Diputados: el proyecto de ley contra la violencia institucional obtuvo dictamen

Por Diego Moneta | Foto: Daniela Amdan

Este martes el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados emitió dictamen en favor del proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios, presentado por Paula Penacca, diputada del Frente De Todos y presidenta de la primera de las comisiones. Tuvo el acompañamiento de Hugo Yasky, que lidera la segunda de las comisiones mencionadas, y de Leonardo Grosso, integrante de ambas. La idea también se replicó en la Legislatura porteña. 

La iniciativa, que se viene trabajando desde el año pasado, había tenido cinco reuniones informativas con distintos actores involucrados en el tema, tales como familias de víctimas, organismos de derechos humanos, integrantes del Servicio Penitenciario Federal, distintas defensorías, entre otros. El oficialismo consiguió dictamen de mayoría, mientras que el radicalismo y el PRO se expresaron a través de un despacho de minoría. La Coalición Cívica rechazó el proyecto y la representante de la Izquierda y el del interbloque Federal estuvieron ausentes. De esta manera, está habilitado a tratarse en el recinto. 

Penacca remarcó que todavía se tiene la voluntad de que se apruebe un texto consensuado, ya que amerita un “respaldo contundente del Congreso”. Por su parte, Yasky aseveró que se ha logrado “un piso de acuerdo más allá de las diferencias”. Su compañera de bloque, Elda Pértile, aseguró que se busca “la erradicación y la prevención de la violencia”. Desde la oposición plantearon que tienen un “enfoque distinto de cómo abordar una ley de violencia institucional” y que algunas disposiciones pueden terminar con carácter “meramente enunciativo”, según deslizaron los radicales Karina Banfi y Alejandro Cacace. 

El proyecto promueve generar herramientas “integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas”. En ese camino, habilita a solicitar una reparación económica en los casos que configuren esos hechos. 

Además, propone la creación de centros de denuncias atendidos por personal civil ajeno, que deberá haber cumplido con la capacitación en género dispuesta por la Ley Micaela, la gratuidad, fácil acceso y amplia difusión para cada caso y la promoción de “facilitadores interculturales para las jurisdicciones en las que haya población originaria”. Yasky deslizó que el proyecto “marca un hito contra la violencia institucional” y Penacca expresó que “va en línea con la matriz ideológica del proyecto político, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Con respecto a las fuerzas de seguridad, incluye un “programa de reentrenamiento y formación con perspectiva transversal de derechos humanos”, principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales, y criterios de actuación en el mismo sentido. También busca afianzar su bienestar personal a través de la “protección de su integridad psicofísica”. 

Por el lado de los organismos, propone crear un Tribunal de Disciplina especializado, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, y un Registro Nacional de Agentes, funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y de Servicios Penitenciarios Expulsados e Inhabilitados, bajo la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior.