¿Cómo debe ser el fideicomiso para los ocupantes del predio de Guernica?
Por Inti Alpert
Las villas y asentamientos no son 10, ni 100, ni 1.000. En el país están registradas más de 4.500 y sabemos que falta registro. Por lo que es absurdo insistir en modelos que resuelvan uno, un par o un puñado de casos cuando hay que encontrar un modelo general qu permita resolver todos.
El fideicomiso es una “empresa con un objeto específico” que vive en base a la confianza que un grupo de fiduciarios deposita en un fiduciante para cumplir un objeto y que se “desintegra” naturalmente cuando ese objeto se cumple.
Se rige por el derecho privado y cualquier administrador que tenga la confianza de los fiduciantes originantes y posteriores adherentes, debe regirse con la diligencia de un buen hombre de negocios, lo que implica que puede entre otras decenas de cosas interesantes a la hora de eficientizar un proceso, fijarse en Internet, encontrar el mejor precio de algo y comprarlo a nombre del fideicomiso.
Al no limitarse a los mecanismos ordinarios de una obra pública, que por regulaciones complejas que hacen a las normas habituales de la administración estatal, con décadas de retraso en lo que hace al uso de tecnologías e impedidas de utilizar un mdelo de responsabilidad ejecutiva individual, suele invertir muchos recursos en la toma de desiciones, el fideicomiso tiene facilidades para invertir esos recursos en la consecución misma del objeto. Pudiéndose comparar con un motor que obtiene los mismos resultados pero con menor consumo que otro.
El Estado Nacional hizo un modelo de presupuesto para la urbanización de esos 4.500 barrios y estimó necesidades de 26.000 millones de dólares. Mientras que en el marco de 4.500 fideicomisos individuales que alcanzaran al ¡millón de familias! que viven en los mismos, bastarían USD 1.000 “solidarios”, los que hoy rondan los $100 cada uno para cada uno de los servicios básicos como Agua Potable, Tratamiento de Efluentes, Electricidad y Alumbrado, Calles y Gas.
Eso muestra que lo que para el Estado es lo correcto, cuesta más de 5 veces lo que la gente necesita para pasar de la exclusión a la inclusión. Y la diferencia es enorme porque si el costo ese ese, arrancando por los que están un poquito mejor y generándole trabajo inmediato a los que están más retrasados, podrían urbanizarse esos barrios en 4 años.
Guernica muestra la “nube de zonceras” en las que flota el sector público, que suele buscar siempre lo mejor y olvida lo bueno. Ya que ese suelo en el que 2.500 familias se instalaron, si solo se piensa en términos de suelo, cuesta menos de 200 bolsas de cemento por familia (en Mercado Libre puede verse cuánto cuesta cada bolsa...). Y la inmensa mayoría de esas familias pagarían gustosas el equivalente a esas 200 bolsas de cemento si el Estado legalizara la operación, que es obviamnte imposible formalizar sin el mismo.
El Estado no hace falta ni para comprar ni para participar del fideicomiso sino que es el que legaliza su objeto y por lo tanto lo viabiliza. Y si ese fideicomiso además de incorporar un plano con un número de partida provisoria para cada parcela, determina las áreas comunes y cesiones en un proyecto que articule las pautas de desarrollo que el municipio en cuestión considere pertinentes, toda esa operación se puede armar casi instantáneamente, permitiendo que las familias no sean intrusas sino propietarias de derecho de superficie emergentes de un contrato de fideicomiso con los dueños, que cobrarán su precio actualizado por algo absolutamnte transparente y que permite a todas las empresas de servicios públicos tarifados ir al mercado nacional de capitales en donde ¡sobra dinero! a fondear las inversiones necesarias para su efectiva prestación.
A eso se agrega que en un marco de formalidad, la totalidad de los trabajadores formales que participen de ese fideicomiso serían sujetos de crédito aptos para construir con la mayor transparencia, efectividad y alegría.
Por eso, volvemos a decir lo que ya dijimos tantas veces. El Estado debe formalizar un programa nacional de fideicomisos de urbanización y vivienda al costo de una buena vez, que empiece por 10, siga por 100, alcance rápidamente los 1.000 y en menos de 2 años haya lanzado la urbanización efectiva de los 4.500. Toda otra iniciativa es una zoncera.