Resistencia: ni agua para los presos

Por Brian Pellegrini, desde Resistencia, Chaco

Ese fue el escenario que debieron padecer desde finales de 2015 y los primeros meses de 2016 los internos de la Alcaidía de la capital chaqueña hasta que, asesorados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, exigieron a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial que abastecieran de agua potable a la cárcel más grande de la provincia, en donde se alberga a más de 350 personas, casi el doble del cupo permitido. Otro dato alarmante es que, según datos del Comité Provincial contra la Tortura, la población carcelaria se divide casi en partes iguales entre condenados y procesados sin sentencia firme.

“No contamos con agua potable para tomar, para cocinar, para la higiene personal ni mucho menos para efectuar la limpieza de los pabellones”, señalaba la acción de habeas corpus colectiva impulsada por un grupo de alojados en el Complejo Penitenciario N° 1 de la capital chaqueña.

Pero, lo que debía provocar una respuesta expeditiva de cualquier administrador de justicia, no sucedió, pese a que el planteo guardaba estricta congruencia con el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 20 de la Carta Magna Provincial y la Convención Americana de Derechos Humanos que consigna que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

Una de las juezas del tribunal donde se analizó realizar la presentación adelantó que rechazaría cualquier planteo que se le realizara porque toda la ciudad de Resistencia y ella misma no podía contar con servicio agua potable. Eso, a pesar de que los alojados en la penitenciaría de Resistencia exigían agua por una cuestión de salud e higiene y no reclamaban la instalación de acondicionadores splits en sus pabellones, algo que en las prisiones del norte argentino debiera ser incorporado al imperativo que exige “condiciones dignas de detención”.

Quién sí recogió el planteo y pocas días después hizo lugar al mismo fue el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Resistencia, Jorge Mladen Sinkovich. Fue el pasado viernes 4 de marzo, luego de disponer una inspección en el centro de detención, el magistrado hizo lugar a la acción de habeas corpus colectivo mediante la cual ordenó a las autoridades del SPF que instale dos tanques cisterna de 5 mil litros cada uno y una serie de medidas para garantizar la provisión constante del suministro de agua potable para los internos.

Además, el juez Sinkovich requirió a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano y al Comité de Prevención de la Tortura a que “procedan a efectuar los controles pertinentes a través de visitas periódicas no programadas al Centro Penitenciario en cuestión, debiendo poner en conocimiento al suscripto de cualquier acto de violación a lo aquí ordenado”.