Rosario: imputaron a cinco efectivos policiales por la muerte de una docente

Por prensa APDH

En el día de ayer imputaron a 5 agentes policiales responsables por la muerte de la docente María de los Ángeles Paris. Los hechos tuvieron lugar el 3 de mayo de 2017 en la comisaría N°10 del barrio Alberdi en la ciudad de Rosario. 

Desde la APDH remarcaron la importancia de que haya tenido lugar la audiencia que representa el primer paso hacia un juicio oral y agregaron: "por primera vez el Estado, en el caso el Ministerio Público de la Acusación, reconoce lo que venimos sosteniendo desde un primer momento: Ángeles París fue sometida a violencias en la Comisaría N°10 de la ciudad de Rosario".

La causa investiga la muerte de la docente y bibliotecaria que ingresó a la comisaría en la noche del 3 de mayo de 2017. Los motivos de su ingreso a la dependencia policial se desconocen. De acuerdo a un registro fílmico y a testigos del hecho, mientras se encontraba en la vereda de la Comisaría, María de los Ángeles fue tomada por el cabello, el cuello, golpeada. Posteriormente fue esposada e inmovilizada boca abajo con los brazos por delante y trasladada a un cuarto de la seccional.

La segunda autopsia realizada reveló que sufrió golpes en la espalda, ambos brazos, tobillo y pie izquierdo, ambas piernas y rodillas así como fractura de dos arcos costales. La autopsia dictaminó que la muerte se produjo por una arritmia cardíaca fatal,  producto del estado hiperadrenérgico originado en la resistencia al sometimiento de los agentes policiales, coadyuvado por una hipoxia aguda (asfixia posicional). Lo que nos permite  descartar así la conclusión de la primera autopsia que indicaba una muerte por causas naturales.

La familia de la víctima, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la AMSAFE Rosario y la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, solicitó que se califiquen los hechos como tortura seguida de muerte y exigieron prisión preventiva para dos agentes policiales. 

El juez calificó provisoriamente los hechos acorde a lo propuesto por la Fiscalía como homicidio preterintencional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En relación a las medidas cautelares impuso la presentación periódica de las y los imputados ante la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de salir del país y de todo tipo de contacto con la familia y los testigos de la causa.