"La baja de la edad de imputabilidad sería un fuerte fracaso social"

Por Ana Laura Mársico

En la apertura de inicio de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Mauricio Macri dio lugar en su discurso a la presentación que hizo días atrás el ministro de Justicia, Germán Garavano. En un discurso enmarcado en un claro año electoral, Macri recordó su objetivo de poder llevar adelante la reforma de la ley penal juvenil para “así poder seguir avanzando” y generar un Estado “que contenga a los chicos para que no caigan en la delincuencia”. Lejos de la perspectiva del presidente, Karina Valobra, abogada y trabajadora en el barrio 1 11 14, habló con Agencia Paco Urondo y opinó al respecto.

“Hay investigaciones de las Naciones Unidas en donde se establece que en los casos en donde se ven chicos en contacto temprano con el sistema penal, en su generalidad, la estigma es tan grande, que el poco margen que le deja esta hace que el chico no pueda conducir su vida”, expresó Valobra. “Hay una gran cantidad de personas del sistema penal de adultos que pasaron por el sistema de menores y claramente se puede ver que no evitó nada. Ir a la cárcel es una marca muy fuerte para ellos, imagínate para un niño. La baja de imputabilidad es un fuerte fracaso social”, agregó.

 La reforma presentada por el actual ministro de Justicia se disfraza de un proyecto empático en donde se elimina la posibilidad de aplicación de pena a perpetua a niños y niñas menores de 18 años. Es importante destacar que el Estado argentino ha sido condenado en distintas oportunidades por organismos internacionales en donde se encontró obligado a rever los casos por haber aplicado justamente esta clase de penas a menores de 18 años.

Organizaciones de DDHH, sociales, políticas y abogados especialistas en el tema se encuentran lejos de defender la ley actual del sistema penal juvenil de la dictadura (ley 22.278) que justamente genera un fuerte terreno librado a la arbitrariedad, entre otras cosas. “Hoy en día los niños y niñas que tienen entre 16 y 18 años pueden ser juzgados al igual que un adulto. Pero si el joven justo tiene menos de 16 años y comete un delito, como no es punible, se le puede ordenar su internación, pero eso es justamente estar privado de la libertad. Esto es lo que hace este proyecto, fortalece estos actos, entre otros”, expresó Karina a Agencia Paco Urondo. “Además en el largo plazo se ha despojado y desmantelado las instituciones de contención del niño. Se hicieron adaptaciones y comenzaron a estar sobrepobladas. Esto generó un Estado ausente que solo invierte en políticas punitivistas en vez de garantizar su protección”, agregó.

 Con el siguiente DNU se estarían violando otras normas que, sin ser tratados internacionales, forma parte de las garantías de DDHH en donde el Estado argentino adhirió y se ve obligado a garantizar: “El Estado no puede aplicar políticas regresivas justamente por las garantías internacionales a las cuales adhirió. Pero el problema no es solo el tema de la baja de la imputabilidad, sino que justamente importa también el monto de la pena”. “Esta la hace doblemente regresiva, no solo por la baja a 15 años de edad, sino porque las penas serán más graves”, aclaró con ímpetu. 

Hoy en día no existen datos públicos a nivel nacional sobre delitos cometidos por menores de edad, lo que es grave para poder llevar adelante políticas públicas para la infancia. Pero la información estadística de la provincia de Buenos Aires, en donde vive el 40% de la población argentina, informa que los delitos perpetuados por jóvenes es de 3,6% y que los delitos graves, son solo el 0,5%, que claramente son los que cobran relevancia mediática. Así sucedió estas últimas semanas en donde grandes medios de comunicación viralizaron un video de un menor de 8 años que entró a una joyería en Moreno. Pero lo que muchos de ellos no expresaron es que ese niño había sido expulsado de su escuela en el respectivo municipio (cuando dicha conducta es ilegal), y que no había conseguido lugar en otras ya que muchas estaban cerradas por cuestiones de seguridad tras la explosión del colegio de Moreno desde agosto del 2018. 

Cabe recordar que, mientras el presidente expresó por cadena nacional que creció la economía, bajó la inflación y la pobreza, entre otros, el INDEC informó la última vez que el 48% de los chicos se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Pero este no es el único organismo que arroja esta clase de cifras. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA expresó que el hambre en niños subió de 9,6% a 13%, y que el 20% vive privaciones severas como estar en zonas inundables o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. Entonces, en vez de apoyar políticas públicas de integración social garantizadas mediante el acceso a derechos tales como la vivienda, la educación y la salud, el gobierno de Cambiemos, bajo la política de “combatir” la inseguridad, destina a millones de niños al sistema penal, aumentando la lógica punitiva y aumenta la estigmatización social de la juventud. “El Estado argentino tiene obligaciones para con los jóvenes por la Convención de los Derechos del Niño, y también sus padres por el Código Civil. Pero parece que el Sistema Penal en manos hoy de la cartera de Justicia de Garavano y el Ministerio de Seguridad de Nación a cargo de Patricia Bullrich se toma licencias para reducir las penas. Hay un aumento en la cantidad de fuerzas que confluyen en la Ciudad y la Provincia. Tenemos un país casi militarizado en relación personal de la fuerza y ciudadanos”. En estos últimos años, el abuso policial fue creciendo de manera casi diaria. “Hay muchísimo hostigamiento por parte de las supuestas fuerzas de seguridad. En la 1.11.14, además de los repudiables casos de gatillo fácil, los vecinos vienen a reportar cómo en los ´allanamiento´, la policía se lleva los televisores y hasta dinero ahorrado de la familia. Todos estos robos se hacen en el marco laboral”, expresó a Agencia Paco Urondo.