Ley de Medios: Uruguay y Ecuador copian a la Argentina

Por Anaclara Soria I El presidente de la República Oriental de Uruguay, José  “Pepe” Mugica, contrariamente a lo prometido en el 2010, elaboró un proyecto de ley de Telecomunicaciones que es resistido por algunos de los sectores que conforman el empresariado mediático del país vecino. El hincapié está puesto en establecer porcentajes mínimos de producción nacional. Será discusión parlamentaria el porcentaje que se le dará a la misma.

Por otro lado, el proyecto de ley establece la imposibilidad para las empresas que manejan los canales de televisión, de brindar servicios de telefonía celular. Como así también, las telefónicas no podrán brindar servicios de TV. Al igual que la Ley de SCA argentina, donde al comienzo de la discusión parlamentaria era permitido y finalmente fue prohibida la propiedad “cruzada”.

La voz que se alzó contra el proyecto de ley fue la de AUDALAP ("Asociación uruguaya de Agencias de Publicidad”). El Poder Ejecutivo estableció que no se podrá emitir por televisión ni por radio ningún tipo de publicidad encubierta, ya que considera que “los más perjudicados terminan siendo los niños en esta clase de situaciones”. Esta asociación representa al 80 % de publicitarios que trabajan en Uruguay y afirmó que “la autorregulación es el mejor modo de operar de una manera ética y responsable” y que “este proyecto de ley viene a dificultar cuestiones que en el país no tienen problemas”.

A su vez se estableció que las licencias de radio y televisión serán otorgadas a través de consultas públicas donde concurrirán Estado, empresarios y miembros de la sociedad civil y que durarán 10 años para las de TV y 15 para las de radio. Las empresas de medios aún no se expresaron sobre las implicancias que tendrá esta ley si se aprobara. Lo único que planteó fue que  el Gobierno Nacional había prometido no trabajar en una ley que los regule.

La contraofensiva mediática está lejos de acercarse a lo que vivió el Gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner con la Ley 26522. En efecto, Mujica insistió en que “no se trata de una mordaza ni es una restricción para la libertad de prensa”, ante los paralelismos implícitos que desde los principales diarios intentaron realizar entre ambos países.

En Ecuador en cambio, y a pocos días de la asunción de Rafael Correa de su segundo mandato, la situación es diferente. Bajo la denominada “Ley Orgánica de Comunicación”, el Poder Ejecutivo busca extender el régimen de licencias a representantes de grupos indígenas y afroamericanos. El proyecto de ley aún está en construcción pero se planea dejar un 34 % del espectro total de radios y televisión a los grupos antes mencionados.

 “Si un medio ataca o difama a un Presidente, se trata de libertad de expresión. Si un Presidente responde es lisa y llanamente: represión”. El autor de esta frase podría ser cualquier miembro del Gabinete Nacional argentino o de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la autoría responde a Jorge Glas, vicepresidente ecuatoriano. Ecuador se enfrenta entonces a una de las discusiones más profundas y estructurales que atraviesan a todos los países de América Latina. Quién produce la información, qué se produce y para quién, son las preguntas que debemos respondernos para que los avances conseguidos se sigan sucediendo.