Represión en marchas por Santiago: criminalizando la protesta social

Por Alejandra Iriarte y Manuela Bares Peralta*
Foto: Carlos D. Pérez

En unos pocos días se cumple un año de la desaparición de Santiago de Maldonado, que marcó un quiebre en la institucionalidad democrática de nuestro país. Un mes después, la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de una salvaje represión ejercida por la fuerza de seguridad local. La pacífica y masiva movilización a Plaza de Mayo del 1 de septiembre de 2017, culminó con una brutal cacería a quienes se encontraban desconcentrado en las inmediaciones de la plaza por parte de la Policía de la Ciudad.

Cronología de lo evidente: el modelo policial represivo

La viralización de la noticia del nuevo “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” -a principios del año 2016- fue el hito inaugural de la política de seguridad implementada tanto por el gobierno nacional como por el porteño, donde la represión adquirió un protagonismo esencial. Si bien el Protocolo nunca fue publicado de manera oficial, sus directivas se plasmaron en todas las intervenciones que llevó adelante la Policía Federal y, posteriormente, la nueva Policía de la Ciudad.

El triunfo electoral del año 2015 le permitió a la coalición de gobierno llevar adelante la transferencia de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, a principios del año 2016, se inició el proceso de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, que culminó con la sanción de la Ley N° 5.688 que creó el Sistema Integral de Seguridad Pública y a la Policía de la Ciudad. Esta nueva Policía, heredera de la Policía Metropolitana, demostró -al poco tiempo- su sesgo represivo, apartándose de los principios democráticos establecidos en la Ley N° 5.688.

Fue esta fuerza en conjunto con sus pares federales quienes hicieron del 2017, un año caracterizado por la violencia y la represión a las movilizaciones populares; sobre todo a través de la criminalización a la labor periodística y la estigmatización a las personas que ejercieron su legítimo derecho a la protesta social.

La represión ejercida por efectivos de la Policía local a trabajadores/as de prensa y reporteros gráficos en el marco de reclamos por la mantención de fuentes de trabajo tanto en la Av. Avellaneda como ante el cierre de una planta del Grupo Clarín; la razzia policial al finalizar la movilización convocada luego del Paro Internacional de Mujeres que produjo la detención de 15 mujeres y lesbianas de manera arbitraria y violenta; la represión hacia los/as docentes que intentaban instalar una escuela itinerante frente al Congreso Nacional y, unos meses más tarde, la represión desplegada por efectivos de la Policía de la Ciudad a una protesta de organizaciones sociales en la Av. 9 de Julio, mientras sus delegados estaban reunidos con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fueron la antesala de los hechos ocurridos el 1 de Septiembre del año pasado: Treinta y un detenciones al voleo, policías de civil sin identificación, trabajadores/as de prensa -que estaban documentando los hechos- privados/as de su libertad y con sus equipos de trabajo destruidos, personas heridas, un uso excesivo de armamento no letal: fueron la muestra de un operativo policial diseñado para reprimir. Hechos que, tristemente, volverían a repetirse en las movilizaciones que se produjeron a fin de año en repudio a la reforma previsional impulsada por el oficialismo.

El operativo policial desplegado el 1 de Septiembre dejó al descubierto las fallas operacionales de la nueva Policía y el claro direccionamiento represivo de la política de seguridad del gobierno: nunca se establecieron canales de mediación entre los/as manifestantes; los/as detenidos/as pasaron varias horas privados/as de su libertad dentro de los móviles policiales; fueron brutalmente maltratados/as y golpeados; para finalmente ser sometidos/as a la imputación de delitos grandilocuentes.
A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, en la Ciudad de Buenos Aires se orquestó un operativo aleccionador y ejemplificador, diseñado para amedrentar los reclamos populares y criminalizar la protesta social. El cual fue ejecutado a través de una Policía -que aún se encontraba en pleno proceso de reorganización- empujada a las calles y obligada a intervenir sin protocolos de actuación y con un fuerte mandato represivo ordenado desde el poder político.   

La federalización de la represión

A las 31 personas detenidas, golpeadas y trasladadas a distintas comisarías de la Ciudad durante la noche del 1 de Septiembre les fueron imputados los mismos delitos “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad”.

De este modo, a través del uso de la figura de intimidación pública, se logró que la causa quedará radicada en la órbita del Poder Judicial Federal, modus operandi que se repitió el 14 y el 18 de diciembre. En esta ocasión la  causa quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Juez Marcelo Martínez de Giorgi. Quien ordenó el procesamiento de 22 personas y un embargo que oscilaba entre el millón y los 5 millones de pesos, por considerarlos penalmente responsables de los delitos de intimidación pública en concurso real con el delito de resistencia a la autoridad.

En un fallo sumamente escueto el juez realizó consideraciones genéricas, sin efectuar ninguna identificación personal -en todo el procesamiento y en todo el expediente- respecto a pintadas, quema de contenedores, lanzamiento de bombas de ningún tipo, ni de botellas, ni daños a edificios históricos o no históricos, rotura de vidrieras, incitación a la violencia colectiva, etc. Sin embargo, le endilga todos estos hechos a la totalidad de las personas procesadas.

La causa instruida por Martinez de Giorgi, incluyó absurdos tales como el haber tomado como prueba de un supuesto plan orquestado para derribar el vallado dispuesto alrededor de la Plaza de Mayo, un cuaderno que contenía poesías y dibujos. Un dibujo de una habitación con unos gatitos fue interpretado como un croquis de la plaza. Nunca se identificó a su posibles dueña/o, ni cómo el mismo se vinculaba con la causa.

El fallo del Juez fue revocado por la Sala II de la Cámara Federal de la Capital Federal, integrada por los Jueces Eduardo Farah y Martín Irurzún. Los Camaristas entendieron que la prueba había sido arbitrariamente considerada y excluyeron la imputación por intimidación pública.

Sin embargo, a casi un año de estos hechos los/as imputados/as continúan sujetos/as al proceso penal. Si bien la Cámara revocó los procesamientos dispuestos por el juez Martínez De Giorgi, la causa continúa abierta, ya que no se ordenaron los sobreseimientos, sino que se declaró la falta de mérito para procesar o sobreseer.  

El caso reseñado demuestra que el accionar policial en situaciones de protesta social se aleja considerablemente de los preceptos normativos vigentes. El uso desproporcionado de la fuerza como así también la presencia de efectivos sin identificación y la persecución a los/as trabajadores/as de prensa son algunas de las irregularidades en las que incurren las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, no hay claridad sobre los protocolos de intervención y de uso de armas disuasivas que se encuentran vigentes y se utilizan durante las manifestaciones, lo que habilita un uso indebido de las mismas. En tanto el uso de las figuras de "resistencia a la autoridad" y de "intimidación pública" han funcionado como táctica de disciplinamiento, logrando federalizar los conflictos en el espacio público, y han encontrando en el Poder Judicial Federal un aliado en pos de crear un clima de temor y criminalización de la protesta social.

* Integrantes del equipo de abogadxs que asumieron la defensa de dos de los/as imputados/as