Gustavo López: "Durante el macrismo, la tasa de inversión de las empresas de telecomunicaciones fue muy baja"

Por Martín Massad y Juan Cruz Guido

El vicepresidente de Enacom, Gustavo López, dialogó con AGENCIA PACO URONDO RADIO (domingos de 10 a 12, FM La Patriada) sobre la suba de precios ilegales de distintas prestadoras de servicios de internet.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo avanza la situación de los aumentos instalados por las empresas prestadoras de servicio de televisión por cable por encima de lo permitido por el Gobierno Nacional?

Gustavo López: Evidentemente esta situación tiene que ver con una puja política entre las grandes empresas y el Gobierno Nacional. A través de un DNU (decreto de necesidad y urgencia), por decisión del presidente Alberto Fernández, declaramos servicio público esencial y en competencia a todas las telecomunicaciones (internet, televisión paga, telefonía fija y móvil). Esta decisión se tomó debido a que durante este periodo de pandemia fue imprescindible el uso de estos servicios desde la escuela primaria a la universidad, para recetas médicas, para el trabajo home office. Incluso el propio Poder Judicial de la Nación tuvo actividad remota durante el año 2020. Este es el motivo por el cual se lo declara servicio público, y esto tiene dos consecuencias importantes: en primer lugar, el Estado interviene en la regulación del precio, es decir, ya no queda librado a la voluntad de la empresa, y, en segundo lugar, se establece una prestación básica universal dirigida a las personas que cobran menos de 41.000 pesos y que por ello no pueden alcanzar al plan más barato de la empresa. El objetivo de este plan, entonces, es que nadie quede afuera.

En este marco, muchas empresas como pymes y cooperativas cumplieron, mientras que otras grandes empresas incumplieron, pero ahora están reintegrando lo que cobraron de más. Otras, sin embargo, están desafiando el poder político porque no quieren regulación, ni que sea declarado servicio público, y entonces usan la estrategia que han usado siempre: ver si consiguen un amparo en la justicia. Respecto a esto, todos los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazaron de manera unánime el pedido de amparo, por lo que finalmente terminaron consiguiendo un amparo para una empresa de 500 abonados en Córdoba, con el juez Bustos Fierro. La estrategia de ellos actualmente es hacer lo mismo en aproximadamente 100 juzgados en todo el país.

APU: ¿Qué hay de cierto en el argumento que sostienen las empresas acerca de que la falta de aumento no permite la inversión en el servicio y esto va en detrimento de la calidad que brindan a sus usuarios?

G. L.: Esto no es linealmente cierto porque acá se necesita inversión estatal e inversión privada. La inversión privada fue alta en 2016 y en 2017 debido a que tenían que cumplir con el despliegue del 4G. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se licita el 4G y comienza la aplicación en el gobierno de Macri para poder dar el servicio, lo que significa tener mayor cantidad de datos y mayor velocidad. Las empresas invirtieron hasta el 2017, pero luego, durante 2018 y 2019 la tasa de inversión de las empresas, que no tenían regulación y cobraban lo que querían, fue muy baja porque la situación económica era mala. Por lo tanto, depende de cómo le vaya al país, las empresas invierten o no, y no si hay o no regulación, porque esta no existió. Aumentaron lo que quisieron por encima de la inflación y aun así la tasa de inversión fue baja. Lo mismo sucedió con la tasa de inversión por parte del Estado en esos años, que fue prácticamente nula. Hay que tener en cuenta que, durante los 12 años del kirchnerismo, la inversión fue de aproximadamente 260 millones de dólares por año en este rubro. Ahora, cuando analizás la tasa de inversión durante los cuatro años de macrismo es esa misma cifra, pero en todo ese período, es decir, disminuyó un 75%.

Ahora bien, si se congelaran eternamente los precios, las empresas no tendrían capacidad de inversión. Sin embargo, lo único que hicimos fue regular el precio y salir del congelamiento de precios a causa de la pandemia, que fue una medida excepcional y que se aplicó a 150 actividades diferentes. La medida de regulación incluyó un 5% de aumento e, incluso, fue asimétrica con pymes y cooperativas porque habían cobrado mucho menos en el 2020. Cuando hacemos todo esto, lo que ellos cuestionan es que intervenga el Estado regulando los precios. Nosotros, en cambio, consideramos que no es posible dejar que las empresas fijen un precio a su voluntad en prestaciones ligadas a servicios esenciales, en tanto fijaron un 20% contra el 5% que fijó el Estado, y con esta lógica en marzo pueden fijar el 40%, dejando afuera a buena parte de la población. Es claro, entonces, que estamos en una pulseada económica y política.

APU: ¿Cómo debe manejarse un usuario para reclamar los aumentos en las facturas de enero y febrero?

G. L.: Algunas empresas, por ejemplo Cablevisión, están haciendo algo bochornoso con sus usuarios, mintiéndoles descaradamente en la cara porque les dicen que la medida del aumento del 20%, dictada por el juez Bustos Fierro en Córdoba, abarca para todo el país y todas las empresas, lo que es falso, ya que esta medida solo rige para una empresa que tiene 500 abonados.

¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Concretamente, los usuarios que realizan el pago manualmente por Home Banking debe abonar con el aumento del 5%. Por otro lado, aquellos que tienen débito automático o abonan en centrales de pago deben realizar el reclamo ya sea en Enacom, en asociaciones de usuarios y consumidores, en la Defensoría del Pueblo o en la Defensoría del Público. Si bien nosotros somos el organismo central, estamos en comunicación con estos organismos para recepcionar todos los reclamos con el fin de exigirles a las empresas la devolución e imponerles las mutas correspondientes para castigar una conducta ilegal que significa miles de pesos que paga la gente de su bolsillo. Confiamos en que haya una medida general por parte de la Justicia, y que mientras que esto se discute podamos aplicar lo que determina el gobierno y no lo que determinen libremente las empresas.

APU: Para concluir, ¿qué nos puede decir respecto a la situación del 5G en Argentina?

G. L.: Esta semana aprobamos las pruebas del 5G para extenderlas, y con el objetivo de que las distintas empresas puedan empezar a probarlo de manera experimental. Por lo que tengo entendido, a diferencia del 4G, que tiene una utilización más civil y cotidiana, el 5G lo están orientando en el mundo a una cuestión más vinculada a la economía, la industria, entre otros. De todas formas, se verá cómo evoluciona en las siguientes fases de prueba.