Los medios de comunicación masivos como partícipes necesarios del genocidio

Por Rocío Cereijo

A cuarenta años de la última dictadura cívico militar, resulta necesario detenerse en el rol que cumplieron los distintos sectores de la sociedad argentina, no sólo como cómplices, sino como partícipes necesarios para la puesta en marcha del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio desplegado entonces. En este sentido, es importante destacar que la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad resultaron necesarios no sólo como medida de reparación histórica para las víctimas directas e indirectas del genocidio, sino también para evidenciar el grado de cooperación de civiles, de miembros eclesiásticos, de empresas, de un amplio sector del poder judicial y, también, de los medios de comunicación masivos. Analizaremos a continuación brevemente cómo contribuyeron estos últimos a legitimar a las juntas militares que gobernaron de facto y la relación de directivos mediáticos con las tres Fuerzas Armadas (FFAA).

Es importante partir del hecho de que los medios de comunicación son escenarios privilegiados que ocupan un lugar destacado en la disputa discursiva por los sentidos legítimos del mundo. Pero esta lucha desde un espacio de poder estratégico cobra una mayor importancia debido a que lo que está en juego es la legitimación de una/s verdad/es. Durante la última dictadura existió un sistema mediático hegemónico desde el cual se modeló la construcción discursiva de una otredad (los subversivos, los terroristas guerrilleros, los demonios, entre otros términos) a la que solo quedaba enfrentar desde el exterminio. Algunos de ellos, incluso, participaron como órganos fundamentales de inteligencia de las FFAA, cuyo rol estaba establecido en la normativa castrense.

Entre los documentos militares se encontraba la Directiva del Consejo de Defensa N° 1/75 que, entre los objetivos, planteaba la necesidad de “(…) incrementar el apoyo de la población a las propias operaciones; orientar la opinión pública nacional e internacional, a fin de que tome consciencia que la subversión es un ‘enemigo indigno de esta patria’; identificar a los integrantes de los propios medios en los propósitos de la lucha contra la subversión”. El Plan de Capacidades de la Armada Argentina (PLACINTARA) afirmaba en esta línea: “La difusión de los hechos según convenga a cada circunstancia será efectuada por los Comandantes de las Fuerzas de Tareas (FFTT) y responderá a la planificación de las operaciones psicológicas de apoyo. (…) De acuerdo con la repercusión sobre la opinión pública los Comandantes de FFTT propondrán las comunicaciones a efectuar por el Comando de Operaciones Navales y por el Comando en Jefe de la Armada”.

También pueden destacarse el Plan del Ejército, que estipulaba tres fases de acción psicológica (preparación, ejecución y consolidación), el Reglamento RC-9-1 de “Operaciones contra elementos subversivos”, la Directiva del Comandante en Jefe del Ejército 504/77 y los Reglamentos RC-16-1 y RC-5-1, entre otros. Acorde a lo planteado en estos textos, diarios gráficos, revistas, programas televisivos y radiales construían enfrentamientos fraguados en casos donde las víctimas habían sido fusiladas; algunas de ellas, incluso, luego de permanecer detenidas en centros clandestinos de detención en condiciones infrahumanas. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el PLACINTARA difundían u ocultaban crímenes según conveniencias de las FFAA.

El genocida Anselmo Pedro Palavezzati reconoció, en el marco del juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Cacha”, que existieron vínculos entre el Servicio de Inteligencia del Estado y el diario El Día de La Plata (Ver "Kraiselburd y Massot: páginas manchadas con sangre" durante la última dictadura. Asimismo, Acdel Edgardo Vilas, Segundo Comandante del V° Cuerpo de Ejército, sostuvo que el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca fue un “valioso auxiliar de la conducción” (Ver "Siete claves para conocer la causa Massot"). Este represor, además, mencionó que en al menos una oportunidad el medio de comunicación bahiense publicó artículos con un fin “estrictamente operacional” prescripta por el “Reglamento de Operaciones Psicológicas”. La lista sigue y también la integran medios de comunicación hegemónicos como Clarín, La Nación, Para Ti, Somos, Gente, entre otros.

Algunos de ellos fueron judicializados: el caso de Alejandrina Barry, que fue construida por tres artículos publicados entre diciembre de 1977 y enero de 1978 por revistas de la Editorial Atlántida como una hija del terror abandonada a su suerte, mientras sus padres se encontraban secuestrados; el de la apropiación ilegal de Papel Prensa S.A., donde una de las mayores accionarias de la empresa, Lidia Papaleo de Graiver, fue amenazada de muerte por el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y luego secuestrada, torturada y abusada sexualmente por genocidas; y el de la participación de La Nueva Provincia como un engranaje más de las FFAA, denunciado por la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Sólo el último de ellos sigue el curso judicial: más allá de la falta de mérito dictada a favor de Vicente Gonzalo Massot (actual director del diario y único miembro de la junta directiva vivo del período dictatorial), nuevas pruebas que lo involucran fueron sumadas a la investigación (Ver "Operación Cóndor: revelan que Massot fue contacto de la inteligencia chilena")

La celebración del golpe de Estado

Si bien este artículo hace especial hincapié en el periodismo que se benefició del terrorismo de Estado, cabe destacar que resulta difícil circunscribir al período 1976-1983 las gravísimas afecciones a la libertad de expresión que afectó a comunicadores que intentaban pronunciarse en contra del genocidio. Si bien estos episodios no comenzaron el 24 de marzo de 1976, sino tiempo antes, adquirieron una sistematicidad con el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional: al menos noventa y nueve periodistas resultaron víctimas del terrorismo de Estado desplegado entonces.

También es importante aclarar que la persecución desplegada contra militantes políticos y la deslegitimación del sistema democrático no sólo se circunscribió a la última dictadura, sino que hubo un discurso mediático que instaló la idea de la necesidad de la irrupción de las FFAA. El diario La Razón sostuvo el 17 de enero de 1976 en referencia a los cambios de gabinete de María Estela Martínez de Perón: “Entre tanto, la reorganización ministerial, ¿constituye los ‘cambios profundos’ de que hablaba el general Videla en su conocido radiograma a los mandos, como reclamo de las Fuerzas Armadas al Gobierno? Según las evidencias la respuesta es negativa. Y agregamos más: hay una gran sensibilidad en los hombres de armas frente al desarrollo de los acontecimientos (…) Un alto jefe militar decía anoche en rueda interna: las Fuerzas Armadas cumplirán, inexorablemente, su deber. Nadie lo dude”. La Nueva Provincia, por ejemplo, publicó editoriales durante 1975 donde se nombraba a los dirigentes sindicales gráficos, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que luego serían secuestrados, torturados y fusilados.

El 24 de marzo de 1976, los principales medios de comunicación celebraron el golpe de Estado: La Nación publicó en su tapa una nota titulada “Las Fuerzas Armadas asumen el poder; detúvose a la Presidente”; Clarín, “Nuevo gobierno”; La Nueva Provincia, “Gobiernan las Fuerzas Armadas. Refundar la Patria. Si así lo hiciéres, que Dios os lo premie; si no, que os lo demande”; La Razón, “Las Fuerzas Armadas han asumido hoy el ejercicio del poder” y El Día, “Fue derrocado el gobierno, asumieron los comandantes generales”. En ninguno de estos casos, por ejemplo, se hizo mención al golpe de Estado que se había cometido, ni tampoco a la dictadura que se instalaba a partir de éste. Lo mismo sucedió dos días después con la asunción del presidente de la primera Junta Militar, Jorge Rafael Videla, quien tampoco fue descripto como “de facto”.

El medio de comunicación bahiense fue explícito al determinar el enemigo interno al que era necesario exterminar: “salvando cualquier duda, el aparato subversivo en todas sus facetas; el ‘sacerdocio’ tercermundista que, desesperanzado de alcanzar el cielo, intenta transformar la tierra en un infierno bolchevique; la corrupción sindical, que lejos de considerar al trabajo ‘orgullo de la estirpe’, le ha rebajado, convirtiéndolo en vil chantaje y holganza; los partidos políticos, nacidos, según sus encendidas mentiras, para servir el bien común, pero, desde sus orígenes, sólo interesados en subordinarlo a mezquinos intereses del comité; enemiga es la usura de la ‘derecha’ económica y también la contracultura izquierdizante (...) Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre”, sostuvo en la portada de ese día. También acompañó sus artículos en este período con recuadros donde se llamaba a los vecinos de Bahía Blanca a denunciar cualquier “actitud sospechosa”. Por ejemplo, debajo del editorial del 29 de junio de 1976, se publicó un pedido expreso del Comando V° Cuerpo de Ejército local que solicitaba la denuncia de los ciudadanos “ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada”.

Las notas de bienvenida al “nuevo gobierno” publicadas en las tapas, también fueron acompañadas de otras al interior de cada uno de estos ejemplares y el apoyo a las FFAA fue rotundo durante los años siguientes. El 25 de marzo de 1976 el diario La Nación sostuvo en su editorial: “La crisis ha culminado. No hay sorpresa en la Nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto antes de su eliminación por la vía de un cambio como el que se ha operado. En lugar de aquella sorpresa hay una enorme expectación. Todos sabemos que se necesitan planes sólidos para facilitar la rehabilitación material y moral de una comunidad herida por demasiados fracasos y dominada por un escepticismo contaminante. Precisamente por la magnitud de la tarea de emprender, la primera condición es que se afiance en las Fuerzas Armadas la cohesión con la cual han actuado hasta aquí. Hay un país que tiene valiosas reservas de confianza, pero también hay un terrorismo que acecha”.

Los ejemplos de esta cooperación de los grandes medios de comunicación argentinos con el plan sistemático de desaparición tortura y exterminio desplegado durante la última dictadura se multiplican en los ejemplares posteriores. Si bien la reapertura de juicios por crímenes de lesa humanidad ha puesto en evidencia esta participación como un engranaje más del terrorismo de Estado, casi la totalidad de estas causas se encuentran paralizadas. En este sentido, la investigación con mayores avances a la actualidad ha sido la iniciada contra Massot, propietario de La Nueva Provincia. Pero a pesar de la gran cantidad de pruebas aportadas por los fiscales que obran en su contra, la corporación judicial bahiense dictó su falta de mérito (Ver "H.I.J.O.S.: escrache a Massot y Blaquier")