Permiten a acusada por delitos de lesa humanidad viajar a París

Por Diego Kenis I La autorizó el mismo juez que decidió dejar en libertad a Aldo Vara y Vicente Massot y atomizó causas llegando a dudar del carácter de desaparecidos de algunas de las víctimas.

Antes de resolver por la negativa los pedidos de detención del ex capellán del Ejército Aldo Vara, el empresario Vicente Massot y el periodista Mario Gabrielli, todos ellos acusados por su participación en el plan criminal de la dictadura, el juez subrogante Santiago Martínez había mostrado su impronta en otras decisiones tomadas en el área y fuera de ella.

En marzo de este año, el juez –que supo beneficiar al Grupo Clarín otorgándole una medida cautelar en los primeros meses de vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- emitió una resolución mediante la cual decidió fragmentar en tres causas las investigaciones acerca del accionar del Terrorismo de Estado de Bahía Blanca y la región. Como variable, utilizó la diferenciación entre plexos probatorios “suficientes” e “insuficientes”, tomando como elementos para ello a los propios documentos rubricados por el juzgado que durante la dictadura obró como pata judicial del plan criminal y se encuentra desde el año pasado a su cargo.

El juez Santiago Martínez

La atomización de las causas va contra la economía temporal que obedece incluso a los tiempos biológicos de los responsables de los crímenes perpetrados y, por otra parte, exhibe una incomprensión del magistrado que la resolvió acerca del modo global en que se aplicó sobre la sociedad el efecto de los aceitados engranajes del plan criminal de la dictadura. De entre los casos que incluye en el conjunto de los a su criterio insuficientemente probados, el juez a cargo de la investigación llega a dudar acerca de si muchas de las víctimas permanecen o no desaparecidas.

Cubriéndose de Gloria

Al magistrado le faltó decir que quizá estén todavía paseando en Europa, continente que sí visitará en los próximos días su colega Gloria Girotti. Durante la dictadura, Girotti ocupaba el cargo que décadas más tarde permitiría a Martínez convertirse en juez subrogante: era secretaria del juzgado federal 1, a cargo del fallecido y procesado Guillermo Madueño y convertido por entonces en el brazo judicial del Terrorismo de Estado que comandaba el represor Adel Vilas desde el V Cuerpo de Ejército.
Girotti, a quien la fiscalía acusa desde diciembre de 2010 de participar incluso en interrogatorios bajo tortura, tiene prohibida la salida del país desde 2012 y a comienzos de este año le fue diagnosticado un cáncer de mama.

En mayo, elevó al juzgado de Martínez la solicitud de viajar a París para formular allí una interconsulta. La propia letrada manifestó en el pedido remitido a Martínez que no existía para ello una derivación hospitalaria ni informes sobre la necesidad del viaje por parte de oncólogo alguno, sino que obedecía a una recomendación de un colega de su marido, el psiquiatra y marino retirado Eduardo Mata, que recomendó el viaje para reducir los “niveles de incertidumbre” de la paciente y acusada.

A comienzos del mismo mes Martínez le otorgó el permiso, pese a que la solicitud tampoco ofrece precisiones sobre profesionales o lugares específicos a consultar por el cuadro. “Es su intención, y lo cree necesario”, escribió por todo argumento el juez. Pero no se quedó sólo allí: en un párrafo de su resolución, anticipó que debería dársele a la acusada autorización a viajar “sea el que fuere el motivo invocado”. Con ello, quedó en los hechos suspendida la prohibición de traspasar las fronteras argentinas que determinó el mismo juzgado poco más de un año atrás.

La decisión de Martínez fue apelada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani ante la Cámara Federal. Si los camaristas dejan firme la decisión de primera instancia, Girotti visitará París entre el 15 de junio y el 2 de julio próximos y nadie ofrece garantías de que volverá. También está apelada la falta de mérito que dictó respecto de ella el entonces juez Alcindo Álvarez Canale.

Además, Girotti enfrenta un juicio académico en la Universidad Nacional del Sur, en cuyo Departamento de Derecho dicta tres materias. El pedido fue respaldado por casi sesenta firmas de miembros de la comunidad universitaria, avalado por la propia unidad académica y elevado a juicio por el Consejo Superior Universitario. El Tribunal Académico, conformado por profesores eméritos de la universidad, dejó vencer todos los plazos estipulados y aún no decidió si los delitos de lesa humanidad que desde hace tres años y medio se imputan a Girotti representan o no una violación a las pautas morales que requiere a los miembros de la comunidad universitaria el Estatuto institucional. Ante la desidia, la última noticia corrió por cuenta de la acusada: el viernes 24 de mayo, once cartas documento firmadas por ella invadieron la mesa de entradas del CSU. En ellas, intimaba a retractarse e indemnizarla a los consejeros e integrantes del público que se habían pronunciado contra su reválida docente en el debate del cuerpo resolutivo el lejano 24 de mayo de 2011.

Cinco días más tarde, como informó Agencia Paco Urondo, se realizó un nuevo sorteo para determinar al tercer miembro del Tribunal Académico, luego de que en abril renunciase uno de los docentes que lo integraban. El azar eligió el nombre del ingeniero agrónomo Osvaldo Fernández, decano del Departamento de Agronomía durante las dictaduras de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla. Hasta el cierre de esta nota, y a más de una semana del sorteo, Fernández no se había excusado.