María del Carmen Verdú: “Es auspiciosa la derogación de los protocolos de actuación de las fuerzas federales de Patricia Bullrich”

Por Juan Borges

APU: ¿Cómo analiza la violencia policial en la Argentina?

María del Carmen Verdu: Hace poco más de un mes, publicamos la actualización de nuestro archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. A la fecha de corte, 19/11/2020, registrábamos 411 muertes por gatillo fácil, en lugares de detención y otras modalidades desde el 10/12/2019, lo que nos daba un promedio de una muerte cada 20 horas en ese lapso, apenas inferior al clímax de una muerte cada 18 horas de 2019. El informe con todos sus gráficos y tablas (modalidades, fuerzas, rango de edad, distribución por lugar etc.) lo podes leer o descargar en www.correpi.org.

Desde entonces, son casi 40 los casos registrados, ocurridos entre fines de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021. Como siempre la mayoría son fusilamientos de gatillo fácil y muertes en cárceles y comisarías, aunque también hay femicidios de uniforme y otras modalidades.

A la par que crece la incertidumbre por el avance de la pandemia, que probablemente requiera más temprano que tarde nuevas medidas restrictivas para contenerla, lo que agravará aún más la vulnerable situación de millones que a duras penas sobrevivieron 2020, sin ingresos y sin suficiente asistencia estatal, sigue aumentando la letalidad de las fuerzas de seguridad en las calles y en los lugares de detención, con estos resultados alarmantes, particularmente si partimos de las palabras del propio presidente ante la Asamblea Legislativa el día de su asunción.

APU: ¿Qué cambios se observan desde la implementación de la “Doctrina Chocobar” de Patricia Bullrich con la gestión del Frente de Todos?

MCV: Estamos muy lejos de escapar al gatillo fácil y a la lógica de la muerte por la espalda. En forma paralela a algunos pocos hechos auspiciosos, como la derogación de algunos de los protocolos de actuación de las fuerzas federales dictados por la ex ministra Patricia Bullrich, se tomaron decisiones a contrapelo de ese camino, como la designación del teniente coronel retirado Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales tras la primera reunión Berni-Frederic o la resolución nacional que puso en manos de las fuerzas federales la implementación del ciberpatrullaje.

Entrado el mes de marzo, el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, medida sin dudas correcta desde el punto de vista sanitario frente a la irrupción de la pandemia, pero que no fue acompañada por medidas de carácter social y asistencia suficientes para garantizar su cumplimiento por la totalidad de la población, sino que se designó a las fuerzas de seguridad como responsables de la implementación del aislamiento, con control de la circulación en las calles y aumento de facultades. El resultado de esa decisión es una persona asesinada por el aparato represivo estatal cada 20 horas, con un incremento del voltaje represivo tan marcado que la propia base social de la alianza de gobierno se ha visto obligada a repudiarlo en varias ocasiones, del mismo modo que se ha puesto de manifiesto la tibieza, en el mejor de los casos, con que se responde frente a esos hechos, u otros de enorme gravedad institucional, como la asonada policial bonaerense, no sólo impune, sino premiada con un aumento significativo de ingresos.

APU: ¿Cuáles son los cambios que deberían implementarse en seguridad?

MCV: Hace mucho CORREPI promueve una Agenda Antirrepresiva, que propone una serie de medidas urgentes que, aunque naturalmente no van a lograr la eliminación de un rasgo propio de cualquier gobierno en el marco del sistema capitalista, pero pueden reducir significativamente la letalidad cotidiana de la represión estatal. Es un pliego reivindicativo inmediato que remite a temas tan sensibles históricamente como portación de arma reglamentaria fuera de servicio, facultades para detener personas arbitrariamente, uso indiscriminado y masivo de la prisión preventiva -salvo cuando son represores-, defensa técnica institucional de miembros de las fuerzas imputados en causas penales, dificultad del acceso a las causas de las familias de las víctimas, mantenimiento en servicio de los funcionarios imputados, entre otras.