Organismos de Derechos Humanos rechazan la presencia de la DEA en Santa Fe

Por Daniel Dussex

Guillermo Munné es docente universitario, abogado en juicios por Delitos de Lesa Humanidad e integrante del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, un colectivo conformado por organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociopolíticas que se pronunció en contra de la injerencia de la DEA en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. AGENCIA PACO URONDO habló con él para conocer detalles de este posicionamiento.

APU: El Foro Contra la Impunidad emitió un documento rechazando la posible presencia de la DEA en la provincia de Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico ¿Es así?

Guillermo Munné: Efectivamente, la situación que está viviendo la provincia de Santa Fe ha generado iniciativas que no parecen bien elaboradas y sopesadas para una política de calidad, y en tal sentido lucen con preocupante superficialidad provocando un severo retroceso en aspectos que se evitan analizar.

APU: ¿Cuáles han sido los hechos concretos?

GM: Se conoció ante esta situación local un pronunciamiento del pastor rosarino y diputado provincial, Walter Ghione, reclamando que la policía de la provincia fuera asistida por el FBI y la DEA, luego que el gobernador de la provincia se reuniera en Rosario con representantes de la embajada de Estados Unidos, y a continuación el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, anunciara que la DEA iba a intervenir en la capacitación de la policía provincial en los temas referidos al narcotráfico.

APU: ¿Cuáles son los motivos de rechazo a la participación de la DEA en la lucha contra el narcotráfico?

GM: Desde nuestro punto de vista la complejidad y el desafío mayor que significa prestarles condiciones operativas a los narconegocios en la provincia, sus condiciones de impunidad por vínculos políticos, policiales, judiciales, económicos y financieros no van a tener ninguna mejora por estos anuncios que parecen pensados mediáticamente, al contrario significará un deterioro de las políticas de seguridad de la provincia y la apertura al intervencionismo de un país que utiliza estas vías para subordinar los operadores de esta agenda a sus objetivos propios.

APU: ¿Cuál es la respuesta que espera el Foro con este documento dado a conocer?

GM: Que nuestra postura sea valorada por distintos partícipes en los debates públicos y entre ellos por quienes tienen responsabilidades en instancias estatales, consideramos que las fuerzas políticas con representación en la legislatura deben tomar esta cuestión y desarrollar una discusión mucho más informada sobre la iniciativa, y que las autoridades del Poder Ejecutivo provincial deben revisar el tema tomando en cuenta la complejidad del mismo y los antecedentes históricos y recientes en la región.

Texto completo del documento de rechazo: 

Días atrás se informó que el Gobernador Omar Perotti mantuvo un encuentro con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Argentina en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario. Tras la reunión, el propio Ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, admitió en entrevista radial que la DEA colaborará con la provincia de Santa Fe en el combate contra los delitos vinculados al narcotráfico. Paralelamente, el diputado Walter Ghione, presidente del partido UNO y aliado el interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura santafesina, reclamó que los gobiernos nacional y provincial gestionen la intervención operativa de la DEA y el FBI norteamericanos para actuar contra las bandas del narcotráfico.

Este tipo de medidas no sólo profundizará los vínculos menos formales de la policía provincial y de los operadores judiciales con estas agencias de los EEUU sino que, además, las posiciona en un rol de tutelaje para definir agenda, estrategias e instrumento en las acciones contra el narcotráfico. Desactivar las condiciones en que operan los gigantes negocios del narcotráfico y terminar con los vínculos políticos, policiales, judiciales y económicos que hacen a su impunidad, constituyen desafíos para los cuales nada suman y mucho perjudican los anuncios simplistas y que siguen prioridades mediáticas. Los objetivos reales de estas agencias estadounidenses están en función de las políticas internas e internacionales de los EEUU en sus modos de convivencia y utilización de los narconegocios, así como, el alcance de sus redes de inteligencia. Para esto logran impunidad en las acciones ilegales de quienes denominan como agentes a la vez que despliegan un sistema de favores y promociones a todos les funcionaries y magistrades que se les subordinen. La divergencia entre la realidad de estas prácticas y una tarea efectiva contra las organizaciones de narconegocios, no sólo está acreditada por su ineficacia en los países latinonamericanos que les han dado cabida sino también por las dimensiones inigualadas que adquiere en los EEUU el tráfico de drogas ilegales.

Durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, fue con la Doctrina de la Seguridad Nacional que los EEUU orientaron a las fuerzas armadas y de seguridad de nuestros países hacia un funcionamiento criminal y subordinado a sus intereses geopolíticos. También expresión de ello, era el adiestramiento en la Escuela de las Américas y la coordinación internacional de tareas en el llamado Plan Cóndor. Desde la recuperación de la democracia, no se ha cumplido con una labor de separar a las estructuras policiales de un funcionamiento acoplado al crimen organizado, desviado de los fines de políticas de seguridad democrática. En la actualidad, los EEUU ofrecen a la DEA como vía privilegiada para mantener vínculos de subordinación con cuerpos policiales, administrativos y judiciales, de manera tanto pública como clandestina.

Desde el Foro Contra la impunidad y por la Justicia de Santa Fe expresamos nuestro repudio a las iniciativas que siguen apartando las políticas de seguridad de la protección de los derechos de la ciudadanía que fortalezcan nuestra democracia y soberanía. Manifestamos que no hay lugar para la connivencia con las agencias que materializan intereses de los EEUU por ser ello lo opuesto a la defensa de la soberanía nacional y porque los antecedentes de tal injerencia demuestran que sólo genera más violencia social y padecimientos para nuestro pueblo.