Fuerte rechazo al proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad

Durante la jornada de ayer, martes 19 de febrero, el ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó en una conferenciad de prensa el anteproyecto de la ley de Responsabilidad Penal juvenil que tiene como objetivo bajar la edad de imputabilidad. Un amplio grupo de organizaciones, organismos, espacios sindicales y académicos se expresó en contra del proyecto macrista y se manifestaron frente al Ministerio de Justicia contra el proyecto. Asimismo, calificaron al proyecto como “contrario al  Sistema de Protección y a los estándares internacionales, que no hace más que  criminalizar a niños, niñas y adolescentes”. En 2017 desde Unicef y la Defensoría General de la Nación ya habían rechazado un proyecto similiar y habían señalado que "violaría el principio de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos"

En este marco, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina presentó un documento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación señalando con preocupación la baja en la edad de imputabilidad penal (de 16 a 15 años) que pretende impulsar el macrismo. 

En el documento se enfatizó la existencia de “una inocultable tensión entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad penal de niñas, niños y adolescentes (NNyA) y el reconocimiento pleno de los derechos y garantías de estos sujetos privilegiados”. Además, recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas consideró que “el cabal reconocimiento de los derechos y garantías de NNyA, a la luz del interés superior del niño como principio interpretativo dirigido a garantizar la máxima satisfacción de estos, se relaciona con la fijación de una EMRP [edad mínima de responsabilidad penal] lo más alta posible, y nunca con la disminución de esa con el objetivo de ampliar la operatividad del sistema penal juvenil”.

Finalmente, el texto expresa en relación al rechazo al proyecto del Gobierno: “La adecuación del orden interno a los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos como justificación central de la sanción de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil es ajena a la previsión de una EMRP de 15 años (art. 2°, a del anteproyecto). Ello no solo pone en crisis la consistencia del apoyo argumental principal de la reforma, sino que también revela la carencia de razones suficientes en el anteproyecto para fijar dicha EMRP”.

Cabe recordar que en Enero de este año, Agencia Paco Urondo dialogó Karina Valobras, abogada del servicio jurídico gratuito en la villa 1.11.14, sobre el proyecto del Gobierno. “Bullrich dijo que el delito juvenil es el 7%, lo cual justamente da cuenta de que no es el principal problema para pensar la inseguridad en el país. Cuando hablás de delitos graves, ese porcentaje, que ya es bajo, cae notablemente. Es insignificante en términos estadísticos.”

Además, concluyó: “La inmensa cantidad de los adultos privados de libertad pasaron por el sistema penal de menores. Lo que demuestra que el sistema no funciona para resolver la inseguridad, todo lo contrario. Está estudiado: si vos tratás a una persona como delicuente desde muy chica lo que producís es la reproducción de una lógica a través de la estigmatización, y finalmente esa persona va a ser un delincuente. Por eso, ese contacto temprano con el sistema penal no es recomendado por la criminalogía a nivel internacional, porque reproduce una conducta que uno pretende eliminar.”