6 años del caso Lucas Verón: “Es el primer nieto de desaparecidos asesinado en democracia por fuerzas policiales”

La madrugada del 10 de julio de 2020 dos oficiales del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de la Policía Bonaerense asesinaron a Lucas Nahuel Verón, de 18 años recién cumplidos, en el barrio Scasso de González Catán, La Matanza. Los responsables, Ezequiel Benítez -que efectuó los disparos letales- y Cintia Duarte, huyeron sin preservar la zona ni dar aviso a sus superiores. La rápida intervención de la agrupación HIJOS llevó a que los mismos sean desafectados de la fuerza y posteriormente detenidos. A seis años del hecho, el accionar dispar del poder judicial es una de las características del caso. 

Lucas había salido con un amigo a comprar gaseosas pero, por el aislamiento por la pandemia, estaba todo cerrado. De regreso, fueron interceptados por un patrullero, con luces y sirenas apagadas, que, sin dar la voz de alto, les tiró el móvil encima y los persiguió, realizando cuatro disparos. Todo fue relatado por el otro joven que sobrevivió -en ese entonces menor de edad-, que fue presionado para cambiar su versión mientras le tomaban declaración en sede policial bajo la excusa de falta de personal. La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Juan Pablo Tahtagian, avaló dicha acción, por lo que fue recusado y desplazado, asumiendo en su lugar Claudio Fornaro y Marcos Borghi.

La investigación judicial del hecho tuvo un desarrollo dispar. Por un lado, la causa principal, por el homicidio, avanzó con celeridad gracias a la cantidad de pruebas y testigos. En 2022 un jurado popular consideró que los efectivos se excedieron en sus funciones. Además, a Benítez lo hallaron culpable de “homicidio agravado en grado de tentativa'' por el ataque al amigo de Verón, pero Duarte fue absuelta. Al ser su decisión “inmotivada”, no debieron explicar la contradicción de señalar, en un caso, un homicidio en exceso de sus funciones y, en otro, tentativa de homicidio agravado, si ambos se cometieron en una misma secuencia. El magistrado Gerardo Gayol, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, condenó a Benítez a 21 años y 8 meses de prisión y a Duarte a 4 años.

Durante las jornadas de dicho proceso integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante y representante de la familia, advirtieron que los agentes Brian Leonardo Martino y Cristián José Ramírez tomaban fotos de los allegados de Verón, dentro y fuera de la sala, de civil y sin identificación. Intentaron excusarse con que fue por orden del inspector Bruno Sosa, a cargo de la Comisaría Primera de San Justo. Sin embargo, la fuerza ya tenía prohibido intervenir en el caso desde la etapa de instrucción. Por ello, en 2024 el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón los procesó por tareas ilegales de inteligencia. La CPM remarcó que lo sucedido guarda similitud con otros hechos ya denunciados, que incluso también involucran a Martino y Ramírez. 

Por otro lado, los expedientes vinculados al encubrimiento sufrieron diversas demoras. En 2024, tras un juicio abreviado, el inspector Diego Adrián Ocampos, el subcomisario Daniel Emilio Quinteros y la suboficial María Giselle Genez fueron condenados por amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad, falso testimonio y falsedad ideológica. El titular del Tribunal en lo Criminal N° 2, Diego Sebastián Burgueño, aceptó la propuesta y las penas condicionales quedaron en 3 años para Ocampos y 2 para Quinteros y Genez, junto a la inhabilitación para ejercer en la fuerza pública por diez años, tras probar las presiones contra el amigo de la víctima para que contradiga falsamente su versión inicial del hecho.

Por último, hay otra causa paralela -reabierta en 2021-, cuyo único imputado es Tahtagian, denunciado por sus actos mientras sucedían los hechos mencionados y por delegar en la misma fuerza implicada la recolección de pruebas y testimonios. Al día de hoy sigue prestando funciones en Gregoria de Laferrere. Andrea Andoniades, de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de San Martín, lo citó a declaración indagatoria por imputaciones penales vinculadas a los delitos de acción pública y encubrimiento. Para avanzar con dicha medida es necesario un proceso de jury de enjuiciamiento, que se encuentra en la etapa de conformación definitiva del jurado y resolución de recusaciones, entre ellas, la de Guillermo Montenegro, senador provincial y ex intendente General Pueyrredón, contra quien la CPM impulsa una denuncia penal por el accionar de la patrulla municipal durante su gestión.

A seis años del caso, desde HIJOS La Matanza restauraron un mural ubicado sobre una de las paredes de la Plaza del Periodista en San Justo. Fue diseñado con motivo del tercer aniversario por el artista Sergio Villalba, pero ya ha sido vandalizado cuatro veces. Se instituyó como reclamo por el cese de la violencia institucional sobre los y las jóvenes del distrito. “Lucas es el primer nieto de desaparecidos asesinado en democracia por fuerzas policiales. A 50 años del golpe de Estado todavía no sabemos qué pasó con su abuelo ni dónde está. Su familia se lo sigue preguntando y todos los hijos nos seguimos preguntando eso”, deslizó Alejo Rivera, integrante de la agrupación y allegado a la familia Verón.

Según publicó HIJOS en redes sociales, el abuelo materno de Lucas, Martín Aguilar, fue secuestrado el 14 de febrero de 1975. “Al día de hoy continúa desaparecido, su nieto se fue sin saber el destino de su abuelo”, puntualizan en el comunicado difundido a raíz del nuevo aniversario. “Su familia, cargando con las heridas de nuestra historia, se convirtió en faro de la lucha contra la impunidad (...) Exigimos el avance inmediato del jury contra Tahtagian, un fiscal cómplice que, en lugar de investigar, actuó como garante judicial de los asesinos”, finalizaron. 

AGENCIA PACO URONDO también dialogó con Graciela Aguilar, madre de Lucas Verón.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reflexión puede hacerse en este nuevo aniversario?

Graciela Aguilar: La reflexión que hacemos es que la Justicia y el Poder Judicial siguen dejando mucho que desear.

APU: ¿Hubo novedades en relación a las distintas causas?

GA: La causa que investiga las maniobras de inteligencia ilegal por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hoy se encuentra con un “conflicto de competencia” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual demora mucho tiempo. Tramitaba ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín, pero ante un pedido de la Fiscalía Federal en forma previa al juicio oral, declinó la competencia hacia la justicia provincial, al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Matanza, quien no aceptó y por eso se produjo el conflicto. Es posible que la Corte disponga que intervenga la justicia provincial, porque así lo ha resuelto en otros casos, pero hasta tanto no se resuelva no se puede avanzar con el juicio. 

En la Secretaría de Enjuiciamiento tramita el expediente contra Juan Pablo Thatagian, donde la CPM también realiza el seguimiento. Este año se llamó a sorteo. A partir de ser notificados de la designación en terna del legislador Guillermo Montenegro el 18 de mayo se llevó a cabo la presentación de recusación por falta de imparcialidad, la cual se encuentra en etapa de notificaciones a la presidencia que convoca el jurado para resolverlo.

APU: ¿Hubo actividades organizadas para seguir reclamando?

GA: No, sólo a nivel familiar. Una cosa muy íntima. Estamos alejados de todo en estos tiempos difíciles que se están viviendo. Necesitábamos un poco de tranquilidad. Duele como el primer día el asesinato de nuestro hijo y se nos está haciendo cada vez más difícil transitarlo. Lucas era nuestro mundo y nos sentimos muy solos.