Chaco: "Hay un ensañamiento con las organizaciones que luchan"

Por Juan Borges 

El 31 de mayo se viralizó un video donde se mostraba un procedimiento policial en una vivienda de una familia Qom, resulta extremadamente violento debido a los malos tratos y abusos hacia los habitantes de la vivienda en la localidad de Fontana, Chaco. El Observatorio de Conflictos Sociales del NEA, integrado por estudiantes, docentes y graduados de las carreras humanísticas elaboró un informe en donde se enumeran casos similares de prepotencia policial hacia comunidades originarias, dirigentes sociales y políticos, también trabajadores de salud. Según el documento en la provincia está funcionando un “Estado Policial” que se fue instaurando desde la emergencia sanitaria. Una serie de procedimientos de control social a merced de las fuerzas de seguridad con acumulación de tareas y poderes, adquiriendo autonomía y legitimidad.

El informe recorre hechos sucedidos en Chaco desde el 18 de marzo hasta el 31 de mayo. Caracteriza la coyuntura de la provincia y sus situaciones de conflictividad social en el marco de la pandemia del Covid 19. AGENCIA PACO URONDO dialogó con un integrante del Observatorio,  quien contó acerca del registro sistemático sincrónico y permanente de los conflictos sociales en las provincias del Noreste Argentino (Chaco, Formosa y Corrientes) que estudian y cuáles fueron las principales conclusiones planteadas en el informe.

Agencia Paco Urondo: ¿A qué se dedica el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA?

Maximiliano Román: El OCSN es un grupo de estudiantes, investigadores y docentes de la Universidad del Nordeste que a través de un proyecto de extensión comenzamos a sumar, seleccionar y sistematizar información para aportar al trabajo que realizan las organizaciones populares del territorio en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Somos de carreras humanísticas y sociales. Con la finalidad de colaborar con las organizaciones sociales, teniendo en cuenta que tenemos una misión como universidad y debido a una convicción política que nos identifica con la actitud de escuchar las necesidades de las carencias y necesidades de las organizaciones, y responder desde nuestro lugar observando situaciones relacionadas a la conflictividad social. Trabajamos diferentes áreas: género y diversidad, ambiente y territorio, y por último derechos humanos.

APU: ¿Cómo se presenta la situación social en Chaco en la actualidad?

M.R.: La situación en Chaco, y en el Nordeste en general, se presenta muy complicada debido a los altos índices de pobreza. Son de los peores de nuestro país. Chaco manifiesta una profunda desigualdad desde hace muchos años y su nivel de organización y conflictividad es uno de los mayores de la región nordeste. Sus organizaciones territoriales, indígenas, feministas y de trabajadores tiene un alto predominio en los conflictos y en su presencia callejera para obtener sus demandas. Justamente por la alta conflictividad de esta provincia y su capacidad de organización y acción directa es que centramos nuestro último informe en este territorio. La pandemia del coronavirus acentuó su crítica situación y la presencia de detenciones arbitrarias. De las demás provincias no obtuvimos esa información, por eso focalizamos nuestra investigación reciente en Chaco. En Corrientes sacamos un comunicado sobre lo que está pasando la Unidad Penal N°1, donde la represión de ese lugar provoco la muerte de un interno.

APU: ¿Cuáles serían las causas de los excesos represivos y quiénes señalan como los responsables?

M.R.: Nosotros consideramos que no son excesos represivos, sino un manejo de una fuerza policial que tiene un aval para realizar todo tipo de control social, persecución y criminalización con una autonomía muy grande que aprovechó la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo. Se les ha dado mucho poder a las fuerzas policiales; se han creado nuevas divisiones policiales; el ejército está operando y las fuerzas federales también. Esa situación de control genera el caldo de cultivo para provocar situaciones como las del 31 de mayo cuando fue salvajemente reprimida una familia Qom, con el resultado dos adolescentes abusadas sexualmente en una comisaria.

Los responsables de estos hechos podemos decir que son dos: los materiales representados en las fuerzas policiales que lo ejecutaron, y los políticos que son quienes dieron las ordenes y permitieron que ello ocurriera. Serían tanto a nivel judicial como el poder Ejecutivo, el Legislativo. Es decir, el Estado en general. Por eso decimos que se ha formado un “Estado Policial”, porque es el Estado que utiliza las fuerzas policiales para ejercer un control social para contener la pandemia. Aunque aquí en el Chaco no lo está logrando. Por ello, la importancia de corrernos del argumento de que “son excesos”, cuando entendemos que la institución funciona así. Estamos en sintonía con CORREPI que plantea que no hay excesos ni errores, sino que es un funcionamiento propio del Estado. Esto último, es una opinión personal. Nosotros como Observatorio, simplemente, nos dedicamos a brindar información a las organizaciones sociales y populares para que ellas hagan los diagnósticos y tomen las medidas que consideren.

APU: ¿A que llaman ustedes “Represión selectiva”?

M.R: La represión selectiva es un concepto de CORREPI que hace alusión a una represión cotidiana y sistemática sobre las clases populares que son potencialmente quienes podrían alzarse contra el orden establecido. Entonces, se ejerce el control focalizado sobre ellas: es permanente la detención de los pibes por portación de rostro, el allanamiento a los asentamientos, detención de jóvenes con rasgos indígenas. Eso es la represión preventiva y la selectiva es la dirigida hacia los sectores organizados de esas clases populares para frenar su acción transformadora, para evitar su lucha contra el orden establecido. Se utilizan filmaciones, infiltraciones, desalojos, es decir, diferentes métodos para reprimir, criminalizar y judicializar la protesta social. Principalmente, se trata de persecución a dirigentes sociales y políticos. Nosotros vemos un ensañamiento contra los sectores que se organizan y luchan, y particularmente con comunidades originarias Qom y Wichi que sufren actitudes de racismo muy grande por parte de la policía, que es histórica y estructural, agravado por la pandemia.

APU: ¿Podría mencionar algunos casos puntuales de persecución a dirigentes sociales?

M.R.: Hay una persecución a dirigentes sociales como por ejemplo el Movimiento 25 de Mayo que es una organización de trabajadores desocupados de la ciudad de Quitilipi, en el interior provincial, que fueron sistemáticamente reprimidos y algunos de sus dirigentes tiene pedidos de captura. Otros están encarcelados. Y durante la emergencia sanitaria los casos puntuales fueron contra Carlos Barraza que es dirigente del Movimiento de Trabajadores Humildes (MTH). Lo detuvieron y trasladaron a una comisaría que no era la de su lugar de residencia. Después el Movimiento Socialista Emerenciano (MSE) denunció que detuvieron y golpearon a dos militantes de su organización por transportar donaciones. A Raúl Castells le iniciaron una causa por realizar una manifestación a mediados de abril violando la cuarentena. El 6 de mayo hubo una represión al MTR Cuba y al Polo Obrero por realizar una movilización también violando la cuarentena con el objetivo de conseguir alimentos para sus comedores.