Día nacional de la lucha contra la violencia institucional: “No hay reformas sustanciales para lograr que los casos disminuyan”

En el marco del 8 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, el abogado y militante de derechos humanos Matías Busso reflexionó sobre la practicas de abuso policial y uno de los problemas estructurales de la democracia. 

APU: Las décadas de los ochenta y los noventa fueron emblemáticas en materia de violaciones a los derechos humanos: la Masacre de Budge, los casos de Walter Bulacio y Miguel Bru, entre otros. ¿Cómo ve la evolución de este problema de aquellos tiempos a la actualidad?

M.B.: Podríamos apuntar como un avance el hecho de que se haya visibilizado la violencia institucional como una problemática concreta. Hay lugares donde las victimas canalizan sus denuncias, son tratados de otra manera mediáticamente. Esto responde a los avances en la militancia de víctimas de violencia institucional, familiares y a las organizaciones de Derechos Humanos. Ahora en materia legislativa no han existido avances sustanciales. Tal vez algún avance puede ser evitar la utilización de armas en las manifestaciones públicas.

Más allá de eso no hay reformas claras que impidan las detenciones ilegales o ilegitimas. Con esto habría que atacar los códigos contravenciones, procesales de cada provincia. Tampoco existió una regulación clara del uso del arma de fuego. Es decir que dejen el arma cuando no están de servicio, solo ocurre con la policía aeroportuaria.

No hay reformas sustanciales para provocar que los casos de violencia institucional disminuyan. Se visibilizan mucho más eso sí. Y la militancia es de organizaciones de derechos humanos contra la violencia policial ha crecido. Sin embargo, cuando las fuerzas políticas y el humor social cambia automáticamente se vuelve a políticas punitivas y represivas. La política carcelaria de la Ley Blumberg fue un retroceso muy grande. Provocó una saturación en las cárceles federales y provinciales. En materia estructural la verdad que no hubo reformas sustanciales.

APU: ¿Cómo ve el proceder de las fuerzas de seguridad en CABA actualmente?

M.B: En la ciudad de Buenos Aires la situación es gravísima. Todo el tiempo nos llegan denuncias de brutalidad policial, focalizados en trabajadores de la economía popular, personas en situación de calle y en trabajadoras sexuales en el barrio de Constitución. Tenemos una articulación con el sindicato de trabajadoras sexuales y vemos como todo el tiempo se despliega la brutalidad contra ellas. Hay mucha arbitrariedad a la hora detener a las identidades diversas del barrio. La situación de las comisarías de la ciudad es grave también, tiene un correlato con lo que sucede en las cárceles.

APU: La situación de violaciones a los derechos humanos en un capitulo aparte…

M.B.: A nivel nacional vemos también una gran problemática a nivel carcelaria. Pasamos de una población de 22.000 en el 2002 y ahora estamos superando los 100.000. Eso se refleja en un gran deterioro y en el crecimiento de muertes en contexto de encierro. Más allá del proceso de violencia policial que vemos en la vía pública, principalmente en las ciudades gobernada por la derecha como CABA, pero también nos preocupa mucho lo que sucede con el sistema penitenciario federal y el provincial.

APU: Hoy se cumplió el aniversario de la Masacre de Budge y la semana pasad del caso de Walter Bulacio. ¿Qué representan ambos casos?

M.B.: Significaron un quiebre en materia de violencia policial, ya que el termino violencia institucional fue acuñado con posterioridad. Las dos causas marcaron una disrupción debido a la intensa movilización popular y el acompañamiento de organizaciones de Derechos Humanos para lograr su esclarecimiento. Le colocaron un límite a la tolerancia que existía contra la violencia policial. Recordemos que los 90 era una época en la cual era común escuchar los discursos de mano dura y meter bala. En ese momento comenzó un largo camino de activismo y militancia para frenar toda esa violencia instalada. Los organismos y los familiares fueron los que salieron a la calle pidiendo justicia y lo colocaron en la agenda como política de Estado con los años.