Chaco: "nunca más un pibe muerto por la policía en Tres Isletas"

Por Brian Pellegrini*
Desde Resistencia

“Mi hijo tenía problemas con el vecino, entonces llamo a la comisaría para que vengan a apaciguar un poco. Llamé al 101 y me atendieron, esto fue a las 17:15, por ahí. Cuando llegó la policía mi hijo empieza a correr de la policía, veo cuando lo alzan al patrullero, un policía lo iba llevando abrazándole alrededor del cuello, mi hijo iba caminando normalmente y tranquilo”. La que habla es Gladys Graciela González, la madre de Víctor Hugo Cindric, y cuenta que esa fue la última vez que vio con vida a su hijo hasta que en el hospital le informaron que había ingresado muerto. Fue el 17 de septiembre de 2014 en la ciudad chaqueña de Tres Isletas, ubicada a 217 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia, Resistencia, pero a tan solo 50 de la localidad de Juan José Castelli, en el acceso a El Impenetrable chaqueño.

El de Víctor Hugo podría ser uno más de los casos de violencia institucional que, como la mayoría, quedan impunes en la provincia del Chaco porque constituyen “excepciones”, según acostumbra a repetir el procurador general de la provincia, Jorge Canteros. Así, a los fiscales provinciales siempre les resulta más cómodo acusar a pibes de barrios populares o de las comunidades indígenas por delitos menores o por el “novedoso” narcomenudeo que avanzar contra quienes abusan del poder que les confiere un arma y un uniforme.

“Kakú”, así lo conocían todos en esta localidad de casi 17 mil habitantes, fue llevado a la Comisaría de Tres Isletas por un altercado con un vecino. Allí, de acuerdo a la fría descripción técnica de la autopsia, falleció por un “politraumatismo de cráneo y hemorragia encefálica intracraneana” luego de recibir innumerables golpes de puño y patadas en la base del cráneo y también en el resto del cuerpo.

La inmediata movilización en reclamo de justicia de familiares y amigos de Víctor Hugo bajo consignas como “Nunca más un pibe muerto por lo policía en Tres Isletas” obligaron a que el fiscal de Juan José Castelli, Hugo Obregón, actúe en forma expeditiva y avance en la acusación contra los siete agentes policiales que se encontraban de turno en la comisaría de Tres Isletas aquel 17 de septiembre. El abogado querellante, Eduardo Trojan, considera que fueron de “vital importancia” las declaraciones testimoniales brindadas por los presos que se encontraban en la comisaría. “Son testimonios de gran relevancia por la misma situación de vulnerabilidad de estos testigos, con el mismo temor, que están bajo represalia. No es un preso, son dos o tres que han prestado esa declaración”, recalca. En ese contexto, los detenidos que declararon como testigos fueron amenazados: “A vos te va a pasar lo mismo si no te callás la boca”, les dijeron los policías acusados por la muerte de Víctor Hugo.

A principios de marzo de este año el fiscal Obregón cerró la investigación y elevó la causa a la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña que deberá fijar la fecha del juicio oral y público. Dada la gravedad incontrovertible del caso, en una decisión sin precedentes se imputó a Diego Juan Gallardo, Juan Fabián Méndez, Ernesto Catalino López y Alfredo Fabián Dorado por el delito de “tortura seguida de muerte” y a Rafael Toledo y Natalio David Struciat por “encubrimiento agravado”.

“Peor” que el caso Greco

Para el titular del Comité contra la Tortura de la Provincia del Chaco y experimentado abogado de derechos humanos, Mario Bosch, el accionar policial que concluye con la muerte de Cindric es “peor” que en el caso del artesano Juan Angel Greco, de 24 años, quién falleció luego de recibir importantes quemaduras luego de que la celda en la que se encontraba alojado en la comisaría de la ciudad de Puerto Vilelas se incendiara en junio de 1990. El hecho nunca se investigó pero antes de morir el artesano alcanzó a revelar que lo habían quemado en su celda.

La madre de Greco llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado nacional y a la provincia del Chaco a reconocer su responsabilidad en el caso y a comprometerse a investigar la muerte. “En el caso Greco, se incendia su celda, demoran en atenderlo, acá lo mataron. No se puede naturalizar esta situación y dejar pasar porque es un hecho gravísimo y sin precedentes”, plantea Bosch, y asegura que "la provincia tiene una seria responsabilidad institucional”.

“Quien está detrás del uniforme no puede golpear a una persona en estado de indefensión”, subraya el abogado que representó al CELS y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en juicios por delitos de lesa humanidad en el Chaco. “Claramente existe una violencia institucional que es selectiva. Hay niveles de violencia sobre los pobres, los vulnerados, las poblaciones originarias, en general sobre los desprotegidos, en muchos casos por una cuestión cultural”, apunta el titular del Comité de Prevención contra la Tortura.

Una comisaría donde la gente muere

Bosch recuerda que el mismo día que le propinaron a Cindric la golpiza mortal los mismos policías golpearon a otro detenido pero que este contó “con mejor fortuna”. “El problema es que se dejan pasar todos los días hechos de muchísima violencia. Hasta es un problema de fortuna porque al otro joven le pegaron con más suerte y al otro con menos suerte”, gráfica.

“Hay una serie de responsabilidades del Poder Judicial por cientos de denuncias por hechos de torturas, empalamientos. Nadie es juzgado, el poder deja prescribir las acciones y en la impunidad cotidiana actúan a cara descubierta, sin siquiera fingir una excusa”, revela el abogado, quién es uno de los que mejor conoce los casos de violencia institucional en el Chaco ya que preside el Comité de Prevención de la Tortura de la provincia desde junio de 2012.

El abogado querellante en la causa, Eduardo Trojan, coincide con las impresiones de Bosch sobre las muertes que se produjeron en la comisaría de Tres Isletas y que nunca fueron esclarecidas. “En 2009 apareció colgado en las rejas de la ventana de una celda Carlos Almirón. Es un proceso mucho más grave por la cantidad de involucrados que existe en la causa y que la justicia no quiere avanzar, que eso es lo peor”, se queja. Sostiene, además, que en el caso de Almirón los policías “arrancaron cuatro hojas del Libro de Guardia y las sustituyeron por otras hojas”. La fiscalía consideró que en ese caso el delito cometido era el de “falsificación de documento público”.

Militantes de organizaciones contra la violencia institucional esperan que el de Cindric no sea una excepción y que marque un punto de inflexión entre tantos casos similares que se producen todos los días en distintas localidades de la provincia del Chaco.

* briandpellegrini@gmail.com