Piden la intervención de la Corte Suprema por "la grave situación" en institutos de menores

La muerte de Diego Borjas, el adolescente fallecido el martes luego de prenderse fuego en una celda de aislamiento en el instituto Luis Agote, fue el detonador que hizo que diferentes organizaciones e instituciones públicas pidieran a la Corte Suprema de Justicia su intervención ante la "grave situación" que viven los detenidos en los Institutos de Menores. En la conferencia participaron el CELS, la Procuración Penitenciaria Nacional y otros organismos.

"Es un hecho de una gravedad extrema que deberá ser investigado en forma rápida y de manera exhaustiva para sancionar a los funcionarios responsables", aseguraron. "Lo que nos interesa enfatizar es que estos hechos deben prevenirse en vez de lamentarse, y no existe medida más efectiva para prevenir torturas y malos tratos que garantizar que organismos independientes controlen periódicamente y sin restricciones las condiciones de detención en esos lugares”, dijo el procurador

También participó en la conferencia Laura Musa por la Fundación Sur: “(acompañamos) No solo en el plano de la acción judicial sino también en una lucha muy seria porque queda en el mundo de la oscuridad la cuestión de los jóvenes privados de la libertad”. Por su parte, Eva Asprella, representando al CELS, aseveró: “Que se implemente ya el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura para que se ponga en práctica y también que se abran las puertas de estos centros para el ingreso de la sociedad civil y los organismos públicos”. En este sentido se expresó Leah Tandeter, quien representó a Amnistía Internacional Argentina: "no solo hay que abrir las puertas sino que también es necesario elaborar información y estadísticas ya que es muy grave que no se sepa cuantos son los niños detenidos en estos lugares".

La PPN solicitará mañana la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le ordene a la Secretaría de la Niñez, "con la mayor celeridad posible", que cese con sus maniobras de obstaculización de las tareas de control que la PPN debe realizar en cumplimiento de las obligaciones que surgen del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y las leyes locales que lo reglamentan.

Asimismo la PPN anunció que se presentará como querellante en la causa en la que se investiga la muerte de Diego Borjas.