Homicidio de Luis Espinoza en Tucumán: solicitaron la elevación a juicio de nueve policías

Por Diego Moneta

El 15 de mayo del año pasado los hermanos Juan Antonio y Luis Armando Espinoza volvían de realizar diversos trámites cuando fueron abordados por la Policía provincial, cerca del paraje El Melcho, 95 kilómetros al sur de la capital de Tucumán. El primero de ellos relató que fueron golpeados y que, antes de perder el conocimiento, escuchó un disparo de bala y vio cómo iban en dirección hacia Luis, quien desapareció del lugar. Los hechos sucedieron durante un procedimiento de la Comisaría de Monteagudo para detener una carrera de caballos que se había organizado cerca de la zona. 

El cuerpo de Luis apareció sin vida una semana después. Fue hallado por el Ministerio Público Fiscal y la Policía Judicial “en un precipicio de 150 metros de profundidad, envuelto en bolsas blancas y negras rodeadas de cintas” en territorio catamarqueño, en la localidad de Andalgalá, ya que se atravesó unos 200 metros el límite interprovincial. La fiscal Mónica García de Targa, que inicialmente estuvo a cargo del caso, dispuso que la fuerza sólo acompañara la investigación para “dar seguridad a los funcionarios”, dado su involucramiento. 

Nueve efectivos policiales fueron pasados a disponibilidad, entre ellos el comisario Rubén Montenegro, por haber participado del operativo. Luego se determinó su detención, junto a otros dos civiles, tras encontrarse sangre en el vehículo que los vecinos señalaron que había estado al final de uno de los rastros que quedaron en la zona. Todo se destrabó por el quiebre del pacto de silencio que mantenían los involucrados. Dos oficiales confesaron el crimen y dieron pistas sobre el lugar donde había sido arrojado el cuerpo. Sin la confesión hubiera sido complicado hallarlo a varios kilómetros de Monteagudo.  

Los peritajes realizados el 29 de mayo en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que depende del Ministerio Público de Tucumán, confirmaron que Luis Armando Espinoza recibió un disparo por la espalda, a la altura del omoplato izquierdo, proveniente del arma de uno de los integrantes de la fuerza de seguridad provincial. Por orden del juez Mario Velázquez los involucrados quedaron detenidos con prisión preventiva en la cárcel de Villa Urquiza de la capital tucumana.  

La causa, que se había iniciado bajo la carátula de “presunta desaparición forzada” en el Centro Judicial de Monteros con el viejo código de procedimiento penal, al ponerse en vigencia el nuevo pasó a la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial de la Capital, a cargo de Carlos Sale. Los hechos derivaron en el desplazamiento de todas las autoridades de la Unidad Regional Sur de la Policía. La indignación aumentó al comprobarse que dos uniformados ya habían estado implicados en otro caso de violencia institucional. Los agentes Esteban González Rojas y Claudio Zelaya fueron participes del asesinato de Alan Andrada, joven de 20 años que fue detenido y golpeado, lo que le provocaría la muerte dos días después. Nunca fueron apartados ni se los investigó por su responsabilidad.  

Esta semana el fiscal Sale requirió la elevación a juicio bajo la imputación de “homicidio agravado por la participación en grupo y el uso de arma de fuego”. El pedido fue confirmado a la prensa por el letrado Leandro Juárez, defensor del comisario Montenegro, quien también anticipó que se van a oponer al considerar que aún faltan reunir elementos probatorios. Además, indicó que van a solicitar el sobreseimiento del jefe policial por estimar que no está demostrada su vinculación necesaria con lo sucedido.  

La filial tucumana de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la regional local de H.I.J.O.S. encabezan la larga lista de organismos de derechos humanos que reclamaron que las autoridades políticas se hagan cargo de la violencia con la que actúan las fuerzas, en especial a Luis Ibáñez, secretario de Seguridad provincial, y a Claudio Maley, ministro del área mencionada. El asesinato pone en evidencia una vez más el accionar represivo de la Policía de Tucumán.