Migrar no es delito

Fotos: Agustina Ríos Blanco

Por Lorena Bermejo

Según un estudio que en los últimos días dio a conocer la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a un medio digital, en 2019 se expulsaron 538 personas. No hay nombres ni historias: solo números que flamean en medio de la campaña electoral. Con objetivos medibles, la gestión de Cambiemos es clara en su política migrante. “Para ellos, el número es el logro. Quieren llegar a diez mil expulsados, el resto no importa”, señala Juan Martín Villanueva, abogado del caso de Vanessa Gomez Cuevas, que participó de la reunión. El 4 de febrero, Vanessa fue expulsada a Lima, obligada a separarse de sus dos hijos mayores y viajar a Perú con su bebé, nacido hace dos años en Capital Federal.  

El viernes 26 de julio, después de dos postergaciones y un cambio de horario, los representantes de la campaña Migrar no es delito, una multisectorial de organizaciones sociales, partidos políticos y agrupaciones culturales que se juntaron para pedir la cancelación del Decreto 70/2017, se reunieron con Horacio García, director de la DNM, para conversar sobre las decisiones que se vienen tomando desde el Gobierno en cuanto a políticas migratorias en los últimos meses. De la reunión participaron también Diego Enríquez, Director de Control Migratorio, y Sebastián Horton, director general de inmigraciones. Una de las novedades más recientes fue la creación de la Policía Migratoria Auxiliar, un organismo que depende de la Policía de la Ciudad pero que tiene las facultades de actuar en representación de Migraciones, encargado de colaborar con los trámites de control de permanencia y ejecutar las expulsiones en espera, es decir, encrudecer la persecución que desde 2016 viene llevando a cabo el Gobierno hacia los y las migrantes. Con este panorama y una postura que no tiene horizontes de transformación, la reunión no fue alentadora. “De los siete puntos que llevamos a la mesa, solo se pudo llegar a un acuerdo, de manera no muy positiva, en dos de los conflictos que presentamos”, aseguran desde la Campaña. 

La reunión se consiguió después de meses de reclamos, movilizaciones sociales y solicitudes por parte de distintos organismos. “Fue una cuestión de apariencia, pero su postura fue más de enojo que de diálogo”, describió el abogado de Vanessa, que ya se había reunido anteriormente con Horacio García para tratar puntualmente su caso, y tampoco recibió una respuesta. Dentro de las problemáticas vigentes, se exigió el cumplimiento del derecho de reunificación familiar, establecido dentro de la Ley de Migraciones 25.871, reglamentada en 2010. La reagrupación o reunificación familiar es el derecho de los y las migrantes a mantener la unidad de su familia, pudiendo para ello reunir consigo a determinados parientes en el país al que se han desplazado. Al incumplir este derecho, como sucede en el caso de Vanessa, se viola lo establecido en la Convención de los Derechos de los Niños, tratado internacional sobre los derechos humanos básicos de los niños y las niñas. 

Otro de los temas pendientes es el conflicto que genera el sistema RADEX, sistema de radicación para extranjeros en el país. El mismo, que entró en vigencia en octubre del año pasado, presenta grandes dificultades de acceso económico, con tarifas de tres mil pesos para todos los tramites de residencia en el caso migrantes cuya nacionalidad pertenece a países del Mercosur, y tarifas que escalan a los seis mil pesos para el resto de las nacionalidades. El conflicto con el sistema es que además de ser caro, solo se puede hacer en castellano y por internet. Quien no sabe el idioma o no tiene acceso a una computadora en su casa, queda excluido. La única respuesta al respecto de este tema fue abrir la posibilidad de una próxima reunión para organizar capacitaciones en los barrios en caso de que se presenten dificultades. Sin embargo, no se pactó una fecha ni una modalidad para la actividad. Dentro de este punto, además del pedido de reducción de las tarifas, se exigió la aceptación de la carta de pobreza, para dar cuenta de las situaciones de vulnerabilidad en aquellas personas que no cuentan con el dinero para afrontar el pago del trámite para la renovación de la residencia: si migrar es un derecho humano, ¿por qué se debería pagar para habitar, existir, en un territorio? A contracorriente de las políticas migratorias que se venían llevando a cabo en los últimos diez años, que apuntaban a la inclusión y a la convivencia, las modificaciones de los últimos tres años tienden a la discriminación y la exclusión de las personas migrantes.

Al igual que se viene solicitando desde hace dos años, cuando se conformó la campaña Migrar no es Delito, en la reunión también se reclamó por el DNU 70/2017, que restringe los derechos de los y las migrantes en Argentina y criminaliza su presencia, relacionando aleatoriamente la inseguridad y el aumento de la delincuencia con la identidad migrante. Sobre este reclamo, García respondió que la normativa está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe decidir sobre la constitucionalidad o no de ciertos artículos del decreto. “La única posibilidad sería que la Corte falle a favor de esa inconstitucionalidad, pero la Corte no tiene plazos, sino que trata los casos de acuerdo a sus tiempos políticos, es decir, cuando quiere”, opinó Villanueva en conversación con APU. Cabe recordar que desde la entrada en vigencia del DNU, las expulsiones arbitrarias de migrantes se hicieron moneda corriente. "No tenemos la culpa de que las defensas de los migrantes no tomen una buena estrategia técnica y jurídica a la hora de defender los casos”, dijeron desde la DNM en el marco de la reunión.

La política persecutoria a migrantes no es un fenómeno aislado local, ni tampoco un conflicto sin antecedentes. Las promesas de Donald Trump en su campaña del 2016 y el recrudecimiento de la policía migratoria conocida en Estados Unidos como ICE, o el caso del barco africano que no pudo desembarcar en la costa italiana el año pasado, son algunos de los ejemplos del retroceso de los derechos humanos en un claro avance de los gobiernos conservadores y neoliberales alrededor del mundo.  

En primera persona 

Vanessa Gomez Cuevas fue expulsada de Argentina el lunes 4 de febrero de este año, después de haber pasado tres noches hacinada en un sótano de Ezeiza: una celda, vigilada por la Policía Aeroportuaria, que hace de limbo entre fronteras. Allí durmió y esperó junto a su hijo Michael, de dos años, quien, como sus otros dos hijos, es argentino. Michael no pudo despedirse de sus dos hermanos, ni recibir en mano las pertenencias que le preparó su abuela, la mamá de Vanessa, con quien compartían terreno en el barrio Altos de San Lorenzo, en la localidad de La Plata. El único que pudo pasar a verla fue su abogado Juan Martín Villanueva, quien empezó a actuar como su defensor ese mismo viernes, primero de febrero, cuando la detuvieron sin darle la explicación verdadera, la subieron en una camioneta y, después de pasar por la revisación médica y por la comisaría de la calle Madariaga, en un par de horas, la condujeron a Ezeiza.  

Vanessa, sus tres hermanas, y su madre, son peruanas. Nacieron en Chimbote, una ciudad costera al norte de Lima. En los 90’, con la promesa del uno a uno y una oportunidad laboral, la madre de Vanessa viajó a la Argentina. Vino con lo puesto y un bolso en la mano, sin conocer la ciudad ni el país. En Bajo Flores la recibió una amiga, y cuando consiguió trabajo y pudo establecerse un poco mejor, fue recibiendo a sus hijas y a uno de sus hijos, que apenas pudieron se vinieron para Buenos Aires. Siempre se las rebuscaron para salir adelante, haciendo changas, vendiendo comida en el barrio o trabajando en limpieza o enfermería en casas de familia. Hoy, dos de las hermanas son enfermeras, una de ellas es docente, y la más chica trabaja como electricista.  

En un malentendido, cuando vivía en el Bajo Flores, Vanessa quedó inserta en una causa por tenencia y comercialización de estupefacientes. Sin pruebas, la detuvieron y la llevaron a Ezeiza, donde la asesoraron para que firme una condena abreviada que, según le dijeron, era más conveniente que esperar el juicio. Vanessa terminó su condena en prisión domiciliaria, porque para ese entonces se había quedado embarazada de Matías, su segundo hijo. Al finalizar la condena, estudió enfermería y empezó a trabajar cuidando personas mayores en La Plata, donde estaba viviendo junto a su madre, en un terreno que una de sus hermanas había comprado a través de un plan social y construido para que su familia pueda tener un lugar donde vivir. Desde que terminó el proceso judicial, Vanessa intentó tramitar su residencia, que ya estaba vencida. Sin embargo, a pesar de la insistencia y los reiterados intentos de comprensión, de la importancia que para ella tenía el hecho de tener un documento para poder trabajar de enfermera en un hospital, la DNM emitió el pedido de expulsión. 

Desde febrero, Vanessa está en Lima parando en la casa de su medio hermano, que vive en un espacio pequeño con el resto de su familia: su esposa y sus dos hijas. Sin nadie que le cuide a Michael ni medios económicos para afrontar el pago de una guardería, ella no puede salir a buscar trabajo. En La Plata, sus dos hijos, sus hermanas y su madre, están a la espera de una respuesta por parte de la DNM, del Gobierno o de la Justicia, una esperanza de que Vanessa vuelva a su casa y a su vida de antes.  

La falta de información es una de las maniobras que la DNM adoptó en los útlimos años como modo de accionar. Sin aviso y sin explicaciones, las expulsiones “express”, como las llamó en enero de este año la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se ejecutan injustamente, en la mayoría de los casos sin darle lugar a la persona involucrada, a contar con una defensa, y mucho menos sin que se llegue a dar un conocimiento público de la situación. “Una de las modificaciones que hace el DNU es sacar la obligatoriedad de la defensa pública, entonces hay muchos casos que se están ejecutando sin defensa, y al suceder tan rápido son situaciones de las que no nos podemos ni siquiera enterar”, afirma Raísa Ortíz Cetra, integrante de Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en conversación con APU.

Según su documentación, Paola Alegre es brasilera. Nació en Porto Alegre en 1982. De padres, abuelos, hijos y hermanos argentinos, su nacionalidad es un conflicto migratorio desde el comienzo. Sus padres, argentinos, habían migrado a Brasil junto a uno de sus hijos, en busca de trabajo. Después de cuatro años de esfuerzo y sin demasiados avances en el nivel de vida, decidieron volver. En Porto Alegre nacieron Paola y su hermana mayor, quienes viven en el sur de la Provincia de Buenos Aires desde que volvieron al país, cuando tenían tres y cinco años. Nunca más se mudaron: en el mismo barrio, cursaron la escuela primaria y después parte de la secundaria, tuvieron hijos, y desde hace tres años Paola es también abuela por parte de su hijo mayor, el más grande de cinco, que trabaja como albañil en las obras cercanas al barrio. Su otro hijo mayor es barbero, porque ahí, en las cercanías a Ezeiza, es una de las profesiones con más demanda entre los trabajadores de los penales y otras fuerzas de seguridad estatales. También hace changas como piletero en casas de la zona. Ella entró en la cooperativa del barrio, que depende del Frente Popular Dario Santillán, para aprender distintos oficios: dependiendo de las épocas hace manualidades, cocina para vender o hace trabajos de limpieza. “Toda la vida me dedique a mantener la casa y cuidar a mis hijos”, comenta Paola. Uno de los vecinos, que todavía va a la escuela y colabora con la cooperativa en el barrio, agrega: “la casa de Paola es como la casa de todos, ella nunca te va a decir que no te podés quedar a comer o a dormir los días que necesites”. 

En 2009 Paola Alegre fue condenada por tenencia de estupefacientes, una condena injusta que se llevó por la participación del marido en los mismos negocios que la habían conducido a la decisión de separarse de él. Cumplió parte de la condena en el penal N°33 para mujeres con hijos, y el resto en modalidad domiciliaria. Cuando terminó la condena quiso hacer las cosas bien y se acercó a Migraciones para solicitar la regularización de su residencia. “Ahí me pidieron los documentos y se los llevaron. Decían que era para averiguar, pero me los retuvieron y hasta ahora no los pude recuperar”, relata Paola, que desde el 2013 tiene dirigido un juicio con pedido de expulsión para volver a Brasil, aunque en este caso la palabra volver signifique llegar a una ciudad desconocida con un idioma ajeno y nadie a quien recurrir. 

Con el cartel de la seguridad nacional y el bienestar de la sociedad argentina, la gestión de Cambiemos reúne a las fuerzas de seguridad, a la justicia y al poder ejecutivo para depositar la culpa de sus errores en un sector con derechos básicos ya vulnerados, y construir ahí una idea de enemigo que poco tiene que ver con las problemáticas a las cuales lo asocia. “Queda claro que la única forma de recurrir al derecho constitucional y a organismos internacionales en este momento es a través de la movilización y la presión social”, concluyeron desde la Campaña, quienes seguirán con el plan de lucha y manifestación en las calles.