"La policía porteña tiene un trato protocolar y correcto en los barrios más acomodados, y es violenta en los barrios del sur"

Por Juan Borges

Matías “Pampa” Busso es presidente y uno de los fundadores de la ONG llamada “Asociación contra la violencia institucional (ACVI)”. Dicha organización patrocina a víctimas y las acompaña en sus procesos de lucha y resistencia contra la prepotencia policial o de otras fuerzas de seguridad. Su trabajo está centralizado en CABA, sin embargo, articulan con otros agrupamientos de provincia de Buenos Aires o algunas regiones del interior del país.

AGENCIA PACO URONDO tuvo la oportunidad de entrevistar a Busso, quien planteó un diagnóstico general sobre la situación de la violencia institucional y las estrategias llevadas a cabo por la ONG que preside. Asimismo ofreció una mirada con perspectiva de seguridad democrática.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Podrías presentarte y contarnos que es el ACVI?

Matías Pampa Busso: Soy abogado y tengo una beca del CONICET sobre seguridad ciudadana. Soy presidente de la asociación contra la violencia institucional (ACVI). Dicha organización es una ONG que surgió en 2017, formada por un conjunto de profesionales, principalmente abogados y abogadas. Algunos con experiencia en casos de gatillo fácil. Desde distintos lugares, todos veníamos trabajando en violencia institucional. Somos de un campo multidisciplinar variado pero básicamente abogados.

APU: ¿El desempeño de la asociación contra la violencia institucional está centrado en CABA o es mas nacional?

M-B: Hay en realidad un esfuerzo concreto de federalizar la perspectiva y construir una red de intervención nacional. La realidad es que se torna bastante difícil teniendo en cuenta que la mayoría de los integrantes de la asociación somos de CABA. Las causas que seguimos también son de la misma región donde residimos. Hace poco impulsamos una convocatoria de profesionales contra la violencia institucional y se sumaron algunas personas de las provincias de todo el país. Sin embargo se torna difícil mantener una dinámica de trabajo regular. La perspectiva es comenzar a visibilizar casos de violencia institucional de todo el país. Sin embargo, entendemos que los hechos sucedidos en AMBA siempre cuentan con mayor repercusión.

APU: ¿Qué lectura haces sobre el crimen de Lucas González sucedido en estos últimos días?

M-B: Desde ya me parece un caso trágico y aberrante. Sin embargo hay cuestiones para analizar. Me llamó la atención que se coloque en la agenda el tema de la violencia institucional. Es notable la volatilidad de la opinión publica. Hace un mes se pedía desde algunos funcionarios mayor mano dura y haciendo alarde de mayor dureza en las políticas de seguridad. Los casos que recuerdo son: el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni haciendo alarde de los 150 abatidos por su gestión o el candidato de “Avanza Libertad”, José Luis Espert, pidiendo hacer queso gruyere con los delincuentes. Y de repente gran parte de la sociedad empezó a empatizar con el caso de Lucas y su familia. En general eso no sucede. Mayormente la sociedad toma distancia de los casos o intenta justificar de alguna manera. Lo tomaron medios que no suelen abordar estos caos, incluso medios hegemónicos lo sostuvieron durante varios días. La diferencia estuvo tal vez en el hecho que el club Barracas Central desde un primer momento se expresó contando quien era Lucas, su dedicación deportiva, etc. Fue manifiesta la inocencia de los pibes desde el primer momento. Normalmente las versiones policiales son difíciles de desmontar y la sociedad en general toma partido por los victimarios. En esta situación afortunadamente fue diferente. Lo lamentable es que deba ser tan manifiesta la inocencia de una persona para no merecer morir. Tantos años de lucha y tratar de visibilizar el tema de la violencia institucional provoco que tengan que mostrarse estos hechos terribles, más allá de la línea editorial de ciertos medios. Me da la sensación que nuestro activismo hace mella contra cierta indiferencia e intento de invisibilidad la violencia contra los sectores más humildes de la ciudad de Buenos Aires o el conurbano.

APU: ¿Ven un modo de proceder recurrente de la policía de la ciudad de Buenos Aires con los sectores populares?

M-B: Nosotros vemos básicamente un ensañamiento contra la población trans-migrante. Es una policía cuya misión principal es limpiar las calles. Los sectores populares no tienen un lugar en la ciudad de Buenos Aires. Ni como habitantes, mucho menos como trabajadores. Es notoria la diferencia en el trato por parte de la policía en cuanto a las clases sociales. Que eso se manifiesta en la segmentación territorial. El trato en los barrios más acomodados es protocolar y correcta pero violenta en los barrios del sur. Hay un carácter selectivo y direccionado sobre cierta población. Esta policía surgió desalojando manteros. Esa es su mirada de intervención en los conflictos. Con represión y violencia. Es la expresión evidente de la desigualdad que hay en la ciudad. La polarización social manifiesta.

APU: ¿Cómo ve en general la situación de violencia institucional en esta última etapa, desde la doctrina Chocobar hasta el presente?

M-B: Es importante profundizar los derechos democráticos en nuestra sociedad. Para eso son necesarios direccionamientos políticos claros en la fuerzas de seguridad. Creemos que se había tomado un rumbo claro con la designación de Sabrina Friedric. Los grandes avances fueron cuando estuvo al frente de la cartera de seguridad Nilda Garre. Con Friedrich se derogaron decretos que había sancionado la gestión macrista. Por ejemplo, la ley que contemplaba disparar en caso de fuga, la llamada doctrina Chocobar. Se estaban desarrollando grandes avances y eso nos generaba expectativas. No vemos en la nueva gestión avances con la perspectiva de una seguridad democrática. Como correlato vemos al ministro de seguridad de la provincia más grande del país, Sergio Berni, con un discurso que no se condice con nuestra mirada de una política de seguridad que creemos debe ser la de un gobierno democrático y popular. Es un escenario en discusión, en disputa. Si hay un discurso de odio, represivo, bélico de nuestros funcionarios seguramente las fuerzas de seguridad actuarán en esa dirección. Debe haber un direccionamiento político claro y preciso de carácter democrático para contrarrestar la violencia de las fuerzas. Además se requiere de una política pública activa. El problema de la seguridad en la Argentina no es con más policías. De hecho el nivel de presencia policial es uno de los más altos de la región. Necesitamos contemplar variables de otro tipo, económicas, sociales, políticas para solucionar los temas de seguridad. Creemos firmemente en la perspectiva de la política de seguridad democrática.

APU: ¿Cuál podría ser una agenda teniendo en cuenta esa perspectiva?

M-B: Hay varias cuestiones. Primero que nada la reducción de la presencia policial en las calles, es decir la cantidad de efectivos. Por otro lado la utilización de las armas de fuego fuera del horario de servicio debe limitarse. La policía debe abocarse a delitos complejos. Debe haber una política de bienestar social de la fuerza también. Mejores salarios para no tener que hacer adicionales. Debe haber políticas incentivadoras para dejar las armas fuera del horario de servicio. Asimismo políticas activas de investigaciones y de las sanciones que impulsen que los hechos de violencia institucional no queden impunes. Debe haber sanciones administrativas desde el poder ejecutivo más allá de lo que haga la justicia. El mensaje debe ser claro: “Policía que mata no puede seguir en funciones”. Es necesario un cambio profundo en materia de seguridad. Siempre teniendo en cuenta la perspectiva democrática.