La agenda del libre comercio y las injusticias ecológicas

Por Ariel Slipak* y Federico Wahlberg**

Las negociaciones internacionales más mediáticas que tratan problemáticas ambientales se dan fundamentalmente en ámbitos que no están relacionados directamente con la OMC, fundamentalmente en las Conferencias de Partes (COP) que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Producto de estas últimas reuniones se redactó el Acuerdo de París en el año 2015, en el cual los países firmantes se comprometen a aplicar medidas para la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Dicho acuerdo requiere de la adhesión de los principales países emisores para ser efectivo. Por otra parte, el mismo sufrió un fuerte revés con el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de EEUU, ya que implicó que uno de los mayores emisores mundiales resolviera la retirada del Acuerdo. Trump opina que “el concepto de cambio climático fue creado por China para hacer a la manufactura de Estados Unidos menos competitiva”.

Sobre la OMC y el ambiente, podemos decir que en su tratado fundacional se establece que los Estados pueden aplicar medidas para la protección del medio ambiente siempre y cuando no se utilicen como barreras proteccionistas. Desde esta perspectiva, el libre comercio aparece como prioritario y las medidas ambientales como un posible obstáculo. Quien interpreta si una política ambiental es discriminatoria para un producto extranjero es el Órgano de Solución de las Diferencias (OSD). Este órgano resuelve discrecionalmente si son válidas las denuncias que presentan los Estados por incumplimiento de los tratados de la OMC. Y por lo general resuelve a favor del libre comercio.

En otro nivel de análisis, podemos verificar que tanto en la perspectiva que pregona la OMC, como en la CMNUCC, el sistema de reproducción material de una sociedad y el medio ambiente, aparecen como esferas separadas. En esta lógica de la ortodoxia económica (dentro de la cual sobresale la escuela neoclásica) que siguen las entidades internacionales, los problemas ambientales se derivan de daños (externalidades negativas) que generan algunos agentes sobre terceros, o sobre el uso indiscriminado de lo que llaman recursos de uso común (RUC). La resolución de la problemática ambiental pasa por hacer internalizar los perjuicios de las externalidades o la generación de mecanismos institucionales para una adecuada administración de los RUC.

El ambiente aparece como algo externo al sistema económico, de carácter físico o biológico y no socialmente determinado, aislado del entramado de complejas relaciones socio-económicas. En algunos enfoques aparece la problemática de la “equidad intergeneracional” o la preservación de especies, pero persiste un enfoque de sustentabilidad débil, y una mirada de carácter antropocéntrico. La denominada “economía ambiental” también excluye del análisis la equidad distributiva en relación a los consumos de energía y materia por país y teniendo en cuenta clases y actores sociales.

Dado que la preocupación de la OMC es fundamentalmente la libre circulación de las mercancías, el propio fin de la organización implica intentar generar marcos institucionales globales que se sobrepongan a las normativas laborales, ambientales, de género o de derechos humanos locales, con tal de lograr su anhelo de expansión de flujos comerciales. En este sentido, cualquier avance de este tipo de institucionalidad, en general implica avasallamiento de derechos en las áreas que hemos mencionado, repercutiendo en la calidad de vida cotidiana de los sectores subalternos en cada país.

En estos foros, reuniones de equipos técnicos y cumbres ministeriales de la OMC, como así también en las negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLCs), Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs), o lo que podemos denominar “tratados de nueva generación” (como las propuestas del TPP, TTIP, RCEP), los representantes de los países consultan de manera permanente a quienes consideran actores relevantes dentro de sus países: grandes grupos económicos (como laboratorios, firmas extractivas, comercializadoras) o cámaras empresarias.

El enfoque de la mayoría de los economistas que participan de estas instancias es tomar como unidad de análisis las balanzas comerciales de los países, es decir, ver si se obtienen ganancias por la expansión del comercio. La mayor parte de politólogos y especialistas en relaciones internacionales ponen al país como unidad de análisis, y eso invisibiliza la existencia de distintos actores y clases sociales que son asimétricos entre sí, y sobre los cuales los impactos ambientales repercuten de forma  también asimétrica.

En otras palabras, los sectores populares, sobre los que recaen las injusticias ecológicas (destacándose poblaciones originarias y campesinas) no están representados en estos foros. Con la excusa de garantizar el libre tráfico de mercancías se inmiscuyen en otros temas que afectan la vida cotidiana y condiciones de reproducción material de los mismos. Por ejemplo, el TPP implicaba la adhesión al acta UPOV 91, que en líneas generales podría implicar legislaciones sobre semillas que generen royalties a perpetuidad para obtentores de especies vegetales. Es decir, el TPP contenía un artículo a medida de los intereses de Monsanto. También podemos encontrar propuestas dentro de tratados de libre comercio que abordan cuestiones sobre inversiones, que buscan imponerse por sobre normativas como el cumplimento a escala local del Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho de los pueblos originarios a la consulta libre, previa e informada ante la posibilidad de efectuarse por ejemplo grandes proyectos extractivos.

Para comprender las problemáticas que vinculan el comercio internacional y el ambiente es necesario incorporar los aportes realizados desde la Economía Ecológica y la Ecología Política. La Economía Ecológica estudia, entre otras cosas, los flujos metabólicos globales de materia y energía. Los indicadores que construye permiten identificar las inequidades desde una concepción distinta a las de las clásicas variables económicas. Problemáticas como el distinto acceso al agua, energía, servicios básicos. La Ecología Política considera que la propia Naturaleza incluye a las sociedades humanas, y por ende no separa al sistema socio-económico del ambiente. Esta disciplina aborda problemáticas tales como las inequidades distributivas, las injusticias ecológicas, la deuda ecológica, incluso incorporando cosmovisiones de paradigmas vinculados con el movimiento campesino y el indigenismo. Algunas vertientes dentro de la Ecología Política, intentan construir un ecologismo de los pobres, o un ecologismo de la subalternidad. En su enfoque, las diferencias entre el centro y la periferia, o el norte y sur global, no aparecen subestimadas.

La exacerbación de los flujos comerciales que fomenta la OMC refuerza una división internacional del trabajo que implicó una migración de procesos fabriles hacia Asia Oriental y el Sudeste Asiático y ha profundizado la tradicional inserción de América Latina como proveedor de materias primas y hasta ha reprimarizado algunas economías con cierto grado de desenvolvimiento industrial. Esta división internacional del trabajo implica la relocalización de procesos productivos más contaminantes en los países con legislaciones ambientales menos exigentes, fomentando así la explotación no sostenible de recursos naturales en economías primario-exportadoras. En este marco, siguiendo a Maristella Svampa, podemos afirmar que desde los distintos gobiernos latinoamericanos los primeros años del siglo XXI han estado caracterizados por el denominado “consenso de los commodities”. La transformación de áreas enteras de la región como economías de enclave exportador, controladas por transnacionales, en donde además de proliferar el negocio extractivo, se verifica el uso de técnicas extremas sobre las cuales existe incertidumbre sobre sus efectos ambientales (como la extracción de hidrocarburos mediante la fractura expuesta, la megaminería a cielo abierto con explosivos y el uso de cianuro, mercurio o ácido sulfúrico, o el monocultivo de soja empleando semillas transgénicas, agrotóxicos como el glifosato y la siembra directa). Esto implica la transformaciòn de áreas enteras de la región como economìas de enclave exportador. Su máxima expresión fue la creación de la iniciativa IIRSA - COSIPLAN, que impulsa proyectos para facilitar el desarrollo del modelo extractivista en América Latina, abaratando los costos de traslado de las mercancías ,y que concibe los territorios como áreas de acuerdo a sus dotaciones de recursos primario-extractivos.

En suma, el extractivismo del siglo XXI implica proyectos a gran escala, y la no aplicación del principio precautorio a la hora del empleo de las técnicas extractivas que mencionábamos en el párrafo anterior. Esto implica nuevos conflictos eco-territoriales, en donde poblaciones campesinas e indígenas son desplazadas, despojadas de sus territorios, como bien señala Harvey con su concepto de “acumulación por desposesión”.

Si se pretende alcanzar la justicia ecológica, resulta utópico aplicar medidas realmente efectivas en el marco de la economía mundial capitalista tal como la hemos descrito. Hay que generar otro tipo de integración regional e internacional que no se de solo a través flujo de mercancías y capitales. Hay que construir otra institucionalidad que represente a los sectores populares. Desde nuestra perspectiva, lo más realista sería impulsar proyectos de transformación social desde abajo, que incorporen una perspectiva ecosocialista y ecofeminista.

* Licenciado en Economía y docente (UBA), docente-investigador de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) y el Grupo de Estudios de Geopolìtica y Bienes Naturales (IEALC-UBA).

** Licenciado en Economía (UBA), docente de la Universidad Nacional de Lujan (UNLU) y de la UBA,  e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC ) y de la Confluencia #FueraOMC.