Que vuelva el protocolo de Nilda Garre

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

Uno de los aportes centrales del gobierno nacional de Néstor Kirchner tuvo que ver con un cambio de paradigma frente a la protesta social. Las fuerzas de seguridad ya no estaban para reprimir sino para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. No sólo había que garantizar el derecho a expresarse libremente, sino todos aquellos otros derechos necesarios para expresarse, a saber: el derecho a desplazarse, el derecho a reunirse, a organizarse, y a peticionar a las autoridades. Si los manifestantes transformaban el espacio público en un foro público estaban en todo su derecho. Prueba de ello es el Protocolo que redactaron durante las gestiones de Masquelet y Garré, más conocido como los 21 puntos. Un protocolo que fue el producto de una experiencia que se demoró varios meses, de la que participaron no sólo funcionarios, sino organizaciones sociales, de derechos humanos y agentes de la Policía Federal, la Gendarmería y Prefectura.

Hoy a la tarde, durante la manifestación de los trabajadores de Astilleros Rio Santiago de Ensenada, un trabajador que estaba garantizando el corte fue herido con un arma de fuego en su pierna por el conductor de un vehículo marca Volkswagen patente NMW 413. Se trata de Eduardo Lima quien fue trasladado rápidamente al Hospital Gutiérrez de la ciudad de La Plata para ser atendido. El hecho ocurrió en la intersección de la calle 43 y 130 cuando los trabajadores astilleros estaban marchando hacia el Ministerio de Trabajo de la Provincia para manifestar su desconformidad por el aumento ofrecido y reclamar mejores condiciones salariales. Algunos testigos del hecho vinculan al autor del disparo con trabajadores cercanos a la UOCRA, más concretamente apuntaron a Agustín Medina, hijo del titular de la UOCRA en la región, Juan Pablo "El pata" Medina. Se trata de la misma persona que en el año 2013 junto a otros tres integrantes del gremio de la construcción agredieron ferozmente a militantes de La Cámpora de La Plata. Habrá que esperar las investigaciones judiciales.

Mientras tanto conviene estar atentos. No sería descabellado que en las próximas horas los deslegitimadores de siempre intenten minimizar los hechos afirmando que se trató de un enfrentamiento entre patotas sindicales. No sería la primera vez que los editores del periodismo empresarial titulan de esta manera una noticia semejante. Por suerte hay un video del momento posterior al disparo donde se puede ver al conductor, autor del disparo, cuando se baja del vehículo con el acompañante a increpar a los trabajadores, para después subirse otra vez al vehículo y huir a toda velocidad.

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Tampoco faltarán los que encuentren en estos hechos otra excusa para regular la protesta. En efecto, los hechos tienen lugar cuando está por comenzar a debatirse en el Consejo Deliberante de la ciudad de La Plata, un protocolo antipiquete que pretende regular la protesta social. El proyecto es un “corte y pegue” del nuevo protocolo presentado por la Ministra Patricia Bullrich en el mes de febrero, una suerte de declaración de intenciones, que no tiene todavía número de resolución ministerial y tampoco se ha convertido en un proyecto legislativo.

Cuando los policías liberan la zona, o siguen las manifestaciones públicas desde muy lejos, dejan la puerta abierta a este tipo de hechos. Situaciones parecidas vivieron el movimiento de desocupados en el 2000, 2001 y 2002. Los casos más conocidos fueron el de Javier Barrientos, un militante del MTD de Lanús, asesinado de un balazo en un piquete en Esteban Echeverría, el ataque a Orlando Rivero, otro desocupado del MTD de Solano; o los disparos ejecutados por un penitenciario en una protesta frente al edificio municipal de Lanús donde resultó herido Juan Arredondo, también militante de la Aníbal Verón.

La protesta no es un delito, sino un derecho conquistado a lo largo del siglo XX. Un derecho amparado por la Constitución Nacional, con reconocimiento internacional en los distintos pactos y tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina firmó oportunamente. Corresponde al Estado argentino no sólo no reprimir la protesta social sino garantizar su ejercicio.

*Docente e investigador de la UNQ y UNLP. Autor de Temor y Control (2014) y La máquina de la inseguridad (2016). Miembro del CIAJ e integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.