Avanza en la Justicia la investigación por la represión del 8M

Por Redacción APU

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) confirmó que las detenciones llevadas a cabo por la Policía de la Ciudad luego de la marcha del 8M fueron “groseras privaciones de la libertad” y que no tuvieron conexión con los hechos ocurridos dos horas antes frente a la Catedral.

Este dictamen fue incluido en la causa contra la Policía de la Ciudad por apremios ilegales que tiene a cargo del Juzgado de Instrucción N° 59. La misma fue iniciada a partir de un hábeas corpus presentado por la abogada Luciana Sánchez en nombre de las detenidas luego de la movilización por el Paro Internacional de Mujeres.

Además, a través de los testimonios tomados por la Procuvin, el organismo confirmó que durante las detenciones ocurrieron torturas dentro de la comisaría.

Por otro lado, las detenidas durante la jornada están imputadas en una causa por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. Al respecto, el coordinador del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, Federico Efrón sostuvo: “La única prueba que hay es un acta de la policía del procedimiento y la declaración de policías en comisaría. Al parecer no hubo ninguna orden judicial para las detenciones. Suponiendo que la policía fue a buscar a las personas que realizaron desmanes frente a la Catedral alrededor de las 20.30, las detenciones se produjeron entre las 22.30 y 23. Más allá de que es inverosímil de que hayan podido identificar a las personas en ese lapso de tiempo, en el hipotético caso de que hubiera ocurrido, la Policía no está habilitada para detenerlas porque no las encontró in fraganti. Por esa razón, era necesaria una orden judicial para detenerlas. Es decir, fue un procedimiento absolutamente arbitrario e ilegal”.