia transformación del sector. Se alude, al estudio de cómo la empresa fue fragmentada entre 1990 y 1993 antes de ser vendido su capital social en la bolsa. Este análisis es de vital importancia dado que permite aprehender el real motivo de las transformaciones encaradas. Así, el motivo de la fragmentación de la empresa, como aspecto previo, pero constitutivo de la posterior privatización, podría dividírselo en dos grandes grupos: por un lado, el económico y, por el otro, el político (aunque lo “económico” y lo “político” forman una unidad indisoluble). Conforme esto, en el plano preeminentemente “económico”, la fragmentación tuvo como objetivo, por una parte, desintegrar parcialmente tanto vertical como horizontalmente la compañía de modo tal que los grupos económicos locales pudieran ingresar al “negocio” mediante la compra de activos que estuvieran en relación con su capacidad financiera y de lobby. Por la otra, y como consecuencia de esta desintegración, la fragmentación tuvo como finalidad la entrega de la propiedad de la empresa al capital privado sin la capacidad cuasi-monopólica que poseía bajo la administración estatal.

En su aspecto preferentemente “político”, el proceso encarado con la fragmentación de YPF le confirió al gobierno de Menem una herramienta de invalorable importancia para obtener la legitimidad del capital en su conjunto ante el posterior proceso de privatización en tanto que parte de las fracciones del capital que adquirieron los activos de la empresa, eran quienes durante la administración estatal de YPF se apropiaban de renta económica por medio de los contratos de locación firmados, fundamentalmente, desde 1977. Este flujo de recursos se obstruiría definitivamente con la transferencia al capital privado de la propiedad de la empresa y la liberalización de los precios con la “desregulación” del mercado ampliado de hidrocarburos. En este marco se inserta, incluso, la trasferencia de la flota marítima al Sindicato Unido de Petroleros del Estado para obtener el beneplácito —o connivencia— de dicho actor ante el proceso iniciado.

Así, luego de analizar este proceso se advierte que los primeros cinco grupos económicos (Pérez Companc, Techint, Astra, Pluspetrol y Bridas) alcanzaron una injerencia en 81 de las 147 áreas hidrocarburíferas concesionadas al capital privado (55,1% del total) cifra que asciende a 88 (59,9%) si se considera los primeros seis grupos económicos o conglomerados extranjeros y a 92 (62,6%) al contemplar las siete principales (Glacco —de Canadá— y Soldati). Pero además de la marcada concentración en la “distribución” de la concesión de áreas, estos mismos grupos adquirieron otros activos estratégicos que le permitieron integrarse en la cadena hidrocarburífera del país. En efecto, el grupo Soldati adquirió la totalidad de la refinería Dock Sud, y participó con Pérez Companc en la compra de San Lorenzo. Asimismo, esta última compañía, junto con Astra, Isuara y Pluspetrol adquirieron el 70% del complejo Campo Durán (destilería y oleoducto) y también participó con Techint, Bolland, Astra, Pluspetrol y Bridas en el oleoducto troncal Allen-Puerto Rosales.

En consecuencia, no es casual que los grupos económicos que obtuvieron la mayor cantidad de concesiones ya sea en las áreas secundarias, centrales o la reconversión de contratos hayan sido quienes participaron en la asociación tanto en refinerías, ductos como terminales marítimas y transportes marítimos, en tanto que les confería una considerable posición dominante en el mercado a partir de la integración vertical adquirida, más allá de la concentración que en cada sector este proceso les confirió. A su vez, el control de las terminales marítimas patagónicas los posicionaba en un lugar estratégico para el comercio internacional de hidrocarburos y sus derivados, de ahí que el consorcio integrara a los principales grupos económicos: Pérez Companc, Astra Capsa, Bridas SAPIC, Techint, Amoco CAPSA y Total Austral. De este modo, esta parte del proceso de fragmentación contribuyó a consolidar un posicionamiento estratégico de los grupos económicos y conglomerados extranjeros.

En este sentido, en la medida en que la fragmentación y posterior privatización de YPF S.A. y la “desregulación” de la actividad respondieron, por un lado, a las demandas del capital concentrado —generando una morfología de mercado escasamente competitiva y altamente rentable— y, por el otro, a la necesidad del gobierno de cubrir el déficit fiscal y los pagos de la deuda externa, con un Estado que transfirió la capacidad regulatoria a un reducido número de actores privados, es evidente que el leitmotiv de las reformas no fue, como anunciaban, el incremento en la eficiencia de la empresa y la búsqueda de un mercado de “competencia perfecta”. De hecho, el grado de concentración de la extracción de hidrocarburos se mantuvo con los similares niveles, en tanto que desde las reformas alrededor del 90% de su explotación, se efectuó por medio de ocho compañías privadas.

Todo parece indicar que contrariamente al discurso del gobierno, el cual se basaba en generar un proceso de “desregulación” e ingreso masivo de capitales en un escenario de “competencia perfecta”, el proceso de fragmentación de YPF estuvo condicionado por las presiones que ejercieron, en el plano local, los grupos económicos y conglomerados extranjeros, y en el internacional, por las acreedores externos.

En síntesis, la fragmentación de la petrolera estatal, en el marco de la disputa por la apropiación de los recursos del Estado, tenía entre sus principales objetivos reales, por un lado, transferir ingentes cantidades de reservas de petróleo y gas natural al capital privado y, con éstas, la capacidad de apropiarse de una proporción mayor de la renta petrolera. Por el otro, eliminar definitivamente la regulación pública, en primer lugar, al generar una nueva arquitectura institucional del mercado de hidrocarburos en el contexto de la denominada “desregulación”, y, en segundo, al anular a YPF como empresa testigo. En definitiva, el proceso de fragmentación se inscribe en la estrategia global de articulación de los intereses de los sectores dominantes para consolidar el modelo de “valorización financiera y ajuste estructural”.

* Lic. En Ciencia Política (UBA) y Magíster en Economía Política (FLACSO). Becario doctoral del Conicet, Investigador del Área de Economía y Tecnología de FLACSO y co-autor del libro: Historia de una privatización: cómo y por qué se perdió YPF.