La Pampa: policía desquiciada

Por Juan Carlos Martínez (*)

La detención de un menor de quince años en General Pico –sumado a otros hechos que son de dominio público- pone al desnudo el desquicio que envuelve a la policía pampeana que responde a las directivas de un ministro ebrio de poder amparado por un gobernador enfermo de complicidad.

El menor fue interceptado por la policía en la puerta de su casa en la que vive con sus padres. El chico es hijo de Manuel Lazarte, conocido y activo militante social, lo que induce a pensar que a través de su hijo le fue enviado un mensaje fácilmente descifrable.

La intervención de la madre en el lugar del atropello extendió a ella el abuso iniciado en la figura del menor, pero la rápida presencia del padre y de otras personas del barrio movilizó a otros vecinos que se dirigieron a la seccional a la que llevaron al adolescente.

Lazarte comentó que el chico no llevaba nada en las manos y que se dirigía a la despensa ubicada frente a su casa y dijo que a Mari, su mujer, que mide poco más de un metro y medio y pesa sesenta kilos, la tiraron al piso entre cinco policías y que a él lo redujeron mientras a su hijo Ramiro lo llevaron esposado.

“Les decíamos que éramos los padres de Ramiro, que estábamos en la puerta de casa, le insistimos que era menor, lo querían llevar a la seccional segunda pero finalmente lo llevaron a la cuarta, a la del Menor. No nos dieron ningún tipo de explicaciones, nos dijeron que fuéramos a pedirlas a la segunda”, expresó Lazarte.

Horas después, el padre del menor y otros militantes sociales presentaron en los tribunales de la ciudad un hábeas corpus preventivo pidiendo que se citara al comisario Padilla, responsable del operativo.

Luego de este trámite, el policía hizo declaraciones públicas acompañado del abogado del foro local Armando Agüero, asesor del ministro de Seguridad, el condenado y cuestionado Juan Carlos Tierno.

El increíble argumento empleado por el comisario Padilla, quien ordenó el operativo para detener al menor es tan ridículo como inquietante. El policía dijo que fueron en busca del menor respondiendo a un llamado telefónico anónimo que, finalmente, la policía atribuyó a otro menor amigo de la víctima que quiso hacerle una broma.

O sea que hicieron todo lo contrario de lo que debieron haber hecho, no sólo por lo que establecen las leyes  y reglamentos policiales sino por simple sentido común.

Si un llamado anónimo hecho en serio o hecho en broma es suficiente para que la policía se movilice y actúe de la forma que lo hizo, la seguridad pública y los derechos de los ciudadanos no están en las mejores manos.

A propósito de esta manera de actuar de la policía, se nos exhuma el recuerdo del Caso Canale, aquel jornalero de General Acha que murió en la comisaría de la localidad sureña el 31 de octubre de 2002 víctima de las golpizas que en principio le adjudicaron a varios presos, condenados pero que en un fallo posterior se estableció que fueron policías los autores de aquella muerte.

La versión de la policía atribuyó la detención de Canale a la denuncia de un vecino que lo acusaba de haber orinado en el tapial de su casa. Un patrullero acudió al domicilio de Canale, lo detuvo, lo trasladó a la comisaría donde fue sometido a una fuerte golpiza que le provocó la muerte a pocas horas de haber sido alojado en una de las celdas.

Obviamente, sin la intervención de un fiscal o de un juez.

En el caso del menor hijo del militante social Manuel Lazarte, el recorrido que hizo la policía es tan burdo que no resiste el menor análisis. Primero se los maltrata, se los conduce a una dependencia policial, se los encierra y una vez que completan el raid de ilegalidades, comienzan a investigar el origen de la llamada y “descubren” que se trató de la broma de un amigo del chico, un agregado que hasta ahora deja más dudas que certezas.

Con los medios tecnológicos modernos que cuenta la policía, el origen de cualquier llamada telefónica que se haga desde el lugar que se haga puede establecerse en el acto, incluido el número del teléfono utilizado y de ese modo dar con el autor del llamado.

Lo cierto es que esta manera de entender la seguridad pública por parte del ministro Tierno y del gobernador Verna es absolutamente incompatible con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que obligan a respetar como principio básico los derechos de todos los ciudadanos.

La violación de esos derechos no sólo la están sufriendo personas mayores sino niños y adolescentes, es decir, menores de edad sometidos a abusos condenables desde lo jurídico hasta lo humano.

Si cumplidos más de treinta años de democracia la policía sigue aplicando métodos que hemos conocido durante la dictadura, a la hora de buscar culpables no sólo hay que  mirar a aquellos que aprietan el gatillo, golpean con el machete o cometen otro tipo de abusos contra las personas, generalmente personas de su misma clase. O sea, pobres contra pobres.

Las mayores responsabilidades son político-judiciales, es decir, la de quienes permiten que el desquicio policial avance como la lava de un volcán en erupción creyendo que ellos escaparán de ser sepultados bajo ese mar de fuego.

¿Qué esperan para actuar? ¿Otro muerto?

(*) Publicado en Radio Kermés, de Santa Rosa, La Pampa.