Malvinas: toma impulso la causa por torturas a combatientes durante la guerra
Por Paula Viafora
La novedad del llamado a 10 ex suboficiales a declarar en el juicio por torturas a los soldados durante la Guerra de Malvinas, fue recibido como una sensación de aire fresco por toda la comunidad ligada al conflicto bélico, después de varios traspiés con la causa, sumados al repudiable comentario de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que generó rechazo desde todos los sectores. Desde MECOMA, mesa de Coincidencias Malvinas, emitieron un duro comunicado al respecto: ”Ante las declaraciones expresadas por Patricia Bullrich, Presidenta del PRO, refiriéndose a la entrega de las Islas Malvinas a cambio de un acuerdo con un laboratorio para la provisión de vacunas, queremos manifestar nuestro absoluto repudio y poner énfasis que dichas expresiones son lo que efectivamente ese espacio político concibe como concepto de soberanía. Conceptos muy alejados a los que mayoritariamente sostiene nuestro pueblo (....)”
Rodolfo Carrizo - titular del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas La Plata (CECIM La Plata), también se pronunció al respecto: “Las declaraciones de Patricia Bullrich no hacen más que ofender a todos los fuimos a dejar la vida a Malvinas, volvimos y día a día honramos a nuestros caídos (.......)Con exceso de liviandad para pronunciarse, desconociendo la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución, despilfarraba con su verborragia el principio de la integridad territorial, además de lastimar el corazón los que nos tocó ir a Malvinas. Esta ofensa que no debe minimizarse es una muestra representativa de su pensamiento, no es un error discursivo. El mensaje de Patricia Bulrrich nos ofende, lo hace con cada madre perdió un hijo en Malvinas, con cada padre, con cada familiar”.
Volviendo a la causa, a mitad de abril se decidió la postergación en las declaraciones de los imputados. Las indagatorias de seis integrantes de alto rango de las Fuerzas Armadas encendió el enojo de asociaciones de excombatientes y especialistas en el tema que siguen de cerca la investigación, para quienes la Justicia "lejos de querer llegar a la verdad, está haciendo todo lo posible para consagrar la impunidad", según dijeron varios de esos referentes. Las primeras 18 indagatorias en la causa fueron ordenadas en diciembre de 2018 por el juez subrogante del caso Federico Calvete, sin embargo, solo declararon 4 militares, a quienes la jueza Borruto procesó en 2020 por el delito de "imposición de tormentos". Otras seis indagatorias habían sido postergadas por falencias de "infraestructura y personal" en el juzgado, y luego por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.
El General de Brigada Edgardo Omar Parada debía cumplir con la manda judicial el martes 13 de abril pasado. Camino a la sede de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires adujo una descompensación y fue derivado al hospital Argerich. La jueza Borruto pidió un diagnóstico médico, consideró que no existía ningún impedimento y decidió que la indagatoria se hiciera el 21 por teleconferencia, fecha en la que se negó a declarar.
En estas circunstancias el llamado a nuevos imputados es un acto que se celebra después de tantos inconvenientes dilatorios. A partir del 16 de junio deberán comparecer por modalidad virtual: Luis Alfredo MANZUR,; Ramón Antonio LINARES; Pablo Emilio HERNÁNDEZ; Claudio TAMAREU; Jorge Arnaldo ROMANO; Ramón Eduardo CARO; Sergio Alberto GUEVARA; Francisco Gabriel RIVERO; Oscar ALBARRACÍN; y Ramón Desiderio LEIVA.
Es lamentable que algunos medios periodísticos reaccionen frente a la noticia en defensa de los militares y a favor de la impunidad. Una nota del diario La Nación, del 21 de abril, sostuvo al respecto: "El procesamiento de oficiales y suboficiales por supuestos hechos ocurridos en la Guerra de las Malvinas constituye otro triunfo de la ideología sobre la ley (...) Sostener que los oficiales y suboficiales del Ejército argentino, como consecuencia del ejercicio de ese poder disciplinario, llevaron a cabo durante la Guerra de Malvinas un plan de ataque sistemático y generalizado contra sus propios soldados es una afirmación que ofende a la verdad y constituye una nueva afrenta injustificada a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas (...) A más de un cuarto de siglo de aquellos episodios, se vuelve a violar la garantía de los ciudadanos a que le sean determinados sus derechos en un plazo razonable, contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos, sumiéndolos en una perenne inseguridad jurídica que sienta nefastos precedentes”.
Recordemos que las torturas, además de maltrato físico y psicológico, se sumaban a la falta de alimentos y abrigo, meter pies y manos de soldados en agua a muy baja temperatura, obligarlos a comer excrementos, o estaquearlos durante largas horas... son algunos ejemplos que encontraban su justificativo en supuestas faltas disciplinarias
Además de los relatos de los soldados, los hechos están documentados en el Informe Rattenbach. Por eso, muchos estudiosos de la historia de los juicios de lesa humanidad no dudan en afirmar que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar, que demanda juicio y castigo a los responsables.