Intiman al director de la Alcaídia de Tribunales a mejorar las condiciones de los detenidos

Luego de una inspección en el Centro de Detención Judicial con sede en Lavalle 1337, la Procuvin promovió una acción de habeas corpus en favor de las personas allí alojadas. Mediante el procedimiento, se había detectado, además de sobrepoblación, deficiencias en cuanto a la higiene, calidad de la atención sanitaria y alimentación.

A raíz de la solicitud, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal, a cargo de Alberto Baños, exigió al SPF el inmediato cumplimiento de una serie de disposiciones anteriormente ordenadas por la CSJN.

Las acordadas 12/12 y 33/13 dan cuenta de la “falta de mantenimiento” y de “infraestructura acorde para el alojamiento de personas por tiempo prolongado”. Allí se establece que “el traslado de detenidos al Centro de Detenci6n Judicial (U. 28) debe limitarse al máximo”. Por otro lado, disponen “evitar el pernocte de internos por más de una noche en el Centro de Detención Judicial Unidad 28” para “garantizar las debidas condiciones de detención”. Según la Procuvin, los arrestos  exceden el plazo de veinticuatro horas, lo que resulta violatorio del carácter transitorio del lugar.

En diciembre de 2016, la Corte volvió a intimar al SPF, a través de la acordada 43/16. En esta oportunidad dispuso que “se adopte con urgencia, comunique al Tribunal, medidas eficaces para evitar el pernocte en el Centro de Detenci6n Judicial Unidad 28-; y para que garantice las condiciones dignas de detenci6n de las personas allí alojadas transitoriamente así como la adecuada conservaci6n mantenimiento de esa unidad la permanente disponibilidad de m6viles para trasladar de inmediato los encausados una vez que cumplan la actividad procesal para la que fueron convocados”.

Las irregularidades denunciadas no sólo vulneran el derecho a la salud, alimentación, recreación, entre otros. Por las características de la construcción, también se ve afectada la privacidad de quienes pasan por la sede.

Baños, a través de la resolución, determinó el cese de la situación expuesta por el fiscal Félix Crous, titular de la entidad denunciante. Cabe destacar que, a la fecha, tampoco se ha puesto en marcha la ampliación edilicia, también ordenada por el máximo tribunal.