Derechos básicos de la comunicación para la construcción de ciudadanía 

Por Fernando Latrille 

En una reciente charla vía zoom titulada “La comunicación y la información como derecho humano fundamental”, donde se habló de telecomunicaciones, conectividad y brecha digital, el investigador en comunicación y presidente de REDCOM (red de Carreras de Comunicación de la Argentina e integrada por diferentes universidades de todo el país), Diego de Charras, describió la concentración en el mercado de la telefonía y también de las empresas prestadoras del servicio de Internet y del servicio de televisión por suscripción. Por su parte, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) Gustavo López, brindó detalles de la génesis del decreto 690 del gobierno de Alberto Fernández que estableció como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía móvil, la conectividad a internet y el servicio de televisión por suscripción. Detalló la inversión del Estado y el trabajo que realizan desde ENACOM.  

Brecha digital 

 “Si hay algo que la situación pandémica nos ha dejado claro es la constatación de la desigualdad. La desigualdad también se manifiesta en materia de comunicaciones. La posibilidad de tener un debate público con opiniones diferentes, plurales, con una esfera pública diversa, es el sostén de la democracia”, señaló Diego de Charras y añadió que: “Si eso se ve lesionado por cualquier factor: político, económico, cultural o social. La democracia se debilita. Y en ese sentido-hace muchos años-, en el año 2003 hubo una cumbre mundial que fue sobre la sociedad de información que fue el momento en el cual apareció la idea de brecha digital”, puntualizó y describió que cuando apareció la idea de brecha digital fue el primer momento en el cual se manifestó una preocupación de los Estados por la conectividad de las personas. 

La conectividad, base fundamental para garantizar otros derechos 

Para el presidente de REDCOM la pandemia vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre brecha digital porque “sobre todas las cosas se va haciendo más palpable que la conectividad funciona como el sustento para el ejercicio de distintos derechos”, sostuvo y ejemplificó: “El derecho a la conexión de nuestros estudiantes se está sosteniendo sobre la base de una conectividad y aquellos que no la poseen se encuentran completamente excluidos. Entonces la posibilidad de tener o no conexión aparece como la posibilidad de ejercicio de un derecho”. De Charras habló de otros derechos en juego con la conectividad como el derecho a la expresión, pero también el derecho al trabajo, cuando gran parte de la población está ejerciendo teletrabajo y se aprobó una ley en ese sentido, indicó. “Hay una cantidad de derechos que se ejercen sobre la base de una infraestructura de conectividad de datos, una infraestructura de conectividad de banda ancha”, señaló. 

Además, expresó que en 2003 se evaluaba que la brecha digital era enorme y que hoy la brecha es más pequeña, pero no deja de ser un tema central. “Hace poco la CEPAL decía que en América Latina el 45% de la población está desconectada. No es un dato menor. Porque a su vez cuando empezamos a ver la población que está conectada no alcanza con pensar en términos binarios de conexión o desconexión”, dijo y ejemplificó: “Nuestros estudiantes, hay algunos que acceden a través del teléfono-celular con un plan de datos muy elemental y eso es un acceso claramente limitado. No es la exclusión total, pero es casi una situación de exclusión. Entonces no alcanza con estar conectado o desconectado, y en ese sentido el lugar del Estado es un lugar cardinal. Porque justamente es el Estado el que debe garantizar el ejercicio de los derechos”. 

En referencia al decreto 690 del presidente Alberto Fernández que estableció como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía móvil, la conectividad a internet y el servicio de televisión por suscripción, el profesor señaló: “Estos tres servicios son muy representativos del momento histórico en el que estamos porque son servicios que funcionan claramente para el ejercicio de los derechos que hacíamos referencia”. Si bien señaló que son servicios diferentes y con historia diferentes, el docente no dejó de indicar que ocupan “un lugar central en la vida cotidiana de las personas. Y en ese sentido la responsabilidad del Estado en la provisión de esos servicios, en la calidad de esa provisión y en las tarifas de esa provisión de servicios, es indubitable”.   

Concentración 

“Se trata de mercados con altísimo nivel de concentración. Si se consideran los dos principales operadores en los tres mercados (telefonía, Internet, servicio de televisión por suscripción) superan el 60%, en algunos el 70%. Entonces no puede hacer la vista gorda el Estado en mercados donde las tarifas están liberadas, donde los servicios no tienen regulación y que tienen ese grado de concentración y que tienen una penetración social altísima”, sostuvo de Charras.  

“Si tomamos sólo la telefonía móvil, hablamos de 56 millones de líneas telefónicas. Si somos 45 millones de habitantes estamos teniendo una penetración que ronda el 130%”. Si bien la penetración de ese servicio es enorme, el docente refirió que sin embargo alrededor del 90% de esas líneas telefónicas son de prepago. Es un servicio con acceso parcial, limitado. Y es un mercado con tres empresas”. En su exposición el docente e investigador en comunicación recordó que “había una cuarta empresa con una porción muy pequeña, sobre la cual Clarín operó. Casi diríamos como plan b a la fusión que luego le permitió ser propietario de uno de los grandes operadores. Hablamos de Nextel en el primer caso y de Telecom, en el segundo”, remarcó. “Clarín fue por Nextel y terminó quedándose con Nextel y Telecom”.  

“Ese mercado tiene tres operadores”, siguió con su descripción el presidente de REDCOM. “Claro, Personal, que es de Telecom y Movistar, que es de Telefónica. Prácticamente un mercado dividido en tercios-aunque no es exactamente así-, Claro tiene una porción más grande, luego Personal y después Movistar de Telefónica”, explicó. 

Pero también existe un mercado concentrado en las empresas prestadoras del servicio de Internet. “En el mercado a la conectividad a Internet también tenemos un mercado altamente concentrado. Con una diversidad de situaciones mayor, hay muchas empresas que prestan conectividad que son pequeñas, que son cooperativas, que son pymes o incluso micro-pymes. Pero hay actores de una preponderancia enorme como es Cablevisión-Fibertel o Fiebercorp- que como en el caso de la telefonía celular-, tiene una porción enorme del mercado”, expresó de Charras.  

“Con situaciones de monopolio en muchos lugares del país. La fusión que habilitó el gobierno de Macri, inicialmente en 2017, luego terminada de cerrar en 2018, permitió aún con unas pequeñas desinversiones que requirió la comisión de defensa de la competencia, habilitó condiciones monopólicas en buena parte de nuestro país y con costos variables”, señaló de Charras y explicó que: “Si el servicio está en competencia tiene unos valores, si no lo está tiene otros. Si está en un casco urbano, en una capital de provincia, tiene unos costos y a medidaque se aleja tiene otros. No hay una tarifa unificada y las variables entre una tarifa y otra pueden ser totalmente enormes y eso indica que tenemos ciudadanxs de primera y ciudadanxs de segunda”. Para el investigador en comunicación, la clave es la regulación asimétrica. “Si tenemos operadores de tanta diferencia entre sí el Estado debe resguardar los derechos de los usuarios, de los trabajadores e incluso de empresarios y empresarias a través de regulaciones acorde al tamaño de la empresa, al tipo de servicio que presta”. 

Con respecto al servicio de televisión por suscripción, el docente explicó que se encontraba dentro de lo que establecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y quefue quitado ni bien asumió Mauricio Macri a través del decreto 267 del 29 de diciembre de 2015, que permitió a las compañías la condición de prestadoras de servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), pasando a ser reguladas por la Ley de Argentina Digital 20.078, liberándola de las regulaciones de la Ley 26 522. De esta manera pasaron a no tenerlímites a la concentración de canales, ni están obligadas a tener una señal propia, ni a respetar la grilla de señales informativas, ni a incluir las señales locales de televisión, ni ofrecer una tarifa social. Para el presidente de REDCOM la televisión por subscripción debería volver a estar regularizada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Génesis del decreto 690 

El periodista, abogado, docente universitario y vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, refirió al primer paso dado por el Estado en decretar el acceso a las tecnologías como servicio público esencial, estratégico y en competencia. Explicó la génesis del decreto. “Se venía un segundo aumento, en el medio de la pandemia y las empresas habían decidido además del aumento que ya habían realizado algunas en el mes de abril, otras en mayo, un nuevo aumento para septiembre”, explicó. “Tuvimos un diálogo con el Presidente y la Vicepresidenta donde me preguntaron qué herramientas teníamos efectivamente para evitar que otra vez tuviéramos un aumento, pero también para evitar que las compañías aumentaran cuándo quisieran y cómo quisieran, sin tener que rendir cuentas a nadie de algo que se ha convertido en un servicio esencial”, contó López que refirió a la preocupación del Gobierno por un aumento que afectaba a “12 millones de argentinos que hoy están sobreviviendo con el IFE o la Asignación Universal por Hijo”. 

“El decreto es muy claro: por un lado hay un congelamiento que es por única vez y excepcional, producto de la pandemia y hasta el 31 de diciembre por la crisis que genera la pandemia. No se puede aumentar y no se puede cortar el servicio, salió un segundo decreto que expresa que aunque uno deba hasta siete facturas, no se puede cortar ninguno de estos servicios”, remarcó López y también destacó la importancia de que el decreto “retoma la idea de Argentina Digital de considerar a todos estos servicios (telefonía, Internet, televisión por suscripción) y a los que no estaban incluidos en la Ley de Argentina Digital, como la televisión por suscripción y a la telefonía celular, como servicios públicos en competencia”.  

La declaración de servicio público-explicó Gustavo López-, implica la intervención del Estado en la fijación del precio. Desde ENACOM se está trabajando en cuáles serán los parámetros objetivos en la posibilidad de autorizar un posible aumento de precios a partir del año próximo. Para eso el Estado tendrá en cuenta: costos, inversión y tasa de ganancia. “Estos son los parámetros que estamos discutiendo no sólo con las empresas, empezamos a discutirlo con las cooperativas, después con las pymes, pero también con la asociación de usuarios yconsumidores. Son muchos los actores que tienen que intervenir con su opinión para que nosotros después tomemos una decisión final del reglamento que va a regir para autorizar los aumentos futuros a partir del 1 de enero de 2021”. 

El segundo tema que incorpora el decreto 690 del 21 de agosto de este año, “además de la obligada intervención del Estado para permitir o no el aumento, es la tarifa social”, remarcó el vicepresidente del ENACOM. “Es una innovación importante. La tarifa social es por considerar al servicio como esencial, como derecho humano básico y aquellos que no puedan acceder a la tarifa que ofrecen por los cien megas o cincuenta megas, tengan una tarifa reducida en cantidad de servicios pero que les permita a todos poder estar conectados”. 

Inversión 

Gustavo López además de señalar que es falso que las empresas vayan a quebrar, que dejen de invertir o que la decisión adoptada por el Gobierno signifique una estatización, describió la inversión pública que hay por parte del Estado. Para eso recordó que la inversión que se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, “a partir de la segunda mitad del primer mandato y en el segundo mandato de CFK, en telecomunicaciones la inversión Estatal fue de 3.200 millones de dólares. Si uno lo divide por 12 años -aunque la inversión comenzó recién en 2006-, da un promedio de casi 260 millones de dólares por año de inversión”, dijo y enumeró: “mil millones de dólares para la TDA, mil doscientos millones de dólares para la red federal de fibra óptica, setecientos cincuenta millones de dólares para los tres satélites”. Y preguntó “¿saben cuánto fue la inversión en los cuatro años del gobierno de Macri? 264 millones de dólares, pero en cuatro años. Es decir que la inversión del Estado se redujo en un 75% en estos últimos cuatro años”. 

Con respecto a las inversiones que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández, el Vicepresidente de ENACOM destacó el anunció de obras por 38.000 millones de pesos que tienen que ver con terminar la segunda etapa de red de fibra óptica, hacer una tercera etapa parallegar a los cuarenta mil kilómetros, fabricar el tercer satélite para ponerlo en el espacio en 2023 y establecer la nube propia del Estado a través de ARSAT. “Desde ENACOM lanzamos el plan de conectividad a barrios populares (mil millones de pesos y cuando se agoten serán mil más), 2000 millones de pesos para conectar escuelas, hospitales y sistema de seguridad. 1000 millones de pesos para conectar zonas de difícil acceso y corredores viales”, entre otras inversiones que describió Gustavo López. “La inversión que pensamos hacer de aquí al 2023 es de aproximadamente de 25.000 millones de pesos. Si uno toma y lo traduce a dólares de hoy va a dar 800 millones de dólares, quiere decir casi tres veces más de lo que se invirtió en el gobierno de Macri en estos cuatro años”.