Lesa humanidad: el panorama ante el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas

El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas. La fecha fue establecida en 2010 por la Asamblea General de la Unesco, mediante la resolución A/RES/65/209, que expresaba “su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido". Asimismo, la resolución acogió con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.

Este año hubo actos y homenajes en sitios y espacios de memoria de los que participaron principalmente familiares y organismos de Derechos Humanos. Es lamentable como estos temas fueron desplazados de las agendas oficiales, la insistencia e intentos por revisionar la historia reciente junto con las políticas negacionistas llevadas adelante por el gobierno desde su asunción, junto al recorte de presupuestos y cierre de organismos de gobierno, llevaron a desenfocar el tema.

Lejos de tener, como en otras épocas, la información de la Secretaría de Derechos Humanos con acceso público y permanentemente actualizada, con la excepción de algunas provincias, como Buenos Aires, la difusión es escasa. Casi todas las fuentes se reducen y concentran en La Retaguardia, medio comunitario y autogestivo que ve a la información como una herramienta de comunicación popular. Desde su portal digital y su radio vienen transmitiendo desde el comienzo de la pandemia, en vivo, las audiencias de juicios por crímenes de lesa humanidad, extendiéndose a otras temáticas como gatillo fácil y género, en su canal de YouTube, generando a la vez un valioso archivo para acceder a las audiencias ya finalizadas.

Una recorrida rápida por el portal muestra un panorama poco alentador. Algunas noticias dan cuenta de pedidos de beneficios para condenados, siendo la más común la solicitud de prisión domiciliaria. En julio pasado, en el marco de la Megacausa Esma, el tribunal fijó audiencia para escuchar a las víctimas por los pedidos de prisión domiciliaria de Adolfo Donda Tigel y Gonzalo Sánchez, y el pedido de libertad condicional de Jorge Rádice. Entre los familiares que declararon estuvo Patricia Walsh. Además, Norberto Urso, sobreviviente de la Mansión Seré, fue testigo en el juicio durante mayo y nombró a una docena de represores. Poco tiempo después fue abordado y amenazado en plena calle por una persona a la que no pudo identificar. El TOF 5 de San Martín le brindó custodia. 

Un revés duro fue la sentencia dictada a comienzos de agosto en el juicio “Novillo Corvalan- Vuelos Punta Indio”, así lo relataba el medio citado: “Finalizó el juicio por la aparición del cuerpo de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, militante del PRT-ERP víctima de los Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo. Fueron absueltos los dos policías que estaban imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y complicidad en el enterramiento del cuerpo como N.N. Como quedó demostrado en el juicio, Julio César Morazzo y Moisés Elías D’Elía participaron de la desaparición del cuerpo de Novillo Corvalán, cuya identidad recién fue conocida en 1997 tras una exhumación realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Sin embargo, el juez Alejo Ramos Padilla consideró que eran los eslabones más bajos de la jerarquía policial «que hicieron todo lo que pudieron hacer. No se les puede reprochar que no realizaran un sumario». Ramos Padilla, quien participó del primer juicio por crímenes de lesa humanidad realizado en La Plata tras las caídas de las leyes de impunidad en 2006 representando la querella de Chicha Mariani, dio a conocer el fallo tras cuatro horas de argumentaciones. «Fue perverso», aseguró Pablo Llonto, abogado de la familia de Rosa Eugenia. «El juez tiene que renunciar ya, el fallo es una basura», calificó con indignación.

Hubo, afortunadamente, alguna buena noticia, como la sentencia en la Megacausa Campo de Mayo publicada a mediados de mes. Después de la resolución del caso Novillo Corvalan, fue como una bocanada de aire fresco: “Luis Pacífico Britos recibió otra condena a perpetua. Carlos Daniel Caimi también tenía una perpetua del juicio anterior, pero venía de una absolución como partícipe necesario en los delitos sexuales cometidos en la comisaría de Villa Ballester, donde era jefe. Esta vez, el juez Gutierrez y las juezas Mayorga y Morgese Martín le dieron 5 años. En cambio, Horacio Rafael Sánchez es un militar que no tenía condenas. Y recibió una pena de 7 años de prisión por su participación en el secuestro y torturas contra Gerardo Morales. Los hechos ocurrieron cuando Morales realizaba el Servicio Militar Obligatorio”.

Los juicios que siguen en trámite y cuyas audiencias pueden verse en vivo por el canal de Youtube son: Megacausa Bahía Blanca, 1 y 60/Comisaría 8° La Plata, Intento de Magnicidio CFK, Comisaría 5°- La Plata III, Masacre en el Pabellón Séptimo, Mansión Seré IV/RIBA II, Saint Amaint IV, La Huerta - Tandil, Subzona 15 III, Mar del Plata, Villazo- Villa Constitución, Megacausa D2 de Mendoza. Lejos quedaron las épocas en que la memoria era una política pública. Es responsabilidad ahora de los medios de comunicación y organizaciones afines seguir difundiendo y sosteniendo la construcción colectiva de memoria social, una batalla que no podemos perder.