Salud mental: peligran Derechos Humanos por cambios del macrismo

Por Santiago Gómez

Asociaciones de usuarios y familiares que luchan por el respeto a los derechos humanos en Salud Mental alertaron sobre las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de modificar la Ley Nacional de Salud Mental para trasladar el Órgano de Revisión de la ley, del Ministerio Público de la Defensa al Ministerio de Salud, autoridad de aplicación de la misma. La razón: los principales manicomios del país dependen del macrismo. De esta manera, quien debe controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 26.657 por parte de la autoridad de aplicación pasaría a quedar subordinado a la misma. El Comité de Derechos Humanos de la ONU le recomendó recientemente al Estado argentino “velar por la plena aplicación de los estándares internacionales y de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657” y “establecer un sistema independiente de supervisión y presentación de informes” que garantice que “los abusos sean investigados y enjuiciados efectivamente y que se proporcione reparación a las víctimas y sus familias”.

“Celdas de aislamiento. Electroshock. Niños contenidos física y médicamente. Internaciones de años, sin revisión”, esas fueron las primeras palabras del primer informe de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de 2014. Para ese entonces de Macri sólo dependían el manicomio para niños Tobar García, el manicomio para mujeres Braulio Moyano y el Borda, manicomio para hombres. Hoy dependen de la gestión del PRO los siguientes manicomios: la colonia Montes de Oca, en la ciudad de Torres, dependiente de nación; la colonia Domingo Cabred, conocida como Open Door, en Luján; el hospital Alejandro Korn, conocido como el Melchor Romero, en la ciudad de La Plata; el hospital Estevez, en la ciudad de Temperley, y todos los hospitales dependientes de la nación, la provincia y ciudad de Buenos Aires que brinden atención en salud mental.

Según el informe “Camas disponibles destinadas a la atención en Salud Mental y egresos hospitalarios del sector público en Argentina”, elaborado por el Ministerio de Salud en el año 2010, son 4.000 las camas destinadas a salud mental en los hospitales psiquiátricos en la provincia de Buenos Aires. Le sigue la provincia de Córdoba con 1.370, luego Santa Fe con 460. El informe del año 2015 del Órgano de Revisión, presentado en abril de este año, señala que se recibieron 4.539 comunicaciones sobre internaciones, de los cuales 151 notificaron el fallecimiento de personas en contextos de encierro. En el 77% de las comunicaciones se informó que el 90% de las internaciones fueron involuntarias. El 22% de las comunicaciones están relacionadas con menores de edad.

En el documento que usuarios, asociaciones y demás actores involucrados en la defensa de los derechos humanos en salud mental difundieron alertando del retroceso que significaría quitar al Órgano de Revisión de la Defensoría General de la Nación, se advierte la trascendencia de los informes elaborados por la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión: “Documento sobre muertes en instituciones monovalentes en Salud Mental” y “Dictamen sobre el uso de Electroshock”. Aunque a más de un lector pueda sorprenderle que en el siglo XXI se siga aplicando corriente eléctrica a una persona, dentro del ámbito de la salud mental todavía hay profesionales que se resisten a dejar de usar esa técnica tortuosa.
 
¿Qué establece la ley?

Conforme el artículo 38 de la Ley de Salud Mental el Órgano de Revisión debe depender del Ministerio Público de la Defensa y el artículo 39 establece que el mismo debe estar integrado por representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio Público de la Defensa, asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y ong's abocadas a la defensa de los derechos humanos. Asociaciones de usuarios y familiares, así como distintas ong's alertaron que el proyecto de Macri no sólo busca que el organismo de contralor dependa de quien tiene que controlar, sino que además “elimina de su conformación plenaria a las organizaciones de usuarios y en su lugar define la participación de 2 asociaciones de psiquiatras”, a las que no identificaron.

Detrás de este proyecto de reforma no sólo se encuentra el deseo de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta de no seguir acumulando denuncias por las violaciones a los derechos humanos en Salud Mental, sino también los intereses de asociaciones de profesionales, que según la Ley de Salud Mental también son responsables por las violaciones y abusos que se comenten contra las personas que tienen a su cuidado y el interés de quienes hacen negocios con el encierro de las personas. Todos coinciden en un mismo objetivo: dejar el asunto en mano de las corporaciones médicas, eliminar la perspectiva de derechos humanos en el abordaje de la salud mental y desplazar a la ex jueza María Graciela Iglesias, al frente de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental, por su reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

En su paso por el poder judicial como jueza en el Tribunal N°1 de Familia de Mar del Plata, Iglesias sentó jurisprudencia que fue fundamental en la lucha por los derechos de las personas con padecimiento psicosocial y de fuerte inspiración para la sancionada ley. Por esta razón, fue nombrada por la Defensoría General de la Nación, a través de la resolución 797/13 como Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión, y es consultada permanentemente por diferentes organismos internacionales, universidades y gobiernos de América Latina, de cualquier color y pelaje.

A través de un comunicado, el Órgano de Revisión de Salud Mental destacó la importancia de que Argentina cuente con “organismos independientes de protección de derechos humanos de usuarios de servicios de salud mental. De ello, y de la efectiva participación de los usuarios en estos organismos, depende la eficacia del sistema de control y la vigencia de sus derechos humanos”. El OR destacó que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud destacan que la independencia del OR es “'un aspecto crucial' para detener las violaciones a los derechos humanos de las que ese colectivo es objeto y los Órganos de Revisión 'no deben recibir influencias políticas, ministeriales o de proveedores de servicios de salud'”.

El comunicado recuerda también lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, en referencia a que “el tratado internacional, al que el Estado argentino adhirió, establece que un organismo de revisión independiente con participación de las personas con discapacidad psicosocial es la principal garantía para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental”.