¿Qué son las consejerías para embarazos no planificados?

Por Rocío Cereijo

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley presentado por la senadora Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, que prevé la creación de Consejerías para embarazos no deseados en el marco del programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. En diálogo con la AGENCIA PACO URONDO, Macha habló de la norma que espera ser aprobada por la Cámara de Diputados provincial en el camino por la legalización del aborto.

APU: ¿En qué consisten las Consejerías para embarazos no planificados previstas en el proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en la provincia de Buenos Aires?

Mónica Macha: En general, los espacios de salud ya cuentan con espacios de cuidados para las mujeres, que están encuadrados en lo que sería salud sexual y procreación responsable. A nosotros nos importaba, en ese sentido agregarle como uno de los ejes de trabajo las Consejerías, que tienen que ver con la intención de reducir riesgos y daños en embarazos no planificados. O sea, por un lado, poder acompañar a las mujeres cuando su situación cuadra en lo que sería el protocolo de aborto no punible: asesorarla en esta instancia. Y por otro, cuando no cuadran en este tipo de situaciones, poder darle la información que los equipos de salud, a esta altura, tienen a mano. Básicamente nos basamos en el derecho a la comunicación y a la información; y en que esa información, dada desde los equipos de salud con su debida contención, permite que la mujer que ha tomado determinada decisión pueda transitarlo de un modo más cuidado y más seguro. Aún en un contexto donde todavía no es una práctica legal. Entonces, implica buscar, dentro de las posibilidades, alguna estrategia que permita acompañar a las muejeres en esa situación.

APU: Si bien no es una práctica legal, se realiza de todos modos y mueren miles de mujeres cada año.

Claro. Por eso, la discusión está vinculada a las políticas sanitarias. Tiene que ver con una dimensión de prácticas social y cultural que tiene muchas aristas para analizarla. Pero, para nosotros hoy, la más importante y estratégica es pensarlo desde la dimensión sanitaria y la necesidad de dar una respuesta desde la salud pública del Estado a una situación que, como decís, se cobra vidas de mujeres todos los años. Ni siquiera tenemos estadísticas muy certeras, porque todos los números a los que llegamos son aproximaciones. Así y todo, estamos hablando de entre 480.000 y 520.000 abortos por año en todo el país Entonces, es una práctica sumamente extendida, donde las mujeres terminan resolviendo la situación, en general, con recursos muy limitados a la hora de poder tener esta definición. La discusión de fondo y la más importante es que, verdaderamente desde nuestra posición, el aborto sea una práctica legal. Mientras eso no suceda, vemos que podemos hacer, desde el espacio sanitario, para acotar el riesgo y el daño que cada mujer padece cuando se enfrenta a esta situación.

APU: ¿Qué pasos hay que seguir para ir por una ley que legalice el derecho al aborto a nivel nacional?

Creo que es una discusión que año a año va generando más consenso. No quiero decir que no puede haber retrocesos. Pero, en esto años, lo que se ve es que más legisladoras y legisladores están en esta línea de acompañar un proyecto que permita la legalización. Entonces, en esta idea de ir creando un bloque que permita, finalmente, lograr la sanción de esta ley. Después hay una cuestión que tiene que ver con la discusión en otros ámbitos. Lo cierto es que también es un debate que incluye asesores políticos de otros ámbitos y un debate social fundamental. Me parece que es una cuestión pendiente y que, por eso, tenemos que seguir discutiéndolo. Por ello seguimos construyendo acuerdos y articulaciones entre distintos ámbitos sociales, políticos y religiosos, inclusive. Están, por ejemplo, las compañeras del espacio de Católicas por el Derecho a Decidir, que también están acompañando y formando parte de esta pelea.

APU: ¿La Iglesia Católica continúa siendo una de las instituciones con más recelo a este derecho?

Sí, la nombro porque pareciera ser que tiene mucha influencia en esta definición. Por eso digo que, a la hora de pensar por qué es tan difícil, seguro que se lo puede tomar y analizar desde distintas dimensiones sociales y culturales. Lo más importante hoy es pensarlo desde lo sanitario; porque la salud pública, que está sostenida por el Estado, es una política que iguala condiciones. Mientras esto no se lleve adelante, las mujeres de los sectores populares que no tienen los medios económicos para poder llevar adelante una práctica como el aborto de manera segura, pueden terminar, por ejemplo, con infecciones que las imposibiliten a tener hijos en otro momento o, en el peor de los casos hasta perder la vida. La clandestinidad es algo que atraviesa a todas las mujeres, eso no tiene distinción; pero los recursos, en cuestiones relacionadas con lo sanitario, ahí se ponen de manifiesto las diferencias de clase. Para nosotros que creemos en un Estado fuerte y garante de derechos y que genere justicia social, también en ese sentido es una deuda pendiente.

APU: Mencionó que está previsto que las Consejerías intervengan en los casos de abortos no punibles. ¿Esta intervención sería en términos legales, aunque se trate de casos que no debería judicializarse?

Lo que a nosotros nos interesa es que la mujer sepa que si la situación cuadra en un aborto no punible, tienen que hacerle la práctica en el hospital sin más dilaciones, ni preguntas, ni intenciones de convencerla en otro sentido. No tienen que llegar a una instancia judicial, justamente, porque es no punible. Con una declaración jurada de la situación alcanza y basta. Entonces, no hay necesidad de judicializar esos casos y es importante que las mujeres lo sepan. Porque, si van a un hospital público y el o la profesional que la atiende le dice que tiene que pedirle autorización al juez, dilata los tiempos y, justamente, al ser no punible, no hace falta que el juez diga nada. Si se trata de casos de violación o que ponen en riesgo la salud, ya están dentro de este tipo de prácticas, con un protocolo que las protege. Por eso es importante que cada mujer sepa cuáles son sus derechos y cuáles son las cosas que puede demandar.

APU: Con respecto al Misoprostol: ¿qué se puede hacer para que las farmacias no se aprovechen y vendan  esta droga al precio que debería estar?

Ese es un tema complicado, porque las farmacias especulan con que es difícil de conseguir. Si la práctica estuviese legalizada, ese tipo de situaciones se perderían; esa especulación de algunos sectores de lucrar con esto. Mientras todo sea de este modo, es más difícil de regular, porque va por un lugar paralelo, porque va por un lugar más complejo; ahí tenemos una dificultad muy importante.

APU: Sucede que en muchos casos de embarazos no deseados las mujeres son víctimas de violencia de género: ¿Está previsto también realizar un acompañamiento en este sentido desde las Consejerías?

Totalmente. Cuando hicimos las evaluaciones con las compañeras que están llevando a cabo las Consejerías en Morón, por ejemplo, lo que muchas contaban es que, al ir indagando y al tener ese espacio de escucha con las mujeres, lo que aparecá es que ese embarazo no planificado y no deseado era producto de una situación de violencia sexual en el ámbito de la pareja. Entonces, si nosotros podemos dar cuenta de esa situación, ya entra dentro de lo que es un aborto no punible, y también, lo que pone de manifiesto es algo que está muy acallado: la dimensión de la violencia sexual en el ámbito de las parejas como otra forma de manifestación de la violencia de género. Y si hay otros modos en que la violencia de género se manifiesta con una mujer que está yendo a las Consejerías, la intención es que se pueda acompañarla y articularla con equipos que trabajen especialmente esta temática.