Reclamo ante Naciones Unidas por la persecución al abogado de Milagro Sala

Por Diego Kenis

Medio centenar de abogados y abogadas que participan en causas por delitos de lesa humanidad remitieron la semana pasada una misiva a la relatora espacial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Mónica Pinto, para acompañar el pronunciamiento que a ese organismo elevó la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ) respecto de la imputación que el Ministerio Público Fiscal jujeño realizó sobre el letrado Luis Paz.

Paz es miembro fundador de la AAJ y abogado defensor de la dirigente social Milagro Sala, encarcelada desde enero último por disposición de la Justicia provincial de Jujuy que el gobernador radical Gerardo Morales literalmente copó al designar jueces afines en la Corte Suprema jujeña para una mayoría automática. La detención de Sala, formulada a instancias de la Fiscalía de Estado que también responde a Morales, fue dictaminada como inconstitucional e ilegítima por la Procuraduría de Violencia Institucional (ProCuVin), que entre otros elementos e irregularidades indicó que el arresto violó desde el comienzo los fueros parlamentarios con que cuenta Sala al haber sido electa en octubre pasado como miembro del Parlasur por Argentina. El dictamen no fue recogido por la Justicia federal salteña, con jurisdicción en Jujuy, que prefirió declarar la incompetencia del fuero y dejar la pelota en el terreno provincial dominado por Morales, que ante el periodista Horacio Verbitsky profetizó que aparecerían decenas de nuevos cargos contra Sala, para que continúe detenida por sucesivas y descartables imputaciones. Las Cámaras de Apelaciones y de Casación y la Corte Suprema nacional serán las estaciones que seguirán los recursos por el dictamen, suscripto por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.

Justamente quien podría llevar adelante tales apelaciones es el abogado defensor Paz, protagonista de una inesperada novedad de la causa: a principios de este mes, fue imputado por presuntas “amenazas coactivas” sobre una testigo de la causa, que formuló la denuncia tras haber sufrido una crisis nerviosa en su declaración y luego de ser retenida durante más de siete horas en las oficinas del magistrado interviniente, sin que se permitiera el acceso de Paz ni de sus colegas defensores.

En sus escritos, la Asociación de Abogados de Jujuy y sus colegas en todo el país subrayaron que “la acusación en contra del letrado se realiza en el transcurso de las causas seguidas en contra de la dirigente social”, por lo que “no se trata de una acusación por un hecho particular del colega” sino en el marco de una imputación formulada “en base a los dichos de una persona con claros e indiscutibles intereses en el proceso que se sigue” en contra de su defendida Sala.

“Esta desgraciada situación nos remonta a los periodos más oscuros de nuestra Argentina, en donde los abogados que representaban a los desaparecidos –con hábeas corpus- eran intimidados por los poderes de facto para abandonar a sus representados”, compararon los letrados jujeños. Tal como denunció Rodolfo Walsh hace ya casi cuarenta años, “muchos de esos profesionales del derecho –que no cesaron con el digno ejercicio de su profesión- sufrieron la misma suerte que sus representados: desaparecidos”, recordó la AAJ. La imputación a Paz, remarcaron, “puede leerse como una persecución política, ideológica y laboral en contra del abogado y su defendida”.

Los fiscales, recuerda el documento, “no están obligados a imputar sobre cualquier denuncia”, sino que pueden desestimar de inmediato las denuncias sin pruebas o desarrollar una investigación para luego decidir su procedencia. En este caso, marcan los abogados jujeños, la decisión judicial “resulta –como mínimo- apresurada” y “merecía otro tratamiento y proceder” por “los intereses en pugna” alrededor de la causa.

El texto finaliza indicando que la imputación infundada sobre Paz produjo un deterioro en su actividad profesional y lesionó el derecho a defensa de Sala. “Toda persona merece un juicio con las garantías constitucionales intactas, lo cual implica que sus apoderados no puedan ser ‘molestados’ y/o ‘intimidados’ por el ejercicio de su ministerio”, manifestaron los abogados de la AAJ, que exhortaron al Colegio de Abogados provincial a “manifestarse clara y enérgicamente” sobre el punto.

Sus colegas que en todo el país participan en causas por delitos de lesa humanidad indicaron, por su parte, que “no se puede permitir el amedrentamiento de quienes asumen la defensa técnica de importantes referentes sociales” debido a que el ejercicio profesional no puede desarrollarse bajo esas condiciones “y mucho menos se podrá ejercer con amplitud e integridad el derecho de defensa, llevándonos a las puertas de un estado absolutista, donde los ciudadanos se encuentran a merced de un poder político sin límites jurídicos en su accionar”.