Trabajadoras migrantes: el desafío de la sindicalización

Por María José Magliano y Ana Inés Mallimaci Barral (Doctoras e investigadoras CONICET, UBA –UNAJ)

El tema de la convocatoria del dossier “Mujeres, trabajo y organización sindical” a la que fuimos convocadas nos interpeló por la negativa: en tanto investigadoras de las dinámicas migratorias contemporáneas en Argentina nos encontramos con poblaciones trabajadoras con escasas experiencias de sindicalización. Relacionadas con prácticas localizadas y estrategias de largo plazo, las acciones sindicales suelen ser construidas desde y para trabajadores nacionales, sedentarios y son excepcionales los sindicatos que tomaron como propia la agenda de reclamos de los y las trabajadoras/as inmigrantes. Nos interesa en los siguientes párrafos, destacar la presencia de las mujeres migrantes como trabajadoras y analizar su relación con el servicio doméstico en Argentina.

Un poco de historia: el rol de las migraciones en el desarrollo de Argentina

La historia del Estado argentino y la conformación de sus sociedades y economías están irremediablemente asociadas con los procesos migratorios. Fueron los y las migrantes europeos quienes conformaron el grueso de la mano de obra necesaria en las grandes ciudades para la implementación del programa económico del modelo agroexportador que se instala desde fines del Siglo XIX y quienes engrosaron las filas de obreros y obreras requeridas por las necesidades de la industrialización que se acelera en la década del 30.

Paralelamente a la llegada de personas de origen europeo Argentina ha sido históricamente un polo de atracción para las poblaciones de los países de la región Sudamericana. La proporción de migrantes regionales constituye un elemento estructural de sus componentes demográficos que se expresa en una proporción sobre la población total que se ha mantenido estable durante el siglo XX y XXI (la población extranjera de países vecinos representa desde 1869 entre el 2 y el 3  por ciento de la población argentina). Los y las migrantes limítrofes se sumaron a la población laboral nativa en las diferentes etapas del desarrollo del país: primero como mano de obra estacional en diferentes economías regionales y luego en su desplazamiento hacia las grandes ciudades (se pasa de una migración rural – rural a una rural – urbana y se las modalidades migratorias comienzan a mostrar mayores permanencias). A diferencia de lo ocurrido entre las corrientes europeas, las migraciones de países vecinos mostraron una presencia de mujeres desde épocas tempranas.

En términos generales, desde 1980, se puede observar una mayor presencia de mujeres extranjeras como consecuencia de dos procesos: mayor sobrevivencia de extranjeras de más edad, y por aumento de ingreso de extranjeras provenientes de países cercanos. Diferentes estudios han comprobado además que independientemente de las formas de la migración, las mujeres migrantes han trabajado en grandes números a lo largo de la historia, desafiando cierta representación social que las supone como “acompañantes”. Ahora bien, su condición de extranjeras ha incidido en el tipo de trabajo que realizaron y realizan a pesar de ciertas coincidencias con las labores destinadas a las mujeres en general.

Mujeres inmigrantes y empleo doméstico

En este sentido, junto con las tareas rurales, el servicio doméstico ha sido un “nicho de mercado” para las inmigrantes. Primero para las europeas que luego desarrollan trayectorias hacia otro tipo de inserciones, y luego para las mujeres migrantes internas y regionales que encuentran en el servicio doméstico un modo relativamente rápido e informal de emplearse. En un estudio reciente (Groissman y Confienza 2013) se destaca que el 20% de las mujeres que son empleadas domésticas han nacido en el extranjero. Si bien se trata de una ocupación relevante para el empleo femenino en general (17% del total de asalariadas de todo el país) entre las mujeres migrantes representa el nicho sectorial en el que se insertan mayoritariamente (47%), especialmente las mujeres paraguayas (69%) y las peruanas (58%). Ello significa que el espectro sectorial de las oportunidades de inserción se reduce notablemente entre las migrantes respecto a la población nativa que presenta una distribución mucho más diversificada pero además, las trabajadoras migrantes pueden llegar a ser confinadas a las peores condiciones dentro de esta actividad. La situación migratoria es una condición central a la hora de analizar las posibilidades de inserción laboral, siendo quienes no tienen regularizada su residencia aquellas que se encuentran condenadas a la informalidad laboral, en tanto puede “coexistir” más fácilmente que otras ocupaciones con la irregularidad migratoria debido a la falta de controles. Esto es especialmente cierto con el empleo doméstico que se desarrolla en el universo “privado” del hogar. Esta situación, por ende, potencia las condiciones de explotación e inestabilidad a la que se ven expuestas las empleadas domésticas migrantes.

Si bien el acceso a la regularización se ha simplificado a partir de la sanción de la ley de migraciones del año 2004 (Ley de Migraciones N° 25.871); el camino que deben transitar muchas mujeres (y también los varones) migrantes para obtener el DNI y las residencias temporarias y permanentes no deja de ser engorroso. Pero además, el hecho de poseer la documentación no garantiza la formalidad laboral, justamente por la tradición de informalidad e invisibilidad que caracteriza a las actividades que comprende el empleo doméstico remunerado.

En los últimos años, sin embargo, se advierte una mayor politización de las empleadas domésticas migrantes canalizadas a través de organizaciones de migrantes, como AMUMRA (Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina), y también de los sindicatos que nuclean a las trabajadoras domésticas en distintas ciudades del país. En el caso de Córdoba, por ejemplo, si hasta bien entrada la década pasada prácticamente no había mujeres migrantes sindicalizadas en el Sindicato del Personal de Casas de Familia (SIN.PE.CAF.), en la actualidad es posible reconocer un número significativo de mujeres migrantes que comparten experiencias de sindicalización y asumen un rol más activo y visible dentro de la institución. Mucho ha tenido que ver con esto el proceso de discusión del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley N° 26.844) de abril del año 2013, que busca regular el empleo doméstico remunerado,  el cual contó con la participación de organizaciones sociales (como AMUMRA) y de los sindicatos de todo el país (entre ellos el SIN.PE.CAF)[1]. Uno de sus principales propósitos fue la “regularización” de las trabajadoras domésticas que se encontraban en condición de informalidad. Bajo la consigna de que las trabajadoras domésticas tienen derechos, cada vez son más las mujeres migrantes que participan activamente en las jornadas y actividades de difusión y campañas de información para la formalización de la situación laboral y para la regularización de la condición migratoria de otras mujeres migrantes que ejercen esta tarea.

Si bien la condición de regularidad migratoria no actúa directamente en la formalidad/informalidad laboral, y la formalidad laboral no implica necesariamente una transformación radical de las condiciones de vida de muchas empleadas domésticas, tanto la propia como la familiar; la tradicional invisibilidad del empleo doméstico ha comenzado a ser disputada a partir de su reconocimiento como trabajo y de quienes lo realizan como trabajadoras y sujetos de derecho. Esto puede ser el inicio de un cambio cualitativo en el modo en que es pensada y configurada en términos sociales, políticos e ideológicos  una inserción laboral que fue constituida históricamente como “no trabajo” y que ocupó –y aún ocupa– las bases más invisibles y precarias del mundo del trabajo.

[1] En su dimensión política e ideológica, el trabajo doméstico en Argentina no ha sido incluido en la normativa laboral común reunida en la Ley de Contrato de Trabajo (ley N° 20.744/1976), sino que ha estado regulado por un estatuto especial, el decreto-ley N° 326, sancionado en 1956 en un contexto de dictadura militar (Lerussi 2011). Fue recién en marzo de 2013 cuando se discutió y sancionó una ley que regula el trabajo doméstico (ley N° 26.844/2013: Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares).