Rosario: menores de edad sometidas a vejaciones

Por Nicolás Bondarovsky

Agencia Paco Urondo: Presentó una denuncia sobre abusos policiales en una comisaría de Rosario ¿Qué fue lo que pasó?

Eduardo Toniolli: Hicimos la denuncia acompañando a los padres de un grupo de adolescentes, seis chicas y un varón, el varón de 17 años y las chicas entre 12 y 18 años, una sola de ellas es mayor. Durante la noche del sábado (31 de agosto), madrugada del domingo, estaban en una cantina bailable de la ciudad de Rosario festejando un cumpleaños, se produce un conflicto en el lugar, un enfrentamiento con otro grupo de chicas y chicos. Después de ese enfrentamiento, las chicas deciden retirarse y al rato, cuando se encuentran en la cercanía de las Cuatro Plazas donde iban a tomar el colectivo, son detenidas por patrullas del comando radioeléctrico y de la comisaria 14, que es la comisaría de la zona.

APU: ¿Qué sucedió luego?

ET: Las chicas fueron detenidas, primero cachadas al grito de o acusándolas de haber participado de esa pelea; las llevan a la comisaria 14. Recién a las 11 de la mañana le avisan a una de las madres de esta situación, ellas fueron detenidas a las 3 de la mañana. Allí son sometidas a todo tipo de vejámenes, de apremios, de  insultos discriminatorios –“negra villera”, “gorda”, etc.- golpes en la cabeza y en el cuerpo y también las hacen desnudar en su totalidad –sin ropa interior inclusive- adelante de personal policial masculino y femenino, pero además rompiendo con toda la lógica que debería tener el protocolo que siguen ese tipo de detenciones. Hay que decir, además, que cuando se detiene a un grupo de menores, como en este caso, lo primero que hay que hacer es avisar de esto a un Juez de Menores -si hubiera delito, obviamente, estamos diciéndolo- y avisar inmediatamente a los padres. Esto no sucedió y lo que agravó la situación es que cerca de las once de la mañana, después de varias horas en las que se produjo la crisis de salud de una de las chicas que es diabética y que tuvo un pico de su enfermedad, tuvo una reacción, vómitos –vómitos que fue obligada a limpiar ella misma con sus amigas-, cuando en algún momento los agentes se dieron cuenta que se les iba de la mano esa situación de salud, esta crisis de salud de una de las chicas, la trasladaron con una ambulancia hasta el Hospital Carrasco, el hospital público de la ciudad de Rosario, donde estuvo internada en una situación delicada, además de la crisis por su descompensación, por los golpes que tenía en la espalda con moretones evidentes.

En ese marco, a nosotros nos llega la denuncia y definimos en función de que soy Presidente de la Comisión de Derecho y Garantía de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, elevar esta denuncia a la justicia provincial.

APU: ¿Cuánto tiempo tuvieron detenidas en la comisaria?

ET: Desde las tres de la mañana hasta las once de la mañana, aproximadamente.

APU: ¿En concepto de qué?

ET: Bueno, en principio nosotros cuando acompañamos a los padres a realizar la denuncia, evaluamos lo que sucede generalmente en este tipo de casos que, frente a la certeza o a la duda, frente a la posibilidad de que haya una denuncia por parte de las víctimas de este tipo de situaciones, cuando se va de la mano una situación como fue en este caso, por la situación de salud complicada que tenía una de las chicas, evidentemente los agentes de la comisaria iban a realizar una denuncia seguramente inculpándolas de algo. De lo que las acusan es de un robo de un celular, cosa que las chicas desmienten totalmente, además señalan que les retuvieron, cuando les retienen pertenencias personales, les retuvieron a una de ellas el celular – es decir, le robaron el celular porque no figura en ningún lado- y algo de dinero que tenían para poder volverse a la casa.

APU: ¿Las chicas están bien, están con fuerza para llevar adelante esta causa?

ET: Sí, obviamente shockeadas por esta situación, los que llevan un poco la voz cantante son los padres, obviamente porque son chicas menores, por lo tanto ni se expusieron a los medios de comunicación y también se pidió a la Justicia que se preservara su identidad, por su condición de menor además, que no se las someta sistemáticamente a testimoniar. Pero bueno, hasta el momento la Justicia actuó diligentemente, está un fiscal a cargo, hay una asesora de menores de los tribunales provinciales también involucrada en la temática porque tiene sus particularidades: estamos hablando de menores de edad sometidas a este tipo de vejaciones.

APU: ¿Estuvo presente en la comisaría?

ET: No, nosotros lo que hicimos directamente fue acompañar a las chicas y a los familiares a hacer la denuncia porque nosotros nos enteramos varios días después. Hacer la denuncia a los Tribunales provinciales; creemos que este tipo de denuncias se tienen que hacer en la Justica, no en la comisaria, obviamente, ni en Asuntos Internos de la policía porque consideramos que es inconveniente y que no corresponde que la misma fuerza se investiga a sí misma. Tenemos que dar parte a la justicia, es lo que hicimos, esto generó gran repercusión pública, fundamentalmente, porque si bien cotidianamente vemos que suceden este tipo de casos, cuando nos llegan la referencia de casos de torturas, hemos en algunos casos tomado participación e intervenido en causas judiciales resonantes, no solo en Rosario sino en otros lugares de la provincia, del norte de la provincia.

APU: Recuerdo los casos del norte de la provincia de Santa Fe…

ET: Exactamente, donde este tipo de situaciones inclusive tiene mayor volumen, pero no siempre las denuncias se hacen públicas o no siempre se realizan efectivamente. ¿Por qué? Porque evidentemente esto genera algún tipo de miedo.

APU: Más el marco institucional que da un legislador ¿no?

ET: Exactamente. En ese marco, nosotros promovimos esta denuncia y estamos a la espera de ver cuál va a ser la reacción del gobierno provincial; lamentablemente, en general el discurso muy instalado en el Ministerio de Seguridad es el de sembrar la duda frente a este tipo de situaciones o dejar librado a que la justicia avance a la toma de decisión administrativa, cuando hay decisiones administrativas que son intermedias y no necesariamente son el pase a disponibilidad definitiva a un agente, pero si disponibilidad preventiva, la separación del cargo preventivamente hasta tanto se determine, en función de una denuncia producida por una buena cantidad en este caso, de chicas menores junto a sus padres, con un grado de verosimilitud importante, con marcas explícitas en el cuerpo de estas chicas y con testimonios coincidentes en el mismo sentido.

APU: ¿Es habitual este tipo de casos en las comisarías de Rosario?

ET: Sí, claramente. No sólo de Rosario, sino de la provincia en general. Es de público conocimiento que hay una crisis en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe; lo que emergió con fuerza o lo que se destapó como la relación entre sectores de las fuerzas de seguridad, entre su jefe máximo el año pasado Hugo Toniolli y el narcotráfico, en realidad es una situación crítica que atraviesa gran parte de las fuerzas de seguridad o en un pedazo importante porque es una crisis estructural. En ese marco, los abusos policiales no son un fenómeno aislado de lo que sucede en la relación en sectores de las fuerzas de seguridad y determinada economía delictiva.

APU: ¿Por qué?

ET: Generalmente, se suele intentar por parte de algunos sectores comunicacionales o políticos marcar la contradicción entre la efectividad en el combate del delito y el respeto de la transparencia de determinados procedimientos, el respeto a los Derechos Humanos básicos. Y esto no solo que no es así, sino que es a la inversa: generalmente, cuando se violan determinados derechos humanos, se violan determinadas garantías, se ensucian los procedimientos de manera irregular o ilegal, generalmente se hace eso para intentar, de esa manera, gestionar el delito en el caso de aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que tengan alguna relación con alguna economía delictiva. Voy a dar un ejemplo concreto: la detención por averiguación de antecedentes en la provincia de Santa Fe todavía se mantiene, generalmente es utilizada para poner a funcionar a pibes de barrios humildes en una relación obviamente perversa, de poder, en un abuso de autoridad perverso, en el marco de determinados delitos que pueden llegar a cometer determinados miembros de las fuerzas de seguridad. La herramienta que se justifica o se sigue justificando en la necesidad de encontrar a los prófugos de la justicia, bueno en realidad termina siendo utilizado de esta manera, para gestionar el delito o para ocultar determinada trama.

Nosotros habíamos hecho un pedido de informe al Ministerio de Seguridad de la Provincia y que ha sido respondido. De 31.000 detenciones durante el año pasado registradas, sin contar las no registradas, 21.000 son por averiguación de antecedentes, sólo en 1.000 casos se dio con prófugos de la justicia, es decir que la efectividad es del 3%.

APU: Contundentes los números

ET: Exactamente. Pero además estamos hablando de los números en blanco, un recurso que muchas veces, cuando se pone a funcionar en base a esa mecánica extorsiva de las que daba cuenta antes, no encuentra registro. En ese marco nosotros creemos que la efectividad en el combate del delito se tiene que ajustar a derecho y es una resultante ajustarse a derecho de la transparencia de los procedimientos. Por eso venimos planteando una reforma policial que, entre cosas, se pare en lo que tiene que ver con delitos complejos. La investigación de la prevención ¿no? la prevención en manos de la policía provincial tal cual hoy la conocemos y la investigación a cargo de un cuerpo de un organismo de investigaciones tal cual lo exige el Código Procesal de la Provincia, generalmente llamada Policía Judicial.