"La ley 26.160 es la única herramienta que existe para proteger los derechos territoriales indígenas"

Por Enrique de la Calle

APU: ¿Por qué están pidiendo la prórroga de la ley 26.160?

Eduardo Hualpa: En el marco de una situación de desprotección de los derechos de los pueblos indígenas es muy importante la ley. La constitución del 94 consagró esos derechos pero nunca se implementaron, no se hicieron efectivos. La ley 26.160 es un reconocimiento de los espacios ocupados. Es algo. Porque los pueblos se enfrentan al modelo extractivo minero, petrolero o de extensión de la frontera agrícola, y no tienen papeles para decir que la tierra les pertenece. La ley estableció un mecanismo: se suspendían los desalojos y se hacía un relevamiento catastral, inmobiliario. Es muy interesante. En algunas provincias se trabajó muy bien. Es la única herramienta que existe para proteger los derechos territoriales indígenas. La ley se prorrogó dos veces. Si no se hace este año, se perderá la única herramienta que hoy existe. 

APU: En una entrevista reciente con un referente del Movimiento Campesino Indígena, él me decía que actualmente hay 8 millones de hectáreas en todo el país en conflicto de tierras con las comunidades indígenas. ¿De dónde surge ese número? 

EH: Son estimaciones, creo que no hay una información oficial, ni de comunidades en conflictos ni de cantidad de hectáreas. Hay una razón: se trata de realidades muy diversas. Hay comunidades que están agrupadas y disputan unas pocas hectáreas; después, hay casos en la Patagonia donde una misma comunidad está peleando por miles de hectáreas. Pero en esa zona, esa cantidad no es nada para una familia. Le sirve para la supervivencia. El número en sí es relativo. Lo que sí se puede decir es que la mayoría de las tierras que no se han entregado títulos pertenece a comunidades indígenas y en menor medida, campesinas. El reparto de las tierras fue muy generoso para señores nacionales y extranjeros pero no del mismo modo para las comunidades, a las que se les repartió precariedad. En algunos lugares se crearon reservas, que es una manera de segmentación, de apartheid, más que de reconocimiento de derechos. 

APU: Si se pudiera hacer un mapeo a nivel nacional: ¿Cuáles son las provincias donde existen más conflictos?

EH: Salta es una provincia sumamente compleja porque tiene la mayor variedad de comunidades indígenas. De allí que haya conflictos diferentes. Además, Salta es muy reticente a reconocer derechos a los pueblos originarios. Por eso, la mitad, aproximadamente, de los fallos por conflictos de tierra de la Corte Suprema son referidos a Salta. 

APU: ¿Cuántos fallos de la Corte existen en materia de conflictividad de tierras?

EH: Se expidió en una docena, más o menos. Los primeros casos vienen de 2002. Tengo presente alrededor de 10 o 12 casos. La mitad refiere a Salta. Después hay casos de Chubut, Río Negro. Obviamente también en Chubut. 

APU: ¿La mayoría de los fallos de la Corte son a favor de las comunidades indígenas?

EH: Hasta ahora, todos. Se trata de los casos que llegaron a la Corte. Viste que la Corte tiene una lógica particular, que acepta los casos que quiere. No tiene principios ni reglas. De cualquier modo, la Justicia ya le ha dicho a los Estados, nacional o provincial, que hay que solucionar este problema, que hay que reconocer derechos. Pero los Estados no quieren saber nada. Salta es el caso más complicado. Formosa es otro caso muy complejo, hay una política muy brava. Está Agustín Santillán, un militante de la causa indígena, preso hace 5 meses. Hay personas con pedido de captura. Después tenemos problemas muy graves también en Misiones, en Neuquén, en Chaco. 

APU: No nombró a Santiago del Estero como caso problemático. 

EH: No, porque esa provincia tiene una realidad indígena mucho más reciente. Hay provincias como Santiago, Mendoza o Córdoba, donde el reconocimiento de lo indígena es mucho más tardío. Los huarpes en Mendoza, por ejemplo. Que recién en el último tiempo están las condiciones para autoreconocerse como tal. Muchos pueblos estaban camuflados bajo otras identidades, como puede ser lo campesino. En el Mendoza está el tema de los puesteros, los que crían animales. Se reconocían a sí mismos como puesteros, no como huarpes. En alguna época se nombraba a los mapuches de Neuquen como “crianceros” o “fiscaleros” y en Chubut muchas veces se nombran “paisanos”. Está apariciendo pueblos que se pensaba que estaban extinguidos. Eso pasa también en Santiago o Córdoba. 

APU: Al pasar, usted criticó el modelo de reserva como modo de solucionar los conflictos de tierras. ¿Ese modelo se toma de la experiencia norteamericana?

EH: Sí, es una idea muy parecida, de la misma época. Es una idea de colonización: alguna tierra hay que darle. Es un modelo nefasto pero tiene una historia. Hoy, desde ese lugar, muchas comunidades reclaman un reconocimiento jurídico. Lo que tiene que hacer el Estado, en sus diferentes vertientes, es establecer una estrategia de articulación con las comunidades por resolver los conflictos. Se necesita una plataforma de diálogo político que involucre al Estado nacional, provincial y a los municipios. Muchas comunidades podrían desarrollarse si le dieran la tenencia legal de la tierra. Pero siempre están en una disputa. 

APU: ¿Existe algún modelo exitoso en el país de resolución de los conflictos?

EH: Es una buena pregunta. Los abogados estamos tan atentos a la patología que me descoloca un poco. Tengo entendido que San Luis ha trabajado muy bien. Hay un reconocimiento a los huarpes, por ejemplo, muy importante. Un modelo que funcionó en parte en Salta y Jujuy es el modelo de expropiación de fincas, que se reconocieron en propiedad a comunidades indígenas que eran sus ocupantes. En Chaco hay un famoso caso de 150 mil hectáreas en la cuenca del Bermejo, que se trabajó muy bien. Hubo un reconocimiento por ley. Había que relocalizar a criollos que estaban dentro de las tierras y ahí se trabó el proceso. En Mendoza hubo una ley de expropiación. Después el fiscal de Estado se opuso. Hay algunas experiencias interesantes, pero también existen obstáculos.