Morirá impune el genocida Villegas

Por Diego Kenis I El Tribunal Oral Federal (TOF) subrogante de Bahía Blanca que desde el 25 de junio juzga a ocho represores del Ejército decidió el miércoles 31 de julio separar del proceso a uno de ellos, el coronel retirado Miguel Villegas, a raíz del cáncer terminal que padece. A Villegas se lo acusa por su participación en la operación de blanqueo de tres militantes del Peronismo de Base secuestrados, mediante la parodia de enjuiciamiento a través de un Consejo de Guerra en que ofició como fiscal y, para solicitar las condenas, se basó en declaraciones arrancadas a las víctimas, previamente torturadas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”.

De quedar firme la resolución del TOF interviniente, el juicio que debía comenzar a principios de año y demoró un semestre contará con sólo siete represores en el banquillo sobre los diez que originalmente habían sido incluidos. La fuga del coronel retirado Carlos Arroyo y la incapacidad que los peritos oficiales diagnosticaron en el suboficial Armando Barrera redujeron el número a ocho. Dos de ellos, Villegas y el ex teniente Ricardo Gandolfo, asistían al debate bahiense por videoconferencia en razón del estado de salud que ambos presentaban.

La impunidad biológica que parece haberse asegurado Villegas no obstruirá sin embargo el camino para determinar su responsabilidad histórica. Desde muy joven, el represor fue partícipe de las dos décadas del siglo pasado caracterizadas por la violencia ejercida desde el Estado. Un repaso por su biografía permite observar las responsabilidades del Ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto en el escenario de violencia, lo que desmiente la visión de ex magistrados como Jorge Torlasco, que plantea que el terrorismo de Estado fue una respuesta represiva del ámbito castrense ante el ataque de grupos guerrilleros. Mucho antes de la aparición de Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), los militares habían bañado de bombas la Plaza de Mayo y teñidos de azul y colorado dirimieron a los tiros en las calles el control del Estado que lograron con la caída de Juan D. Perón. Trece años más tarde, Villegas confirmaría la matriz al participar en el terrorismo de Estado, ya en el V Cuerpo de Bahía Blanca.

Del 63

El 2 de abril de 1963 Villegas tenía 24 años, era subteniente de infantería y estaba destinado al Regimiento 7 de La Plata. Como presidente de la Nación oficiaba el titular del Senado, José María Guido, dando lugar al experimento golpista del presidente civil bajo tutela militar. Los colorados se alzaron contra los altos mandos, azules, que se habían impuesto un año antes. Pretendían colocar como presidente al veterano general retirado Benjamín Menéndez, golpista de 1951.

Finalmente, capitularon el 5 de abril. Villegas, sublevado en La Plata, fue puesto a disposición de la justicia militar el mismo día y sometido a la consideración de la Junta Especial de Calificación de Oficiales, que propuso pasarlo a retiro y formarle Consejo de Guerra por “rebelión” durante “los acontecimientos del 2 de abril”, cuando empleó “los efectivos a su mando para combatir contra tropas leales de su propia División”. En septiembre, pocas semanas antes de dejar el poder, Guido firmó el decreto 7602, que concedió una amnistía para un grupo de oficiales sublevados. Villegas resultó entonces absuelto, por “sentencia no confirmada del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”, según le informó el 11 de octubre la Secretaría de Guerra, que puntualizó que el entonces subteniente se encontraba “comprendido en los alcances” del decreto. Cuando se notificó, un año después, ya estaba en Bahía Blanca. No sería su único paso por la ciudad.

Los enfrentamientos entre azules y colorados por el poder dejaron en 1963 un saldo de veinticuatro muertos y casi un centenar de heridos, además de mantenerse proscripto al partido mayoritario de cara a las elecciones que se desarrollarían un trimestre más tarde. Ese era el principal objetivo de los colorados, que equiparaban al peronismo con el comunismo y sostenían que debía erradicarse a ambos. No es que los azules fueran mucho más democráticos: su líder era Juan Carlos Onganía, quien tres años más tarde pondría punto final al débil y semidemocrático gobierno del radical Arturo Illia para imponer la penúltima dictadura militar, ya claramente empapada en la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional que una década más tarde sería el marco del genocidio. Villegas seguiría buscando erradicar al peronismo de la vida del país.

El hecho maldito del país castrense

Antes de que la causa que involucra a Villegas fuese elevada a juicio por los delitos de lesa humanidad de los que se lo acusa, en junio de 2011, su abogado defensor Hernán Corigliano realizó una presentación ante la justicia federal solicitando la nulidad de las peticiones de la fiscalía y las querellas. No tuvo éxito, pero dejó su interpretación histórica, adjudicando a Juan D. Perón responsabilidad en la amenaza que para las instituciones representaban “los terroristas”.

En rigor, Perón ya había vuelto y muerto cuando Villegas llegó nuevamente a Bahía Blanca, con el grado de capitán, un día antes del golpe, el 23 de marzo de 1976, como varios de sus camaradas, lo que ilustra los preparativos de la profundización de la represión. Gran parte del verano anterior lo había pasado en Tucumán, en la V Brigada de Infantería que estaba al mando de Adel Vilas, con quien se reencontró en el otoño bahiense.

El legajo de Villegas indica que permaneció en la ciudad hasta el 15 de diciembre de ese año, cuando una resolución del Comandante en Jefe del Ejército lo destinó a la Escuela Superior de Guerra. Pero las actas del Consejo de Guerra a que fueron sometidos Julio y Rubén Ruiz y Pablo Boholavsky lo desmienten. Durante ese proceso simulado de justicia, Villegas actuó como fiscal contra los jóvenes militantes peronistas. El objetivo de la puesta en escena era blanquear la situación de las tres víctimas, que habían permanecido secuestradas en el CCD “La Escuelita” desde el 19 de octubre, y concretar además una acción psicológica para que la población percibiese a las Fuerzas Armadas como ajustadas a derecho. Como presidente ofició el coronel retirado Osvaldo Páez, que fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio a represores en Bahía Blanca, que finalizó en septiembre último.

Tras su paso por el CCD, donde se los torturó e interrogó, los tres fueron trasladados al Parque de Mayo bahiense y allí se efectuó un simulacro de liberación. Por el mismo lugar en que un grupo de represores los había dejado pasó otro y “simularon realizar para con ellos un rescate, subiéndolos al vehículo, quitándoles las vendas para finalmente trasladarlos al Batallón de Comunicaciones 181”, según narra el fallo de septiembre.

El 17 de diciembre, el paródico Consejo de Guerra condenó a Julio Ruiz y Boholavsky a un año y medio de reclusión por “tenencia de armas y explosivos” e “incitación a la alteración del orden previsto”, mientras que Rubén Ruiz recibió una pena de siete meses por “encubrimiento”. Para ello, se basó en las declaraciones arrancadas a las víctimas y en los dichos del represor Emilio Ibarra, jefe del llamado “grupo antiguerrillero”.

El fallo no satisfizo a Villegas y al atardecer del mismo día lo apeló, requiriendo penas más altas. “Si bien la organización a la que pertenecen los condenados, en Bahía Blanca, ha actuado hasta ahora, en el ámbito laboral sin enfrentar a las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad, no significa que en un futuro no lo hagan” (sic), argumentó. Como escribió Eduardo Galeano al describir la cultura del terror: “no te pego por lo que hiciste, sino por lo que vas a hacer”.

Pocos días más tarde, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas profundizó el fallo del paródico Consejo de Guerra.  Su fiscal, el capitán Miguel Villegas, había cumplido su parte del guión teatral en la parodia de justicia. Pocos días más tarde, el 31 de diciembre, fue ascendido a mayor. La justicia militar que evitó condenarlo por los enfrentamientos entre uniformados de los que participó en 1963 fue en cambio implacable con aquellos militantes previamente secuestrados y torturados no por lo que habían hecho, sino por lo que podían llegar a hacer.