Derechos humanos: para el CELS creció la violencia institucional

Por Rocío Cereijo

La jornada que se llevó a cabo el jueves pasado en la sala Alfonso Reyes, contó con la presencia del presidente del CELS, Horacio Verbitsky, el director ejecutivo, Gastón Chillier, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Vera Jarach, la integrante de Memoria Activa, Diana Malamud y el director de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Víctor Abramovich. La particularidad del encuentro fue la coincidencia del 35 aniversario de existencia del CELS y los 38 años de las rondas de Madres de Plaza de Mayo.

Chillier, encargado de moderar el debate, expresó que este informe es un resumen de los últimos dos años de revisión de estado que analiza los derechos humanos. Uno de los principales temas que se analizan a lo largo de las más de 600 páginas es el de los significativos avances del proceso de memoria verdad y justicia, haciendo hincapié en la participación civil, en la que se destacan miembros del Poder Judicial que actuaron durante la última dictadura. Es importante aclarar el contexto en el cual se inscribe la realización de este informe: la finalización de los tres mandatos kirchneristas, hecho destacado a la hora de realizar un balance por parte de los panelistas.

El primer expositor fue Víctor Abramovich, quien destacó: “El CELS es una de las pocas instituciones a nivel regional que mantiene una constancia y rigurosidad en materia de trabajo en derechos humanos; no sólo a nivel local, sino también regional”. Abramovich realizó, además, un recorrido por los principales puntos que trata este informe e hizo hincapié en las investigaciones referidas a la participación criminal de los miembros del poder judicial en la última dictadura. Con respecto a este punto, destacó que hay más de 70 funcionarios judiciales imputados por delitos de lesa humanidad.

Con respecto a los debates de carácter conservador que cuestionan la legalidad de estos históricos juicios únicos a nivel internacional, Abramovich dijo que se trata de un proceso plenamente respetuoso de las garantías y las reglas ordinarias: “La mejor forma de responder a esas críticas [...] es con datos objetivos que demuestren cuál es el estado de situación”. Algunas de las  cifras referentes a esta temática, que se desarrollan en la presentación, son referentes a que el 55% de los imputados fueron sobreseídos antes de ir a juicio oral, hay 52 personas absueltas por los tribunales encargados de sus juicios, 120 personas desvinculadas por falta de mérito y el uso de los recursos de apelación: en casi todos los casos de condena hay intervención de los máximos Tribunales Penales Federales y se respeta el principio de doble instancia.

Con respecto a la violencia institucional, el CELS reconoció un aumento significativo en la cifra de personas muertas, que asciende a 154. El número es igual al de 2004, donde se mostraba un índice descendente; lo que significa un gran retroceso en este aspecto.  Abramovich enfatizó acerca de la necesidad de profundizar la militancia y organización en los barrios populares, de donde provienen la mayoría de víctimas fatales, con el fin de combatir este tipo de violencia ejercida, principalmente por las fuerzas de seguridad.

La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Vera Jarach, por su parte,  habló de la coherencia en sus ideas, principios y voluntad del CELS. Asimismo, Jarach recordó al ex presidente Néstor Kirchner y dijo que “es importante reconocer para la historia que Argentina en estos años ha trabajado muchísimo por la justicia y los derechos humanos”. También destacó el abordaje sobre las políticas de desarrollo y de acceso justo al hábitat, en donde se profundiza acerca de la megaminería, los agronegocios y derechos de los campesinos e indígenas, el acceso al suelo y a la vivienda urbana, entre otros puntos.

La integrante de Memoria Activa, Diana Malamud, leyó un documento de agradecimiento y reconocimiento en el que se resaltó el rol que tuvo el CELS en los casi 21 años de lucha por el esclarecimiento del atentado a la AMIA. “No hay un sólo preso por esta causa y todavía estamos lejos de la verdad. Lo que sí sabemos es que esto no es una casualidad [...] desde los diferentes poderes del Estado hubo un pacto para encubrir la falta de justicia y cerrar la causa AMIA”. El próximo 6 de agosto está previsto que comience el juicio oral por encubrimiento del ex presidente Carlos Menem, el ex secretario del área de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano,los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, y el ex jefe de la policía metropolitana Jorge "Fino” Palacios.

El cierre de la presentación estuvo a cargo del presidente del CELS, Horacio Verbitsky, quien anunció la incorporación de la perspectiva de género e hizo un recorrido por la historia del CELS y las conquistas en materia de derechos humanos. En referencia a la posibilidad de un cambio de rumbo político, dijo: “Tenemos que ser conscientes de que la regresión no va a ser posible en tanto y en cuanto no decaigamos en esta batalla y recordemos que, si bien lo que se hizo a partir de 2003 fue muy importante, se construyó sobre el terreno abonado previamente. No es que termina el ciclo del kirchnerismo y se acaba todo esto. Esto empezó antes y va a continuar después”.

Debates a partir del ascenso de César Milani

El eje de discusión con el cual comienza el informe hace referencia al control de los ascensos en la institucionalidad democrática; específicamente se analiza la designación en junio de 2013 de César Milani como jefe del Estado Mayor del Ejército y con su ascenso al grado de teniente general (máxima jerarquía de esta fuerza armada).

El primer capítulo comienza con una cita al fundador del CELS, Emilio Mignone, en una nota elaborada para la Comisión de acuerdos del Senado en marzo de 1986. Allí se expresa la responsabilidad política que implica el ascenso de un funcionario público; en donde está implícito o no “un reconocimiento a sus virtudes, un premio por su desempeño y una prueba de confianza administrativa”.

En este informe bianual se exhibe que, si bien “el Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en el hecho de que Milani no estuviera procesado ni hubiera sido impugnado en ocasión de sus anteriores ascensos”; el CELS destaca que no hubo consideración de los elementos expuestos en su impugnación presentada ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Asimismo, consideran contradictorio que desde el Poder Ejecutivo respalden la decisión en función de suponer que las pruebas legítimas para evaluar la idoneidad del cardo se derivaban del accionar judicial.

En esta línea, en el dossier se presenta un resumen de aquellos documentos que vinculan a al jefe del Estado Mayor del Ejército con hechos del terrorismo de Estado. Se mencionan casos como la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo en junio de 1976, mientras Milani se desempeñaba como subteniente en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja y el de la detención de Pedro Olivera y el traslado de su hijo Ramón desde una prisión que funcionaba como centro clandestino de detención en 1977.

Finalmente, en relación con esta temática, también se da cuenta de los avances que han tenido las causas judiciales en donde se investiga el accionar de Milani. Por ejemplo, en el caso de Ledo se incorporó en 2014 “prueba que sostiene la hipótesis de persecución [...] por su militancia en el PRT-ERP y en la Juventud Universitaria de Tuumán”; elementos que desmienten que se trató de una deserción por parte del conscripto.