Córdoba: la lucha por encontrar a Facundo Rivera Alegre sigue más vigente que nunca

Facundo Rivera Alegre, de casi 20 años, desapareció el 19 de febrero de 2012 en la Ciudad de Córdoba, tras haber salido a bailar a un show de Damián Córdoba. Luego de once años su madre pudo constituirse como querellante mientras sigue reclamando bajo la denuncia de que el Estado nunca asumió su búsqueda. Por si fuera poco, en la zona donde alegan que se lo pudo haber visto quieren construir un parque acuático. “No vemos cambios respecto al Código de Faltas que viene desde la dictadura y ahora se llama Código de Convivencia. Siempre detienen a pibes de barrios populares, estigmatizando si usan gorra y son morochos”, sentencia, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Viviana Alegre.

Desde el principio Viviana sospechó de las fuerzas de seguridad. Facundo, al que apodaban “el rubio del pasaje” por la zona en donde vivía y porque se aclaraba el pelo, había sido hostigado en reiteradas ocasiones por la Policía de Córdoba. De hecho, el día 20 ella recibió una llamada que le anunciaba que no lo iba a ver nunca más. Sin embargo, los dos fiscales del caso descartaron la hipótesis. El de instrucción, Alejandro Moyano, sería ascendido por el entonces gobernador José Manuel De la Sota a fiscal general. El del juicio oral, Gustavo Dalma, decidió que no se iba a continuar más con la “búsqueda”.  

En general, los allanamientos, rastrillajes e indagatorias fueron escasos, deficientes y tardíos. La madre pudo tener copia del expediente recién a los dos años, el mismo tiempo que tardaron en tomarle declaración a unas chicas que vieron cómo dos agentes de civil y dos uniformados subían a un auto y golpeaban a un joven de las características de Facundo. Recibieron amenazas para dejar de presenciar el hecho y se repitieron tras haber declarado. Las mujeres le confirmaron dos veces lo que habían visto a Viviana.

La policía postuló que Facundo fue a buscar droga al Barrio Maldonado y que, en medio de una discusión, fue asesinado. Esa versión fue sostenida por el Poder Judicial durante el juicio de 2015. La Cámara Onceava del Crimen de la Ciudad de Córdoba dictaminó que Pablo Rearte sea condenado como coautor penalmente responsable de homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego e intervención de un menor, pena que se unificó con otra causa y se estableció en doce años de prisión. A su vez, un ex empleado municipal, acusado por el delito de encubrimiento agravado por supuestamente haber cremado el cuerpo en el Cementerio San Vicente -cuyos hornos no funcionaban-, terminó absuelto a pesar de ser señalado en calidad de partícipe y de que la sentencia ordenó seguir investigando la cremación.

La familia considera que no están juzgados los verdaderos responsables ni hubo una real búsqueda del joven, dado que nunca se apartó a la fuerza de seguridad de la investigación ni se dragaron las lagunas del Barrio Maldonado. Por ello, han decidido, entre distintas campañas, avanzar con otras estrategias legales, como la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante Amnistía Internacional.

Once años para ser querellante en la búsqueda de su propio hijo

El fiscal Gustavo Dalma no acató la sentencia que ordenaba investigar la cremación y rechazó en tres oportunidades la petición de Viviana Alegre para constituirse como querellante. Alegaba que el juicio ya había concluido y que, si le acercaban pruebas y datos, prestarse a continuar la tarea era una cuestión humanitaria. Es decir, le pidió a la familia que hicieran su propio trabajo sin poder comprobar que efectivamente se estuviera haciendo. Para colmo, nunca asentó formalmente las solicitudes en los registros.

En octubre del año pasado la nueva fiscal adjunta de la Fiscalía General, Diana Croppi, le informó a Alegre que la búsqueda no estaba cerrada. Dalma fue ascendido a camarista y en su lugar asumió María Celeste Blasco. La exigencia por parte de la familia seguía siendo la misma y, finalmente, al mes siguiente fue aceptada. Al mismo tiempo, organizaciones diversas requirieron sumarse como “amicus curiae” para poder colaborar en el proceso, que esperan también cuente con la participación de los peritos dispuestos por la familia Alegre.

Al ya haber una etapa judicial realizada, la nueva causa es por “encubrimiento agravado” y abarca a “responsables materiales y políticos, nunca juzgados ni imputados, a músicos de la banda que tocó esa noche y a los encargados de la búsqueda”, indica Viviana. Entre los señalados por la familia Alegre destaca, en el lugar principal, el ya fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota, el actual mandatario provincial Juan Schiaretti y hoy también el intendente de la Ciudad de Córdoba Martín Llaryora -los tres del mismo espacio político y en una clara línea de sucesiones-. Para Viviana el “poder político-judicial-policial, mientras sigue habiendo desapariciones, siempre está ocultando porque saben dónde está”. 

Un parque de encubrimiento acuático

En el contexto de nuevas medidas para comenzar la búsqueda de Facundo Rivera Alegre el 29 de enero un medio de comunicación provincial publica la voluntad de Llaryora, que aspira a ser gobernador respaldado por Schiaretti, de instalar un emprendimiento inmobiliario en una zona crítica para la investigación. El parque acuático busca ser asentado al este de Córdoba Capital, donde se encuentran el Río Maldonado, el Cementerio San Vicente y el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Campo de la Ribera -donde han sido enterrados desaparecidos por la última dictadura militar-.

Allí, según testigos, es donde Facundo desaparece. Sin embargo, las lagunas nunca fueron realmente rastrilladas. Llama la atención la oportunidad del proyecto, avalado por Llaryora y Schiaretti, dado que tienen conocimiento de que es una de las medidas que se solicita en la actualidad. La familia cuestionó el momento en el que se lo autoriza y exige su suspensión mientras dure la búsqueda. La abogada Adriana Gentile interpuso diversos recursos pero fueron rechazados alegando que “es el fuero civil y no el penal”. 

A once años de la desaparición forzada de Facundo Rivera Alegre, el jueves 23, desde las 18:30hs en la Plaza Aguilera -República Dominicana y Larrea- del Barrio Juniors, la familia instalará un nuevo memorial, hecho por Elia Bisaro y Andrés Torregiani, junto a diferentes artistas y otros familiares de víctimas de violencia institucional. Ya había habido alguno, bajo otra gestión municipal, pero “por las inclemencias del tiempo se deterioraba y también lo violentaban”, apunta Viviana y remarca la falta de compromiso de Llaryora: “Desde su Secretaría de Derechos Humanos prometieron colaborar y cuidar señalizaciones pero fue una mentira, así que ahora no queremos que aparezcan para la foto”.