Facundo Molares: el juez Otranto avaló su extradición y ahora debe decidir la Corte

Por Diego Moneta / Foto: Solidaridad con Facundo Molares

Facundo Molares Schoenfeld, militante internacionalista de 46 años, se encuentra detenido desde el 7 de noviembre del año pasado. Tras ser alojado en una comisaría de Esquel y posteriormente en el Penal de Rawson, en la cárcel de Ezeiza certificaron su cuadro de hipertensión y diagnosticaron pericarditis constrictiva grave y la pérdida casi total del ojo derecho. Molares se encuentra enfrentando un proceso de extradición a Colombia, dado que le niegan haber sido firmante de los Acuerdos de Paz de 2016 luego de formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).

El lunes el juez federal de Esquel Guido Otranto resolvió darle curso al pedido de extradición de la fiscalía colombiana, aunque todavía no dio a conocer los fundamentos completos del fallo. El magistrado basó su resolución en los delitos de homicidio y secuestro extorsivo agravado y hurto calificado, si bien consideró improcedente la acusación por terrorismo. Se le imputa participación en el secuestro del concejal Armando Acuña en marzo de 2009, aunque en realidad cobró notoriedad por su liberación dos años después. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Mónica Glomba, compañera de Molares, afirma que “si bien algún momento” -algunos- tuvieron la esperanza de que sea distinta, “en términos objetivos era muy probable”.

Según Otranto, no se reconoce el “carácter político de los hechos” por los cuales se requiere a Facundo, lo que justificaría la extradición. De esa manera, se ignora que, al ser firmante de los Acuerdos de Paz y que además los delitos son previos a los mismos, el caso debería ser dirimido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y no por un tribunal ordinario como avaló el juez. “Al subsumirlo a nuestro Código Penal aparecen estas argumentaciones mecanicistas, tecnicistas y descontextualizadas”, explica Glomba. La misma visión lo llevó a garantizar la extradición del referente de la comunidad mapuche Facundo Jones Huala en 2018. Al mismo tiempo, Otranto es recordado por su accionar parcial en el caso por desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.  

En ese sentido, la compañera de Molares destaca que “Otranto no deja de ser quien es”, por lo cual la decisión tiene “cierta coherencia político-jurídica”. Desde ese punto de vista, lo que está haciendo el magistrado es “deshistorizar el contexto en el que se dan esos delitos que se le imputan”, es decir, el contexto beligerante es negado. “El derecho de carácter netamente positivista atenta contra los derechos de quienes forman parte del Acuerdo de Paz y se han desmovilizado”, agrega. 

La mirada discrecional del juez se evidencia en el pedido que lleva a cabo en relación a la salud del militante. Otranto solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de Cancillería, requiera a Colombia que se garanticen las condiciones de detención para que se preserve la vida de Molares. Ese agregado responde a la denuncia hechas por la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares y diversos organismos de derechos humanos: extraditarlo es una “pena de muerte encubierta”. Los Acuerdos de Paz son incumplidos en general desde la asunción de Iván Duque y, desde 2016, son más de 1300 las ejecuciones en manos de paramilitares y el propio ejército. “El hecho de plantear reaseguros es limpiar culpas y no hacerse cargo para que defina una instancia superior”, desliza Glomba.

El Estado colombiano no puede garantizar la integridad de su población. Tan solo un año atrás, la crisis y la represión desatadas dejaron cientos de casos de violencia policial, desapariciones y asesinatos. Se denunció incluso la existencia de fosas comunes. La fiscalía advierte la situación de riesgo de vida para Facundo pero niega el carácter político de los delitos imputados. La gravedad de la situación llega al punto en que candidatos opositores al actual gobierno suspenden actividades por “planes de asesinatos”.

La postura de Cancillería

Tras la sentencia de Otranto, los abogados defensores de Molares, Gustavo Franquet y Eduardo Suárez, presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar el proceso de extradición, mientras el fotorreportero y militante sigue detenido en el penal federal de Ezeiza. El escenario en esta instancia “es complejo”, señala Glomba, dada la “tensión con el Gobierno Nacional” que sostiene el máximo organismo judicial. De todas formas, la última decisión debería ser firmada por el Poder Ejecutivo, poniendo a prueba la política de derechos humanos interna y externa de nuestro país.  

En ese marco, a través de Rebelión Popular -organización política en la que milita en la actualidad Facundo Molares- han intentado en más de una oportunidad tener una reunión con Cancillería, comandada por Santiago Cafiero, con el objetivo de conocer la postura oficial y su decisión ante una eventual sentencia firme sobre la extradición. Las gestiones todavía no han obtenido respuesta. “Queremos saber cómo, sabiendo que es un ciudadano argentino repatriado por este mismo gobierno, no se plantea la posibilidad de tener una entrevista”, puntualiza Glomba. 

La compañera de Molares enfatiza la tarea de los organismos de derechos humanos que se han dirigido por carta al propio militante y “han interpelado a distintos ministerios”. A su vez, también solicitaron una instancia de encuentro para “ubicar el escenario en el juicio y argumentar por qué no tiene que ser extraditado y que la jurisprudencia es otra”, comenta Glomba. En la conferencia que llevaron a cabo el martes, en relación a la movilización a Tribunales del día de hoy, todos los presentes respaldaron unánimemente el rechazo a la extradición de Facundo. “Es un dato significativo que tiene que ver cómo esos organismos abren escenarios y facilitan algunas cuestiones”, explica y sostiene, en ese sentido, que son “los primeros que van a tener la posibilidad” del encuentro con representantes del Ejecutivo. La decisión pone a prueba la política de derechos humanos en nuestro país.