"La Ley Mordaza y la Reforma del Código Penal pretenden criminalizar a las organizaciones sociales"
Por Enrique de la Calle
APU: ¿Cuál es su visión sobre la llamada Ley Mordaza, que incluye evidentes restricciones a la democracia?
Joan Coscubiela: La Ley Mordaza, junto con la Reforma del Código Penal, pretende criminalizar a las organizaciones sociales, dificultando su movilización. El Gobierno del Partido Popular ha intentado mantener su mayoría absoluta sobre la base de una mayoría silenciosa y al no conseguirlo pretende silenciarla. Y durante esta legislatura se ha aprovechado de su mayoría absoluta para aprobarlas, junto con alguna otra Ley menos conocida pero muy peligrosa en este sentido como la Ley de Seguridad Privada que otorga a empresas de seguridad privada funciones hasta ahora restringidas al Poder público.
Las dos estrategias de dominación social hoy son la colonización de las mentes a través del control de medios de comunicación públicos y privados y la represión de la disidencia.
APU: Podría resumir los puntos más problemáticos de la ley?
JC: Lo más conocido es la conversión en conductas sancionables de hechos que hasta ahora no lo eran y se consideraban ejercicio legítimo de los derechos y libertades fundamentales. Por ejemplo, concentrarse ante las sedes de los Parlamentos, incluso cuando estén sin actividad. O ejercer resistencia pasiva en los procesos de desahucios (desalojos) de vivienda.
Además la Ley Mordaza incluye otras regulaciones que afectan y limitan las libertades fundamentales.
En primer lugar las conductas sancionables están descritas con tanta generalidad que permiten ser usadas con arbitrariedad por el poder , contra el criterio de tipificación clara que exige cualquier régimen sancionatorio
La creación de un registro de personas sancionadas – aspecto que hasta ahora solo es posible en el supuesto de sentencias firmes por delitos- la posibilidad de hacer registros y retenciones preventivos, sin indicios.
La posibilidad de retener – sin las garantías de la detención- hasta seis horas.
La consideración de ciertas y suficiente como prueba de la palabra de los agentes de la autoridad. Ello se produce después de una sentencia del Tribunal Supremo que considera no suficiente como medio de prueba la declaración de la autoridad. La prohibición y sanción de la grabación de los agentes de la autoridad, a pesar de que recientes sentencias de los Tribunales han declarado la legalidad de las grabaciones de los policías.
APU: La oposición pide que se revise su Constitucionalidad. ¿Cree que se tendrá en cuenta ese pedido?
JC: Vamos a intentar por todas las vías jurídicas posibles que los Tribunales declaren la inconstitucionalidad de los aspectos más duros de la Ley Mordaza. Sin descartar que en el caso de no obtener protección de los Tribunales Españoles debamos acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
APU: ¿Piensan desde la oposición tomar medidas para resistir su implementación?
JC: Desde antes de entrar el vigor se ha iniciado un proceso de disidencia y resistencia social a la aplicación de la Ley para intentarla convertir en papel mojado.
En todo caso el mejor camino para que no se aplique es desalojar democráticamente del Gobierno al PP y que una mayoría alternativa derogue estas Leyes.