Chaco: dictan falta de mérito a funcionario de SPF designado por Macri

Por Brian Pellegrini
Desde Resistencia

En coincidencia con la semana en que se conmemora el Día de Lucha contra la Violencia Institucional, la justicia federal de Resistencia resolvió dictar la “falta de mérito” beneficiando a treinta agentes del Servicio Penitenciario Federal acusados por el delito de “apremios ilegales” contra internos y al ex jefe de la Unidad Penal Nº 7 de la capital chaqueña, Pedro Enrique Amargán, quién actualmente es el número 2 del Servicio Penitenciario Federal por decisión de Mauricio Macri pocas semanas después de asumir como Presidente.  La decisión fue adoptada por la jueza federal Zunilda Niremperger actuando como subrogante en el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, cuyo cargo se encuentra vacante desde la jubilación del juez Carlos Rubén Skidelsky.

Aquí no ha pasado nada

En su resolución, la magistrada consideró que “de los testimonios arrimados a la causa no surgen elementos relevantes ni suficientes como para sostener la autoría y responsabilidad de los imputados mencionados en el hecho que se investiga”. En ese contexto, mencionó como fundamento que “las personas que compartían el pabellón, algunas manifestaron vivir y presenciar ese tipo de tratos, mientras que otros argumentan no tener problemas con el personal de requisa y no haber visto nada de lo ocurrido, simplemente accediendo a firmar las notas porque el resto de los internos lo hacían”.

Niremperger precisó, además, que del material filmado durante las requisas en los pabellones 3, 8 y 13 “no pudo visualizarse de los mismos ninguna actitud que comprometa a los agentes penitenciarios”. Asimismo, advirtió que “(…) de las testimoniales de los internos, las mismas no alcanzan para tener como probable la participación de los imputados mencionados en los sucesos indagados”. “(…) a prima facie no existen elementos de juicio suficientes para procesar, pero tampoco para dictar una sentencia instructoria que concluya la causa y por ende cerrar la investigación del delito que motiva la actividad jurisdiccional”, puntualizó.

La jueza federal consideró que no obstante “no pudo observarse situación de violencia o malos tratos hacia los internos, debe tenerse en cuenta que aún quedan pruebas pendientes de producción”. E insistió que “hasta el momento no se observan los estándares mínimos para dictar procesamiento de los imputados en tanto y en cuanto los elementos hasta ahora arribados no resultan de relevancia para sostener tal medida como así tampoco para dictar el sobreseimiento de los mismos”.

Los hechos

Durante el mes de septiembre del año 2013 internos de los pabellones 3, 8 y 13 de la Unidad 7 de Resistencia iniciaron una huelga de hambre denunciando que eran víctimas de malos tratos, amenazas y destrucción y robo de objetos personales por parte del personal penitenciario. Las denuncias llegaron a la delegación NEA de la Procuración Penitenciaria de la Nación y a los representantes del Ministerio Público Fiscal. A fines de ese mismo mes, en calidad de subrogante el fiscal federal de Resistencia, Federico Carniel, solicitó que se indague a 30 agentes de la U7 por su presunta participación en apremios ilegales contra la población carcelaria y también al por entonces director de la U7, Pedro Enrique Amargán por “omitir” las denuncias de los internos y no impulsar ningún tipo de medida sancionatoria.
 


Foto: Gentileza Fiscales
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