Economía social: la necesidad de mesocréditos para el desarrollo

Por Agustín Calvo Castilla

El gobernador y candidato a presidente Daniel Scioli ha manifestado que el financiamiento para la inversión productiva es clave en momentos en que el mundo compite por inversiones, empleo y evitar las consecuencias de la crisis internacional. Y para reforzar esta idea, anunció que buscará crear un Banco de Desarrollo con miras en potenciar el rol de la banca pública y su complementación con la tarea de los bancos privados.

Los países BRICS -potencias emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- han seguido la misma política y tienen proyectado crear un Banco de Desarrollo que funcione como eje geoestratégico para disminuir la dependencia de las políticas financieras de los grandes países desarrollados. China, Europa y Asia tienen los suyos propios, y la CAF (Corporación Andina de Fomento) en Latinoamérica avanza con los mismos criterios.

En la historia argentina existen experiencias de relativo éxito en la construcción de una entidad de fomento de estas características: en 1944 fue el Banco de Crédito Industrial, transformado en Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) en 1970, y disuelto y liquidado en 1993 con una alta cifra de créditos incobrables, producto, entre otras cosas, del contexto hiperinflacionario de la época. Desde 1992 ocupó su lugar el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que a partir de la decisión del presidente Néstor Kirchner pasó a prestar en forma directa, además de financiar bancos privados.

Ya se trate de una nueva entidad o de organizaciones vigentes, va a resultar oportuno e indispensable para el desarrollo contemplar líneas de financiamiento específicas adaptadas a las necesidades de la economía social. El Programa Nacional de Microcrédito para la Economía Social implementado por la CONAMI cubre en amplio espectro préstamos para el inicio de talleres familiares/comunitarios y proyectos productivos, así como la adquisición de insumos y maquinaria para quienes no pueden acceder a créditos bancarios tradicionales. Muchas cooperativas han sido beneficiarias de estas políticas, y una vez avanzadas en su actividad encuentran un límite en el monto de dinero para poder pegar ‘el salto’: 12 salarios mínimos vital y móvil ($67.056).

La consolidación del sector asociativo a lo largo de la última década está demandando avanzar hacia los mesocréditos (créditos medianos). Montos que trasciendan los topes micro, otorgados con acompañamiento y flexibilidad, aptos para las muchas cooperativas (incluyendo las recuperadas) que no tienen bienes propios ni bienes reales para llegar a satisfacer las garantías de un crédito. Organizaciones como Fundación AVINA y La Base han comenzado a transitar este camino, con préstamos que llegan hasta los $750 mil para atender necesidades como materiales para pedidos de gran escala, efectivo para cumplir con proveedores, servicios y repartos ante pagos recibidos con cheques diferidos, vehículos para entregas, piezas para reparaciones, maquinaria para ampliar la capacidad de producción, equipamiento para desarrollar la cadena productiva o brindar nuevos productos y servicios. En cada caso particular, los términos de devolución se ajustan a la generación de fondos que permite la aplicación del préstamo, y ese trabajo potencial puede ser parte o totalidad de la garantía.

El BICE, por su parte, ya cuenta con una línea para PyMES y cooperativas de hasta $40 millones para financiar proyectos de inversión a 10 años, con garantía a convenir (no tan flexible como en los ejemplos anteriores).

Para profundizar los logros alcanzados por el sector asociativo sería auspicioso que el Estado no deje pasar la oportunidad histórica de instrumentar mesocréditos para la economía social. Organismos como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Industria, los bancos estatales o los proyectados Ministerio de Economía Popular y Banco de Desarrollo podrían gestionar adecuadamente la herramienta para ese ‘salto’ que a las cooperativas les cuesta dar. De ésta y otras iniciativas de fortalecimiento dependerá la apertura de una nueva etapa para el desarrollo de la economía social.

Fuente: FRENESO