"Ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares más ricos y a la vez más desigual"

Por Enrique de la Calle, José Cornejo y Boris Katunaric

APU: Uno de los temas que aborda la Defensoría tiene que ver con la situación de las personas que viven sobre el Riachuelo. ¿Cómo avanza esa causa?

Agustín Territoriale: La Defensoría General trabaja sobre el déficit habitacional de los sectores populares en CABA. Uno de los temas tiene que ver con la relocalización de las familias que viven sobre el Riachuelo. Esto se deriva de la causa llevada adelante por la Corte Suprema. Es un tema que no se puede pensar separado de lo que es toda la problemática habitacional en Ciudad.

APU: ¿Cuántas familias hay que relocalizar?

AT: Hay un problema anterior. Hay una política clara para las personas que viven hasta el metro 35 en relación al Riachuelo. Para la gente que vive en el metro 36, y que sufre de igual modo su exposición al Riachuelo, no hay política alguna. Esto del metro 35 surge del fallo de la Corte Suprema, que de algún modo pone un límite a la intervención. Al no existir un mapa de riesgo ambiental, no se sabe bien cuántas familias están afectadas. Por suerte, la propia organización popular modificó la agenda.

APU: Muchas familias no se quieren, porque no está claro a donde las relocalizan.

AT: Muchas familias se enteraron que estaban afectadas cuando el Gobierno porteño les mandó órdenes de desalojo. Y no se sabía a dónde iban a vivir. Mucha gente planteó que no estaba de acuerdo con relocalizarse en esos términos. Los vecinos están luchando para que sean tenidos en cuenta en todo este proceso, como protagonistas, no como actores pasivos. A enero de 2013, 1030 familias tenían que haber sido relocalizadas. Ahora dicen que eso va a pasar dentro de 5 años. En el medio la gente sigue viviendo en el mismo lugar. No hay políticas complementarias.  

APU: Decían que la problemática que ocurre sobre el Riachuelo no difiere de lo que pasa en toda la Ciudad.

Horacio Corti: En CABA no hay una política habitacional clara, coherente. Vivimos en uno de los lugares más ricos y a la vez más desigual. En la zona sur, tenemos problemas muy graves. Lo que se ve en el caso del Riachuelo es un aspecto de esa problemática habitacional. En esa causa hay una sentencia judicial que ya tiene 7 años y que solo se ha cumplido en una parte: solo el 20% de las familias se han relocalizado. El problema estructural sigue. Eso ocurre con una sentencia judicial, imaginen qué pasa cuando no existe un fallo de la Justicia.

APU: Existen leyes que determinan la urbanización de algunas villas, que tampoco se cumplieron.

HC: El caso paradigmático es el de la villa 20, es una ley que ya tiene como 10 años de vigencia. Todavía no se avanzó en nada. La ley está directamente incumplida. Hay otros barrios donde no hay una ley pero existe el pedido de los vecinos. Estamos también ahí en un litigio. Por ejemplo, pasa con los habitantes de la villa Rodrigo Bueno.

APU: Hace poco hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo fue esa experiencia?

HC: Muy interesante. Participamos en una comisión que trató el tema a nivel regional. Argentina llevó como discusión el caso de la villa Rodrigo Bueno. Lo interesante es que un propio vecino del barrio el que hizo la presentación. Fue muy simbólica la participación de los propios habitantes en el debate.

APU: Sobre la cuestión de fondo: ¿Por qué cuesta tanto avanzar en la Ciudad en políticas urbanas que tengan en cuenta las necesidades populares?

HC: El PRO gobierna hace muchos años y controla el sistema legislativo. Además, el Poder Judicial se ha vuelto más conservador, se ha acomodado a ese consenso más regresivo. Uno cree que las instituciones alcanzan un punto y después solo queda profundizar o avanzar. No es lo que sucede. Uno avanza y se enfrenta a fuerzas conservadoras que buscan frenar ese recorrido. Es un campo de disputa. Muchas veces se cree que los jueces simplemente aplican la ley, lo cual no es así.

APU: ¿Por qué no fueron eficaces esas leyes que exigen la urbanización de villas?

HC: Hay una legislación de cierta época, que se mantiene vigente, pero actualmente no hay voluntad política para implementarla. Hay una clara reticencia del Ejecutivo porteño para ejecutar obras en esta materia. Si no hay ley, la Justicia dice que no. Si hay ley, la administración incumple.