La CIDH vuelve a tratar el caso de Santiago Maldonado

Será el próximo 26 de octubre en Montevideo. Ese día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dedicará su reunión de trabajo a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La familia del joven confirmó que asistirá, porque así lo habían solicitado al organismo internacional, y los representantes del Estado también estarían presentes. “El Gobierno debe dar explicaciones de lo que pasó”, sintetizó Sergio Maldonado, consultado por Página 12 sobre sus expectativas.

Los funcionarios tendrán que rendir cuentas del operativo represivo del 1 de agosto contra los manifestantes que habían cortado la ruta 40 en reclamo de la libertad de Facundo Jones Huala, lonko de esa comunidad mapuche en territorio recuperado de Cushamen, en medio del cual fue visto Maldonado por última vez. Además del hermano de Santiago, participarán de la sesión Andrea Antico, compañera de Sergio, su abogada Verónica Heredia, así como los otros abogados peticionantes.

La CIDH escuchará los argumentos de la familia Maldonado y de los funcionarios macristas que acudan a Montevideo, sobre la desaparición de Santiago. Las audiencias, que serían por separado, tendrán lugar a partir de las 8 de la mañana del 26 en el Palacio Legislativo de Montevideo, en el marco del expediente MC 564-17, que tiene un apartado especial sobre Maldonado pero fue abierto por la denuncia que presentaron los abogados de Naturaleza de Derechos, Cabaleiro y Carlos González Quintana, a partir de la feroz represión que sufrió la Pu Lof de Cushamen el 10 y 11 de enero.

La Comisión Interamericana había dictado el 23 de agosto una medida cautelar para que el Estado argentino “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del señor Santiago Maldonado” y que “informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos” que dieron lugar al dictado de esta medida, esto es la desaparición del joven artesano. La CIDH ponderó tanto los argumentos y el relato de los hechos que hizo la entidad solicitante de la cautelar, la respuesta del gobierno de Mauricio Macri y la “gravedad y urgencia de la situación”, así como el “daño irreparable” que consiste en la afectación sobre derechos que por su propia naturaleza no son susceptibles de reparación alguna.

Los abogados peticionantes ya denunciaron que el Estado argentino no cumplió con lo establecido por esa medida cautelar, y ampliaron su denuncia aportando cuatro testimonios que coinciden en ubicar a Maldonado el 1 de agosto en la comunidad, huyendo junto a miembros de la comunidad mapuche de las balas de Gendarmería, refugiándose en un arbusto tras intentar cruzar el río, y siendo apresado y golpeado por gendarmes que se lo llevaron del lugar en un Unimog.